Publicidad y acceso a la información en la nueva Ley de Contratos del Sector Público

A continuación se reproducen las consideraciones del Consejo de Estado en su Dictamen sobre el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, en relación al artículo 337 de dicho anteproyecto, que regula la “Publicidad”. Compartimos dichas reflexiones en voz alta por considerarlas de interés:

La redacción propuesta para el primer párrafo del artículo 337 del anteproyecto (“Publicidad”) sigue la línea de lo dispuesto en el artículo 331 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, según el cual el Registro será público para todos los que tengan interés legítimo en conocer su contenido y el acceso al mismo se regirá por lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en las normas que desarrollen o complementen este precepto. La exigencia de un interés legítimo tenía sentido en la medida en que el apartado 3 del artículo 37 de la Ley 30/1992, al regular el derecho de acceso a archivos y registros, establecía en su redacción inicial que “el acceso a los documentos de carácter nominativo que sin incluir otros datos pertenecientes a la intimidad de las personas figuren en los procedimientos de aplicación del derecho, salvo los de carácter sancionador o disciplinario, y que, en consideración a su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, podrá ser ejercido, además de por sus titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo y directo”.

El acceso a la información en un procedimiento contractual debe ser conforme a la Ley de transparencia... ¿la no contestación produce por tanto efectos de silencio negativo?
El acceso a la información en un procedimiento contractual debe ser conforme a la Ley de transparencia… ¿la no contestación produce por tanto efectos de silencio negativo?

El mencionado artículo 37, sin embargo, fue reformado por la Ley 19/2013 y, en la redacción vigente hasta la aprobación de la Ley 39/2015, se limitaba a señalar que “los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas en la Constitución, en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de aplicación”. Por su parte, el artículo 13 de la Ley 39/2015 incluye en su letra d) el derecho “al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico”.

La Ley 19/2013 dedica el capítulo III de su título I a regular el derecho de acceso a la información pública; y lo hace en términos muy amplios y sin exigir que los terceros acrediten un interés legítimo y directo. En particular, su artículo 17.3 establece que “el solicitante no está obligado a motivar su – 277 – solicitud de acceso a la información” y que “la ausencia de motivación no será por sí sola causa de rechazo de la solicitud”.

En este marco normativo, el texto proyectado opta por mantener la exigencia de un interés legítimo, introduce la remisión a la Ley 19/2013 y, posiblemente para adecuar su contenido a las previsiones de esta última ley, añade en su segundo párrafo que “el interés se presumirá de quienes soliciten la información inscrita relativa a un empresario en particular”. A juicio de este Consejo, el precepto comentado debe formularse en otros términos. En lugar de exigir un interés legítimo, lo que no parece conforme a la Ley 19/2013, para luego desvirtuar tal exigencia con una presunción tan amplia, debería indicarse que en la solicitud correspondiente debe constar necesariamente el o los concretos empresarios respecto de los cuales se solicita la información inscrita. Por tanto, se sugiere la siguiente redacción:

“El Registro será público. El acceso al mismo se proporcionará por medios electrónicos y se regirá por lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en las normas que desarrollen o complementen este precepto. En la solicitud de acceso debe designarse a los empresarios respecto de los cuales se solicita la información inscrita”. Por último y como observación puramente formal, el contenido del artículo 337 debiera estructurarse en dos apartados, el primero relativo al acceso y el segundo al desarrollo reglamentario (en la redacción propuesta sólo aparece un apartado 1).

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