Segunda Sentencia del TC sobre la LRSAL

Nos llega recién salida del horno la segunda Sentencia del TC sobre la LRSAL, cómo no, declarando de nuevo su inconstitucionalidad parcial. En su fallo de 9 de junio el Tribunal Constitucional ha decidido estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad y en consecuencia:

1º Declarar extinguida, por pérdida sobrevenida de objeto, la impugnación del art. 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en la redacción dada por el art. 1.17 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local), y de las disposiciones adicional 11ª y transitorias 1ª, 2ª y 3ª, así como del inciso “Decreto del órgano de gobierno de” incluido en la disposición transitoria 4ª.3, siempre de la Ley 27/2013. 

Pleno del Ayuntamiento de Madrid
En la foto el elegante salón de plenos antiguo del Ayuntamiento de Madrid. Su Junta de Gobierno ya no podrá aprobar el presupuesto, sólo (precisamente) el Pleno.

2º Declarar inconstitucionales y nulos:

a) los siguientes incisos del art. 26.2 de la Ley 7/1985, en la redacción dada por el art. 1.9 de la Ley 27/2013: “al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas” y “Para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera.”.

b) La disposición adicional 16ª de la Ley 7/ 1985, introducida por el art. 1.38 de la Ley 27/2013, con los efectos señalados en el fundamento jurídico 8 f) de esta Sentencia.

En consecuencia, ya no podrá aprobarse por parte de la Junta de Gobierno Local, cuando el Pleno de la Corporación Local no alcanzara, en una primera votación, la mayoría necesaria: el presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, siempre que previamente exista un presupuesto prorrogado; los planes económico-financieros, los planes de reequilibrio y los planes de ajuste a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril; los planes de saneamiento de la Corporación Local o los planes de reducción de deudas; y la entrada de la Corporación Local en los mecanismos extraordinarios de financiación.

c) el inciso “El Consejo de Gobierno de” incluido en el segundo párrafo, in fine, del art. 97 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en la redacción dada por la disposición final 1ª de la Ley 27/2013.

3º Declarar que los arts. 36.1. g) y 36.2 a), segundo párrafo, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción introducida por el art. 1.13 de la Ley 27/2013, no son inconstitucionales interpretados en los términos de los fundamentos jurídicos 11 y 12 c), respectivamente, de esta Sentencia.

En consecuencia, le sigue correspondiendo a las Diputaciones, Consejos, Cabildos y CCAA uniprovinciales “La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes”.

4° Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás.

ANEXOS

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de junio de 2016 resuelve el recurso de la Junta de Andalucía contra la LRSAL y afirma la constitucionalidad de la atribución a las Diputaciones de las competencias en materia de Administración electrónica (FJ 11).

Para ello analiza la letra g) del art. 36. 1 LBRL (en la redacción dada por el art. 1.13 LRSAL), conforme a la que corresponde a la diputación provincial, como competencia propia, “la prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes”.

El TC dice que la previsión impugnada en modo alguno transfiere en bloque a la diputación provincial toda la prestación de servicios de administración electrónica y de la contratación de municipios de menos de 20.000 habitantes; una traslación semejante, general e indiscriminada, ni la pretende el legislador ni resultaría compatible con la potestad de autoorganización inherente a la autonomía constitucionalmente garantizada a todos los municipios (art. 137 CE), también a los de menores dimensiones. En realidad, el art. 36.1, letra g), LBRL, se ha limitado a incluir atribuciones nuevas que especifican la más general de “asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión”, que estaba -y sigue- estando prevista como base del régimen local [art. 36. 1, letra b), LBRL]. Hay que tener en cuenta, además, que el art. 31.2.a) LBRL dispone como fines propios y específicos de las diputaciones provinciales los de “garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales” y, de modo particular, el de “asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal”. Por ello, lo que pretende el precepto es dar efectividad a la prestación de unos servicios que exigen la aplicación de tecnología informática (en el caso de la administración electrónica) o técnico-jurídica (en el supuesto de la contratación centralizada) que los municipios de pequeña o mediana población (hasta 20.000 habitantes), pueden no estar en condiciones de asumir. En definitiva, se trata de que la diputación provincial cumpla su función institucional más característica prestando apoyo a estos municipios en las tareas que desempeñan relacionadas con la contratación y la llamada administración electrónica. Solo en este sentido, que se desprende naturalmente de interpretación conjunta de los citados artículos de la LBRL, puede entenderse el precepto impugnado.

Añade el TC que hay que tener en cuenta, que el art. 149.1.18 CE autoriza una legislación básica estatal que desarrolle “el apoyo a los Municipios” como “núcleo” de la actividad de la provincia, “en cuanto entidad local determinada por la agrupación de Municipios (art. 141.1 C.E)” con autonomía constitucionalmente garantizada (STC 109/1998, de 21 de mayo, FJ 2). A su vez, las tareas provinciales de cooperación con (o asistencia al) municipio, lejos de vulnerar la autonomía municipal, contribuyen a facilitar su desarrollo efectivo, por lo que no pueden entenderse infringidos los arts. 137 y 140 CE.

Por tanto, procede desestimar la impugnación de la letra g) del art. 36.1 LBRL, en la redacción dada por el art. 1.13 LRSAL, en esta interpretación conforme, que será llevada al fallo.

¿Servirá esta doctrina para que las Diputaciones asuman de manera decidida las competencias en materia de Administración digital de los municipios >20.000 habitantes?

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2 thoughts on “Segunda Sentencia del TC sobre la LRSAL

  1. […] Del mismo modo y para un adecuado análisis de los pronunciamientos sobre la inconstitucionalidad de la reforma local recomiendo la lectura, respecto a la primera de ellas, del artículo de Rafael Jiménez Asensio en su blog “La Mirada Institucional” bajo el título  “La (primera) sentencia del tribunal constitucional sobre la “reforma local” y respecto a la segunda el artículo de Victor Almonacid  “Segunda sentencia del TC sobre la LRSAL“ […]

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