Aplicación de la Ley de procedimiento a las Universidades

¿Qué impacto tienen las nuevas leyes de procedimiento y régimen jurídico sobre las Universidades? ¿Entran estas dentro del moderno concepto del derecho administrativo “sector público” o su autonomía las mantiene al margen? ¿Se les aplican las Leyes de transparencia? ¿En qué medida se ve afectada la ya “adolescente” Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades?

La autonomía universitaria está recogida en el artículo 27 de la Constitución española de 1978: «se reconoce la autonomía universitaria en los términos que la ley establezca». Se trata nada menos que de un derecho fundamental, tal y como lo ha establecido el Tribunal Constitucional en sendas Sentencias de 1989 y 1991. En sucesivas Sentencias el alto tribunal establece que este reconocimiento institucional impone límites al legislador ya que garantiza la libertad de cátedra, entendida como dimensión individual de la libertad académica, y la libertad de investigación. La titularidad de este derecho corresponde realmente a cada Universidad que lo ejerce a través de sus órganos. La Ley Orgánica 6/2001 establece que la autonomía universitaria en España se aplica en los campos estatutario –aprobación de sus propios estatutos orgánicos–, funcional y financiero, y dota a la Universidad de mayores cotas de autonomía. Pero la autonomía, como vemos, está configurada para salvaguardar la libertad académica, y aunque afecta a la propia organización y funcionamiento de la entidad, no choca ni debe chocar con el planteamiento de la CORA, ni por supuesto con las medidas legislativas que vienen más bien de Europa, y que se justifican en la buena intención de “mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas” (fines de la administración electrónica según la definición de la Comisión Europea).

Universitario realizando un trámite on line. Con este perfil tan joven de usuario ¿Cómo no va a ser electrónica y transparente la Universidad?
Universitario realizando un trámite on line. Con este perfil tan joven de usuario ¿Cómo no va a ser electrónica y transparente la Universidad?

Por tanto, en cuanto al que podríamos denominar Régimen júridico-formal de las Universidades, lo primero que hay que apuntar es que por supuesto sigue en vigor la citada Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que como hemos visto deriva directamente de la Constitución, si bien es cierto que ha sufrido numerosas reformas en los últimos años (la más importante en 2007). Sin perjuicio de lo anterior resulta más que conveniente determinar el impacto exacto de las nuevas leyes 39 y 40/2015 en las Universidades. Hay que tener en cuenta, ante todo, que dicha Ley de Universidades se remite a la anterior Ley 30/92, remisión que por tanto debe entenderse redirigida a la nueva legislación.

Lo cierto es que las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son ambas “del sector público”, aunque solo incorpore este apellido la segunda. Y las Universidades, a pesar de todas sus peculiaridades, son, sin ningún género de duda, sector público. Ambas leyes, en un inciso calcado, las incluyen en su ámbito de aplicación:

“Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley” (art. 2.c) tanto de la Ley 39 como de la Ley 40/2015).

El esta remisión legal da mucho juego, porque la regulación en la normativa propia de las cuestiones procedimentales es mínima, y por tanto el efecto de reenvío muy amplio.

Por otra parte cabe recordar el Artículo 6 (Régimen jurídico) de la Ley Orgánica 6/2001 (reseñamos los epígrafes 1, 2.1 y 4 a estos efectos):

  • 1. Las Universidades se regirán por la presente Ley y por las normas que dicten el Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias.
  • 2. Las Universidades públicas se regirán, además, por la Ley de su creación y por sus Estatutos, que serán elaborados por aquéllas y, previo su control de legalidad, aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Si existieran reparos de legalidad, las Universidades deberán subsanarlos, de acuerdo con el procedimiento previsto en sus Estatutos, y someterlos de nuevo a la aprobación por el Gobierno de la Comunidad Autónoma.
  • 4. En las Universidades públicas, las resoluciones del Rector y los acuerdos del Consejo Social, del Consejo de Gobierno y del Claustro Universitario, agotan la vía administrativa y serán impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Muy interesante, a los efectos de la presente entrada, resulta también el Artículo 73 (El personal de administración y servicios), que después de catalogar al personal de administración y servicios de las Universidades, como el que está formado por personal funcionario de las escalas de las propias Universidades y personal laboral contratado por la propia Universidad (así como por personal funcionario perteneciente a los cuerpos y escalas de otras Administraciones públicas), atribuye funcionalmente al personal de administración y servicios la gestión técnica, económica y administrativa, así como el apoyo, asesoramiento y asistencia en el desarrollo de las funciones de la universidad. Y le atribuye literalmente, y esta es la parte relevante, las tareas que nosotros podríamos relacionar con la administración y el procedimiento electrónicos:

Corresponde al personal de administración y servicios de las universidades públicas el apoyo, asistencia y asesoramiento a las autoridades académicas, el ejercicio de la gestión y administración, particularmente en las áreas de recursos humanos, organización administrativa, asuntos económicos, informática, archivos, bibliotecas, información, servicios generales, servicios científico-técnicos, así como el soporte a la investigación y la transferencia de tecnología y a cualesquiera otros procesos de gestión administrativa y de soporte que se determine necesario para la universidad en el cumplimiento de sus objetivos.

En consecuencia, ni que decir tiene que el personal de administración debe formarse en procedimiento electrónico para el mejor desempeño de sus funciones de gestión y administración en las áreas de recursos humanos, organización administrativa, asuntos económicos, informática, archivos, bibliotecas, información, y servicios generales.

Por supuesto las CCAA han desarrollado legalmente la materia de Universidades. Podemos destacar, a modo de ejemplo, la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de universidades de Cataluña, que regula el llamado Sistema universitario de Cataluña, integrado por las universidades establecidas en Cataluña (Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad Pompeu Fabra…). En cuanto a su régimen jurídico, esta normativa se remite a las bases estatales establecidas por la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.

También nos preguntábamos si se aplica a las Universidades la legislación sobre transparencia, y aunque es evidente que no podría ser de otra manera, lo cierto es que la Ley estatal (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) guarda un silencio que desde luego no influye para nada en la aplicación total de la Ley, tanto en su parte de publicidad activa como por lo que respecta al derecho de acceso a la información, por otra parte recogido en la Ley de procedimiento como un derecho de las personas.

Sí hay no obstante una referencia expresa en algunas leyes autonómicas, como por ejemplo nuevamente la ley catalana (Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno), cuyo Artículo 3 (Ámbito de aplicación), se extiende “a las universidades públicas de Cataluña y los entes que dependen de ellas o están vinculados o participados, incluidas las sociedades mercantiles, fundaciones y otros entes instrumentales”.

En conclusión, la autonomía universitaria es y debe ser compatible con la aplicación de la nueva legislación del sector público estatal (y europeo), por lo que, dicho de otra forma, las Universidades deben implantar, si es que aún no lo han hecho, el procedimiento electrónico, la ley de transparencia y, aunque no se ha abordado en este comentario, la licitación electrónica.

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