¿Qué es interoperabilidad?

Según el Glosario de términos del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica (fuente principal de la presente entrada), interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.

Algún profesional de la administración puede decir –y dice, con incomprensible orgullo- que no conoce el concepto y con menos motivo la normativa sobre interoperabilidad, pero ninguno afirmará desconocer la Ley 30/92, en este momento por cierto moribunda. Pero incluso su Exposición de Motivos  habla de “administración única” la cual difícilmente puede no ser electrónica. Esta idea la retoma con mucha fuerza la nueva Ley de procedimiento administrativo que, por ejemplo, señala expresamente que “los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración” (art. 28.2). Resulta evidente que el mejor servicio público pasa por reducir las cargas administrativas de los ciudadanos, lo cual únicamente es posible no solo con la implantación individual de la administración electrónica, sino a través de la comunicación y homologación “de todas las administraciones electrónicas”, es decir, de la interoperabilidad. En esto también tendrá mucho que decir el Estado y las herramientas que este ponga (o “está poniendo”) a disposición de otras AAPP a modo de plataformas de intermediación de datos. La interoperabilidad, que no es un concepto nuevo pues ya se regulaba en 2007 (Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos) y 2010 (Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica), se erige por todo ello en un concepto clave tanto de la administración electrónica como de la transparencia.

Por su parte, el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad (art. 156.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).  Además, la información publicada en los portales de transparencia será conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad (art. 11.b) de la Ley de transparencia).

Por lo demás, la interoperabilidad tiene cuatro dimensiones:

  1. Interoperabilidad organizativa. Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la capacidad de las entidades y de los procesos a través de los cuales llevan a cabo sus actividades para colaborar con el objeto de alcanzar logros mutuamente acordados relativos a los servicios que prestan.
  2. Interoperabilidad semántica. Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a que la información intercambiada pueda ser interpretable de forma automática y reutilizable por aplicaciones que no intervinieron en su creación.
  3. Interoperabilidad técnica. Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la relación entre sistemas y servicios de tecnologías de la información, incluyendo aspectos tales como las interfaces, la interconexión, la integración de datos y servicios, la presentación de la información, la accesibilidad y la seguridad, u otros de naturaleza análoga.
  4. Interoperabilidad en el tiempo. Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la interacción entre elementos que corresponden a diversas oleadas tecnológicas; se manifiesta especialmente en la conservación de la información en soporte electrónico.

Otros aspectos relevantes de la interoperabilidad son:

a) Interoperabilidad de la firma electrónica. Las Administraciones Públicas podrán determinar los trámites e informes que incluyan firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basada en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica. Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la firma electrónica de los documentos electrónicos, cuando una Administración utilice sistemas de firma electrónica distintos de aquellos basados en certificado electrónico reconocido o cualificado, para remitir o poner a disposición de otros órganos, organismos públicos, entidades de Derecho Público o Administraciones la documentación firmada electrónicamente, podrá superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado (art. 45 de la Ley de régimen jurídico).

Dimensiones de la interoperabilidad
Dimensiones de la interoperabilidad

b) Servicios de interoperabilidad. Se trata de cualquier mecanismo del que puedan disponer las AAPP y que permita a las Administraciones públicas compartir datos e intercambiar información mediante el uso de las tecnologías de la información.

c) Cadena de interoperabilidad. Es una expresión de la interoperabilidad en el despliegue de los sistemas y los servicios como una sucesión de elementos enlazados e interconectados, de forma dinámica, a través de interfaces y con proyección a las dimensiones técnica, semántica y organizativa.

d) Requisito jurídico-técnico de las copias electrónicas o copias auténticas. Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por tanto su carácter de copias auténticas, las Administraciones Públicas deberán ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo (art. 27 de la Ley de procedimiento).

e) Remisión del expediente administrativo a otras instancias. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga (art. 70 de la Ley de procedimiento).

f) Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas (art. 3.2 de la Ley de Régimen Jurídico).

g) Directorio general de aplicaciones. De cara a la transferencia de tecnología entre Administraciones Públicas, estas mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización, de conformidad con lo dispuesto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Estos directorios deberán ser plenamente interoperables con el directorio general de la Administración General del Estado, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión. La Administración General del Estado, mantendrá un directorio general de aplicaciones para su reutilización, prestará apoyo para la libre reutilización de aplicaciones e impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes en el marco de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad (art. 158 de la Ley de régimen jurídico).

h) Infraestructuras y servicios comunes. Instrumentos operativos que facilitan el desarrollo y despliegue de nuevos servicios, así como la interoperabilidad de los existentes, creando escenarios de relación multilateral y que satisfacen las necesidades comunes en los distintos ámbitos administrativos. Son ejemplos la Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas, la red transeuropea sTESTA, la plataforma de verificación de certificados electrónicos.

i) Licencia Pública de la Unión Europea («European Union Public Licence-EUPL»). Licencia adoptada oficialmente por la Comisión Europea en las 22 lenguas oficiales comunitarias con el fin de reforzar la interoperabilidad de carácter legal mediante un marco colectivo para la puesta en común de las aplicaciones del sector público.

j) Nodo de interoperabilidad. Organismo que presta servicios de interconexión técnica, organizativa y jurídica entre sistemas de información para un conjunto de Administraciones Públicas bajo las condiciones que éstas fijen.

Anexo I. Jornada sobre interoperabilidad y archivo electrónico en el marco europeoPor Gerardo Bustos

Anexo II. Innovación tecnológica y gobierno electrónico colaborativo (Proyecto de gobierno electrónico colaborativo). Vía ESADE.

Anexo III (NUEVO). Nuevas versiones de las Guías de aplicación de las Normas Técnicas de Interoperabilidad relativas al documento electrónico.

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