Directivas Europeas de Contratación Pública y borrador de la nueva Ley de Contratos

A continuación reproduzco mi intervención en la ponencia “Directivas Europeas de Contratación Pública. Borrador nueva Ley de Contratos”, pronunciada dentro de la Jornada sobre “Novedades Legales 2016”.

1. Régimen jurídico de la contratación pública en España.

Las Directivas 23 (concesiones), 24 (contratación) y 25 (sectores excluidos) no han sido transpuestas al ordenamiento jurídico interno, lo cual crea una situación de gran inseguridad jurídica en un sector que precisamente es el más importante de la actividad pública desde el punto de vista económico. En este contexto recuperan protagonismo principios ya clásicos del Derecho europeo, como el de Primacía del mismo o, sobre todo, el de Efecto directo. Sobre este último la doctrina de las Juntas Consultivas (JCCA, Junta de Aragón, Junta de Catalunya), y también otras instancias como los TACP, se han puesto de acuerdo en que una buena parte de los preceptos de las Directivas se encuentran en vigor desde 18 de abril de este año a pesar de la no transposición. Los requisitos son la claridad de la disposición y que no esté sujeta a excepciones o condiciones. Estas Resoluciones o Dictámenes de “Derecho blando” aportan una relativa seguridad jurídica, bien completada (y reforzada) en Catalunya, por el Decreto Ley 3/2016 (se agradece que sea una norma con rango de Ley), y por los Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales (cuya naturaleza es, como sabemos, reglamentaria), que puedan aprobar las diferentes AAPP (lo recomendamos en Ayuntamientos), así como las Instrucciones de contratación de otros poderes adjudicadores.

Otra cuestión jurídica interesante, es la llamada pretransposición, pues efectivamente algunas disposiciones de las Directivas ya están incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico. Especialmente por la Ley de Régimen Jurídico, que incorpora o modifica artículos sobre prohibiciones de contratar, criterios de adjudicación, y sobre todo concesiones. Se creo la Oficina Nacional de Evaluación de Concesiones, cuya Orden Ministerial se encuentra en fase de proyecto.

Por último en este apartado, conviene subrayar la incidencia de la Ley de procedimiento en la licitación pública electrónica, que de alguna manera adelanta el plazo de último trimestre de 2018 al 2 de octubre de 2016, en tanto en cuanto en dicha fecha el procedimiento es íntegramente electrónico (al fin y al cabo el de contratación es un procedimiento más), y además la ley impone a las personas jurídicas relacionarse con la Administración por medios electrónicos.

2.- Novedades de la Directiva de contratación pública y del Anteproyecto de la LCSP.

2.1. Tipos de contratos.

Se amplían los contratos SARA a los contratos de servicios. Se eliminan los contratos CPP (colaboración público privada), si bien paradójicamente Europa apoya y fomenta la colaboración público privada más que nunca. Se unifican todos los contratos de concesión, si bien se mantiene la diferencia objetiva entre concesión de obras y concesión de servicios.

2.2. Cuestiones formales.

En cuanto a los procedimientos, el abierto se considera el “normal”, abogando la Directiva por el abierto simplificado. El restringido y el negociado se mantienen, pero vayan olvidándose de no dar publicidad. El diálogo competitivo se mantiene, no estando ya acotado a contratos complejos, pero sobre todo la gran novedad es la Asociación para la innovación, que por cierto ya está en vigor desde 18 de abril, por el efecto directo.

Por lo demás, el procedimiento se simplifica. Adquieren un gran protagonismo la Declaración responsable y el DEUC. Se permite la acreditación de la solvencia por medios externos. Los anuncios en el DOUE son electrónicos, con reducción de plazos. Las comunicaciones son electrónicas, así como la puesta a disposición de los pliegos. Se reactiva el trámite de la subasta electrónica, mantienen su peso los sistemas dinámicos de adquisición, y los catálogos electrónicos entran en vigor también desde 18 de abril.

Un instante del pasado #CNCE16. En la foto la mesa compuesta por César Herrero, Javier Biosca, Nacho Martínez Vila y Lorenzo Pérez Sarrión, moderados por un servidor

Un instante del pasado #CNCE16. En la foto la mesa compuesta por César Herrero, Javier Biosca, Nacho Martínez Vila y Lorenzo Pérez Sarrión, moderados por un servidor

2.3. Criterios de adjudicación.

Se tienen en cuenta los criterios sociales, medioambientales y laborales. Se aboga por la adjudicación a la oferta que presente una mejora relación calidad/precio, huyendo de consideraciones estrictamente económicas.

3. Especial referencia a algunas novedades legales.

3.1 Asociación para la innovación y compra pública innovadora.

3.2. DEUC.

Realmente se regula en el Reglamento de 5 de enero de 2016, interpretado por la Recomendación de la JCCA de abril. Se trata de un formulario electrónico estándar que sustituye la Declaración responsable.

3.3 Cumplimiento de las obligaciones sobre transparencia y remisión de información.

Además de la nueva normativa sobre contratos debemos cumplir otras normas que inciden sobre los mismos. Poniendo al Ayuntamiento de Alzira como ejemplo, lo primero que hicimos es redefinir, a la baja, el umbral del contrato menor. Por debajo de estos umbrales el contrato se considera un simple gasto, pero igualmente se documenta por medios electrónicos, en cumplimiento de la normativa sobre transparencia y para la fiscalización del gasto. Por encima del umbral se tramitan obligatoriamente por la plataforma de licitación electrónica. En ambos casos se registran en el Registro de contratos del Ayuntamiento, y se publican en el Portal de transparencia. Asimismo, por el deber de remisión, se envían a la Plataforma de Licitación del Sector Público, al Registro de contratos del Estado, y al Tribunal de Cuentas, así como a los órganos equivalentes autonómicos.

3.4. Centrales de compras.

Se define como un poder adjudicador que realiza compras centralizadas y en ocasiones compras auxiliares. Se trata de una competencia de la Diputación Provincial reforzada como tal desde la STCO de junio de 2016.

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Publicado el julio 2, 2016 en Administración electrónica, Ayuntamientos, Contratación electrónica, CPP. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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