Green city y Human city

“Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es sólo información, sino también juicio, la manera en que se recoge y maneja la información” (Carl Sagan)

Si Internet es el instrumento clave para el desarrollo de la administración digital y el gobierno abierto, ni que decir tiene que es también absolutamente fundamental en los proyectos de Smart City. Los servicios inteligentes se basan en la sensorización de los bienes y los espacios públicos, en el llamado “Internet de las cosas”, en la conexión, por ejemplo, de los dispositivos móviles de los usuarios con el mapa de plazas de aparcamiento disponibles, o bien, si no hay más remedio que utilizar la ORA, que al menos el sistema permita el pago telemático de exactamente los mismos minutos que dura el estacionamiento (excluyendo las fracciones de tiempo superiores). Quizá usted no tenga conexión a Internet en el móvil, o quizá sí pero le consuma muchos datos o le avance a velocidad de caracol. No importa, puede utilizar el transporte público y conectarse a la red WiFi del autobús, otra “zona” en la que debería ser grautito además de en la “Plaza Mayor” o en el “Parque Central”. Puede que en su trayecto de dos paradas le dé tiempo de presentar una solicitud de licencia de obras o de apuntarse a bailes de salón. La administración electrónica, la participación 2.0 y los servicios inteligentes no son sino las tres patas de un mismo taburete. La madera del taburete son los datos y la interoperabilidad.

Mucho se habla de licitación electrónica, pero dice la Ley de contratos que las fases de un contrato son preparación, licitación-adjudicación, efectos o ejecución y extinción (por cumplimiento o resolución). Cabe dimensionar adecuadamente el concepto “contratación electrónica”. La administración digital debe tener en formato electrónico todo el ciclo integral, la vida de un contrato (es decir, que sean electrónicas todas sus fases), y en el momento de hacerlo habrá recorrido dos tercios de la distancia que separa una administración electrónica de una administración inteligente (Smart City, si esa administración es una ciudad).

Imagen del pasado Congreso de ciudades inteligentes de Madrid. De izquierda a derecha J.M. Bornás, Federico Olavarri, Mª Teresa Fernández, Víctor Almonacid, Luis Cueto y Cuca Gamarra. Modera: Inés Leal.
Imagen del pasado Congreso de ciudades inteligentes de Madrid. De izquierda a derecha J.M. Bornás, Federico Olavarri, Mª Teresa Fernández, Víctor Almonacid, Luis Cueto y Cuca Gamarra. Modera: Inés Leal.

En efecto, pocas cosas hay más importantes para la administración actual que implantar de una vez la licitación electrónica (legalidad, transparencia y eficiencia están en juego)… Pero tras la adjudicación, una administración electrónica debe propiciar la continuación también electrónica de las restantes fases de la vida del contrato, lo cual nos llevaría a formalizar electrónicamente el documento contractual –el momento de la perfección y eficacia del contrato es el de la firma de la última persona que deba rubricar-; pasando por la fase de ejecución del contrato, especialmente pensando en los servicios públicos, en la que las relaciones y comunicaciones de información recíprocas entre la administración y el ya contratista se realizan por medios electrónicos –las de datos son automáticas, las de texto son convenientes-, al tiempo que se facilita la correcta y eficiente ejecución (y control) del contrato mediante las llamadas plataformas de ciudad; y por supuesto la fase de pago, ya que, finalmente, concluida la obra, el servicio, el suministro o la prestación de que se trate a satisfacción del órgano contratante, se procederá a la formalización de este último trámite mediante la expedición de la factura electrónica acreditativa del pago realizado. Con ello se cierra el círculo. La administración digital o es total o no es. Mas cuando la administración es digital el servicio público, su producto, también lo es.

Y es que la contratación electrónica, en la mayor amplitud del concepto, no puede terminar en la fase de tramitación del expediente. Es sin duda esta primera fase –que a su vez agrupa dos: preparación y adjudicación (o si se quiere: tramitación y licitación electrónica)- la que se identifica más directamente con la administración electrónica mientras que la fase subsiguiente, la de ejecución del contrato adjudicado y firmado, se adentra claramente en el terreno del servicio público, el cual, si se presta también de forma eficiente, experimenta una gran mejora en cuanto a calidad y rentabilidad. Desde este punto de vista la contratación electrónica consistiría en el establecimiento de plataformas basadas en sistemas automáticos de información o monitorización del servicio, de forma que siguiendo el análisis extraído de dicha información ello permita replantear el propio servicio a fin de mejorarlo. Quizá no deba pasar el autobús a las 5 de la mañana, porque el coste es muy superior al número de usuarios, pero en determinadas épocas del año son precisos servicios especiales. Asimismo, quizá podamos prescindir también de la recogida de contenedores del domingo por la tarde, porque el lunes a las 5 de la mañana están más llenos y la recogida causa menos molestias porque los camiones no coinciden con los coches, ni siquiera con los autobuses porque acabamos de decidir que el servicio “arranque” a las 6 A.M (es importante este nivel de coordinación entre los servicios). Pero para tomar todas estas decisiones necesitamos los datos del servicio. Se procurará que las empresas concesionarias incorporen las últimas TIC, como los sensores o localizadores inalámbricos, así como otras medidas que fomenten la economía y el medio ambiente. Las mismas contratistas serán las que vuelquen los datos del servicio en la plataforma, si bien lo ideal es que la administración los obtenga directa y automáticamente a través de los centros de control. Cuando todo es electrónico estos datos van y vienen, y por supuesto se utilizan para tomar decisiones orientadas a mejorar el servicio en términos de calidad y eficiencia. A esto le llamamos Smart City.

Smart City tiene una traducción literal que es “ciudad inteligente”, pero podría ser cualquier administración inteligente. Piénsese que la inmensa mayoría de los municipios españoles no pueden considerarse ciudades y también pueden gestionarse, evidentemente, de manera inteligente. Stricto sensu el concepto hace referencia a un proyecto de ciudad, basado en la tecnología sostenible, que abarca diversas políticas públicas. Un elemento importante es desde luego el tecnológico, por ejemplo a través de la sensorización de los espacios públicos a fin de mejorar los servicios (¿hay plazas libres de aparcamiento? ¿cuántas veces debe pasar el camión de la basura? ¿cuánto falta para que pase el autobús?…), pero también abarca como decimos otras políticas como el medio ambiente, la promoción económica, la seguridad ciudadana o el deporte. No se trata por tanto de incorporar la tecnología de forma caprichosa, sino de mejorar los servicios públicos, pensando en el presente, pero sobre todo de orientarlos hacia el futuro. Por eso el deporte, sobre todo al aire libre, y la juventud son dos focos esenciales en este tipo de proyectos. Como vemos, en la idea de Smart City encajan de forma natural conceptos ya explicados como “gestión inteligente”, “contratación electrónica”, “servicios públicos” y “colaboración público privada”.

Uno de los falsos mitos de los proyectos Smart City es que son caros. Pero no lo son porque muchas subvenciones europeas tienen por objeto financiarlos, y en todo caso uno de sus puntos fuertes es la eficiencia, por lo que se amortizan enseguida; por ejemplo: la sustitución del viejo alumbrado público por ledes, dentro de un proyecto de eficiencia energética). Por otra parte estos proyectos juegan o pueden jugar un papel muy importante en la superación de la crisis, habida cuenta de que una de aquellas políticas públicas es la promoción económica. Se fomenta la participación de las PYMES y los emprendedores en la contratación pública y en la economía local. Precisamente estos emprendedores y estas nuevas empresas tienen un perfil digamos “joven”, esencialmente tecnológico, por lo que la tecnología en este caso puede ser el medio y el fin: una ciudad inteligente perfecta se autoabastece con pequeñas empresas locales. Se trata de cambiar el tejido econónico-empresarial local de modo que, dicho sea con todo el respeto: los nuevos empresarios, muchos de ellos autónomos, se decanten más por actividades y servicios prestados on line, aunque no fueran de carácter tecnológico, que por la apertura de bares y peluquerías, dicho sea con todo el respeto. Se trata de fomentar los negocios y actividades con mejores perspectivas de futuro.

En todo caso, la moderna gestión de una ciudad debe apoyarse necesariamente en un Plan estratégico. Este Plan debería tener en cuenta, a nivel interno, la organización y el funcionamiento (electrónico) de la entidad; y a nivel externo, el servicio público y su impacto en la ciudadanía, con la que en todo caso se debe empatizar. Estos planes deben ser o al menos tener en cuenta la perspectiva Smart City, debiendo desarrollar el aspecto tecnológico y de las telecomunicaciones (sensorización, plataformas, big data, open data…), así como el fomento de determinadas políticas públicas que resuelvan los problemas de los ciudadanos (servicios de mediación) y mejoren su calidad de vida (medio ambiente, salud, deporte, y por supuesto protección de los colectivos más desfavorecidos). Es por ello que nos encontramos en una evolución, dentro de la tendencia Smart City, que responde más a otras expresiones como Green City, Human City o Social City.

El cambio climático es algo más que un simple “cambio”. El último verano ha vuelto a ser el más caluroso de la Historia. Así las cosas, mientras todavía nos peleamos por un trozo de tierra, resulta que a medio plazo es posible que no haya Tierra por la que pelear. Pero la política actual va por un lado y los problemas reales de la Humanidad por otro totalmente distinto. Es cierto que no solo es importante el medio ambiente, sino, incluso más a corto plazo, la economía y el empleo, pero el nivel de gobierno adecuado para enfrentar estos problemas no es el Estatal, sino el mundial y el municipal a partes iguales (y complementarias). En unas pocas décadas la mayor parte de la población mundial residirá en las grandes ciudades. Hay personas que opinan, con parte de razón, que el término Smart City tiene un alto componente de marketing político, pero si vamos a su esencia, es una realidad y una necesidad que viviremos en ciudades basadas en los pilares fundamentales de este tipo de gestión de la ciudad: Gobierno abierto (Open Government); incorporación de las TIC a los procesos internos (eGovernment eProcurement); incorporación de las TIC a los servicios públicos (Smart City); promoción económica de las PYMEs y los emprendedores pertenecientes al tejido empresarial y social de la localidad; y medio ambiente (Green City).

El concepto Smart City es universal. Interesa mucho en Latinoamérica, continente muy importante para el municipalismo mundial, pues parte de situaciones políticas extremas, digamos “de muy abajo” y, sin nuestra crisis, aborda sin complejos un salto de calidad hacia lo tecnológico y lo legal que a lo mejor en España, partiendo de una situación “solo regular” y no mala, está lleno de complejos. Y desde luego interesa en China, ese gigante que un día será aún más colosal, agrupando primero a dos de cada tres, y más adelante a tres de cada cuatro de todas las ciudades del mundo de población superior a un millón. Además, la población de muchas de ellas superará los cinco millones de habitantes. Esas ciudades deben ser inteligentes, o no subsistirán.

También es un concepto muy europeo. Quien suscribe estuvo presente en los Open Days del Comité de las Regiones y puedo dar cuenta de que allí quedó claro y demostrado que las políticas públicas de la Estrategia 2020 van en la línea de la tecnología, el medio ambiente y la reactivación de nuevos sectores económicos (en ocasiones volviendo a los antiguos, como las zonas rurales).

Hemos mencionado las zonas rurales. La calidad en la gestión y en el servicio público no puede ser monopolio de las grandes ciudades. No hay una relación causa efecto entre población, recursos y buen funcionamiento. Tener mucho dinero no asegura la excelencia. Quizá sí asegura la eficacia, pero no eficiencia. Seamos pues administración inteligente, en todo caso, y además puede que Smart City.

En todo caso debemos admitir que el avance de los tiempos nos encamina hacia un futuro a corto plazo en el que las ciudades cobrarán cada vez más importancia. El aumento de la esperanza de vida nos obliga a tener muy en cuenta los servicios de seguridad y sanidad, instrumentados evidentemente a través de las TIC. Todo ello sin descuido de la necesaria protección de datos y de la intimidad.

En este “mundo de mayores”, los niños serán nuestro bien más preciado y es por ello que se deberán desarrollar políticas públicas específicas para los más jóvenes, basadas sobre todo en el deporte, el desarrollo de valores para una vida saludable y la tecnología sostenible. Las personas son tan importantes en la moderna Smart City que sería legítimo rebautizar el término como Human City. Nuevamente, la protección del medio ambiente se erige en un pilar fundamental para asegurar el futuro de las personas, para lo cual las telecomunicaciones también aparecen como un importante medio. Las políticas públicas deben pivotar sobre la persona, haciendo bueno el moderno antroprocentrismo que defendíamos ut supra. En consecuencia, todas estas políticas deben ser participativas e involucrar, tanto en su definición con en su destino, a todos los actores públicos y por supuesto a todas las personas, pero poniendo si cabe más el acento en quienes más lo necesitan: los niños y los mayores. Por último, la eliminación de la aludida brecha digital sigue siendo un reto para los poderes públicos que, no obstante, debemos abordar. Abandonemos por tanto de debates sobre servicios propios e “impropios”. Estos son los nuevos servicios públicos locales, los que los Ayuntamientos deben prestar y que el resto de administradores deben financiar.

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