¿Qué norma tiene rango superior: el Tratado Europeo o la Constitución?

Nos ha parecido este un interesante tema de opinión legal en un momento en el que el debate está centrado en la posible salida de los británicos de Europa (el “Brexit”) y el grave problema de los refugiados. Sin embargo un pensamiento largoplacista y lógico sólo puede llevarnos a la conclusión de que Europa se acabará integrando. Esto planteará, a medio plazo, problemas de constitucionalidad, pero no si se redefine el llamado “bloque de constitucionalidad”. Este constituye en definitiva un cuerpo jurídico del más alto rango normativo en el que pretendidamente se debe integrar el Tratado europeo y sus reformas (“Derecho originario”). En este sentido, la mejor definición actual que podemos dar de dicho “bloque”, consiste en enumerar las normas o tipos de normas que, en este momento, lo integran:

– En primer lugar la Constitución Española. No se trata de jerarquizar las relaciones entre la Constitución y el Tratado, ya que rige el principio de competencia, pero también es cierto que necesitamos de una “cláusula habilitante”, de este “control previo de constitucionalidad” que supone el artículo 93 de la Constitución, el cual, valga la referencia a algo obvio, se halla en la propia Constitución. En otras palabras, el “bloque de constitucionalidad” lo constituyen la Constitución y lo que la Constitución da cobertura para que se integre.

– El Tratado Constitutivo, por remisión del aludido art. 93, sin duda forma parte integrante de dicho “bloque”. El Tratado de Roma, en su versión actual, se erige desde luego en un tratado “por los que se atribuy(e) a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución”. Y si el Tratado maneja competencias derivadas de la Constitución participa sin duda de la categoría de “constitucional”.  Por tanto, si el Tratado Constitutivo forma parte del “bloque de constitucionalidad”, cualquier reforma del Tratado “constitucional”, que sustituye al anterior, también lo hace.

Servidor está en la Union des Dirigeants Territoriaux de l'Europe (UDITE), por lo que debe conocer el sistema legal europeo, pero entiendo que cualquier jurista también.
Servidor está en la Union des Dirigeants Territoriaux de l’Europe (UDITE), por lo que debe conocer el sistema legal europeo, pero entiendo que cualquier jurista también.

– Los Estatutos de Autonomía. El artículo 147.1  de la dispone: “Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.”. Estamos, en cierto modo, ante otra “cláusula habilitante”, (por el art. 147, o incluso por otros artículos, como el 146, 151 ó 152) pero muy matizada por la constante referencia de que el Estatuto debe integrarse formal y materialmente en la Constitución:

  • Artículo 147.2: “Los Estatutos de autonomía deberán contener… Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.”
  • Artículo 3: “La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.”

En lo referente a la ratificación de los Tratados, cabe recordar que, en España, se ha optado por la vía parlamentaria. Solo una vez se utilizó el referéndum, con base en el artículo 92 de la Constitución Española cuando establece que “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum de todos los ciudadanos”. La pregunta concreta que se lanzó al pueblo a propósito de la non nata “Constitución europea” fue: “¿Aprueba usted el proyecto del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa?”, pregunta a la que respondimos afirmativamente el 20 de febrero de 2005 a través de las urnas.

No obstante, la única vía que realmente exige la Constitución es la parlamentaria. Ahora bien, habida cuenta de que deben aplicarse los mecanismos previstos en la Constitución Española para la ratificación del Tratado, la pregunta es la siguiente: ¿qué mecanismo es el que procede en este caso? ¿la aprobación de la Ley Orgánica prevista en el art. 93 de la Constitución (instrumento de ratificación ordinario utilizado para los Tratados celebrados); o el procedimiento de revisión constitucional previsto en el art. 168, para el caso de que, en esta integración evolutiva (que, aunque frenada por la crisis, estamos viviendo), la incorporación de algún Tratado precisaría la modificación de artículos incluso del Título Preliminar?

En su Dictamen 2544/2004, de 21 de octubre, el Consejo de Estado viene a decantarse por una teoría intermedia que se basa, por una parte, en que, efectivamente, la prestación del consentimiento del Estado español para obligarse, en aquel momento, en virtud del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa requiere autorización de las Cortes Generales mediante ley orgánica aprobada al amparo del artículo 93 de la Constitución; y no obstante, por otra, en que, con carácter previo a la ratificación, es conveniente que se haga uso de la facultad prevista en el artículo 95.2 de la Constitución para que el Tribunal Constitucional declare si existe o no contradicción entre el Tratado y la propia Constitución española. Vaticino que algún día esa contradicción se producirá. Y es que, aun reconociendo la cobertura jurídica suficiente del art. 93, el Consejo interpretó que el entonces “nuevo Tratado constitucional” no era exactamente “uno más”, y sí presentaba peculiaridades notables que justificarían, al menos, una declaración del Tribunal constitucional, de acuerdo con el art. 95, sobre la constitucionalidad del Tratado (recordemos que la aprobación del de Maastricht requirió la reforma del art. 13).

Finalmente cabe apuntar que el Consejo de Estado juzgó conveniente, en algún momento, la reforma de la Constitución para adaptar su texto al actual contexto europeo, ya que realmente debería mencionarse expresamente en la Constitución la existencia y posición jurídica de un Tratado Constitucional Europeo, además de una probable modificación del art. 93, para seguir dando cobertura a futuras modificaciones del Tratado sin necesidad de cuestionar su constitucionalidad en cada caso.

Mi opinión personal es que se impondrá el clásico principio de primacía del Derecho Europeo dentro de su ámbito material, de manera que es lógico pensar que a medida que crezca dicho ámbito material, el Tratado chocará o podrá chocar con la Constitución española, incluso con los postulados básicos que definen los pilares del Estado español. No pasa nada, Muse ya compuso un fantástico tema a los “Estados Unidos de Eurasia”:

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