Responsabilidad patrimonial de la administración… Pero no siempre

Hace casi ocho años analizamos la siguiente doctrina jurisprudencial:

“La Sentencia Tribunal Supremo, Sala III de lo Contencioso-Administrativo, de 12 de junio de 2008, ha venido a poner de manifiesto, una vez más, lo que ya sabíamos: el criterio más que opinable pero jurisprudencialmente consolidado de que la Administración (particularmente la local) aparece como la responsable de cualquier eventualidad que ocurra y que, directa o indirectamente, cercana o remotamente, se pueda vincular con el servicio público”.
En aquel caso, el perjudicado había solicitado una indemnización de 125 millones de pesetas en primera instancia, argumentando que resultó tetrapléjico mientras nadaba en una piscina municipal, por causa del incumplimiento de las más elementales obligaciones del socorrista que no impidió la entrada en la piscina a determinados menores y no evitó tampoco que uno de ellos se lanzase “en forma de bomba” encima suyo cuando se encontraba nadando, permitiendo además que, cuando nada más recibir el golpe y ya presentaba síntomas que podían poner de manifiesto una afectación de la columna vertebral, fuese sacado del agua sin ningún cuidado y sin ninguna preparación por otros menores que tiraban de él. El Tribunal apreció que había lugar a indemnización por parte de la Administración. Yo en aquel momento dije que, más allá de la desgracia humana que lamento, jurídicamente no estaba de acuerdo con el fallo, y en un caso como el descrito pienso sinceramente que el culpable exclusivo es el energúmeno que se lanzó en plan “bomba va” contra el perjudicado, y que ni socorrista puede detener al gamberro en el aire; ni la administración debe responder siempre y en todo caso de “todo lo malo” que ocurre en una vía o recinto públicos. Recuerdo que muchas personas criticaron esta opinión. A título de anécdota:
“me dirigo al que critica a los jueces por haber fallado en contra del ayuntamiento: Gracias a dios que los jueces son independientes y con pruebas dictan sentencias, auenque vayan en contra de las administracion, los ayuntamientos sobre todo los socialistas, se dedican a enriquecerse y a quien a ellos les parece, a ver si se va de una vez el sr chavez y se tira de la manta, la mayoria vais a ir a la carcel. no doy mi nombre verdadero por miedo a represalias”.
Curiosidades a parte, lo cierto es que la tendencia jurisprudencial (mayoritaria, no unánime) se decantaba  hace unos años por interpretar extensivamente la responsabilidad objetiva de la Administración, la cual en esta y otras Sentencias aparece como la responsable de cualquier hecho o acontecimiento en el que haya un perjudicado. Pero ello a nuestro juicio no tenía encaje en el desarrollo del citado precepto constitucional, ya que según la Constitución (art. 106.2), la Ley 30/92, y ahora la nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (vid especialmente su art. 32), deben darse todos estos requisitos para que proceda la indemnización:
  • Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, y siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos (nexo causal, o relación de causalidad daño-servicio público).
  • En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
  • Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley (no serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos).

    Si se cae usted por la calle la culpa es del Ayuntamiento... O suya.
    Si se accidenta usted en la calle la culpa es del Ayuntamiento… O suya.

Es cierto que ya en el momento de la Sentencia de la piscina (2008), la jurisprudencia mostraba numerosos atisbos de cambio, siendo mucho más objetiva a la hora de apreciar la aquélla responsabilidad objetiva (valga la expresión pretendidamente redundante). En el presente parece que este cambio de tendencia doctrinal, que comenzó en realidad hace una década, se ha consolidado definitivamente. En este sentido destacamos la Sentencia de 22 de marzo de 2011 del Tribunal Supremo, Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, que resuelve un recurso de casación contra la Sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 19 de mayo de 200), sobre Reclamación de Responsabilidad Patrimonial derivada del accidente ocurrido el 21 de diciembre de 2001, en el término municipal de Val de San Vicente (Cantabria) como consecuencia de la existencia de placas de hielo en la calzada, resultando el actor gravemente lesionado. Citando la Sentencia en los puntos que ahora interesan tenemos que (fuente: Noticias Jurídicas):

“…la existencia de placas de hielo en la calzada, habiendo precedido la actuación de los servicios de conservación echando sal en el tramo de la misma en que ocurrió el accidente, no desvirtúa la conclusión de la Sala de instancia sobre la causa de éste, que atribuye de modo principal a la velocidad inadecuada del vehículo; ni tampoco es demostrativa de que incurra en error cuando no tiene por acreditado el nexo causal entre aquél y el funcionamiento del servicio público concernido.
Dichos motivos sólo trasladan la opinión subjetiva de la parte -parcial por tanto- de que el accidente se debió también, con entidad bastante como para tenerlo en cuenta, a un defectuoso funcionamiento de ese servicio público de conservación de la carretera. Pero lo hacen sin denunciar formalmente una arbitraria, ilógica o irracional valoración de la prueba por la Sala de instancia; y sin traer a colación algún elemento de juicio, como pudiera ser un informe pericial, que acredite que aquella existencia de placas de hielo es en sí misma y por sí sola demostrativa de una incorrecta actuación de aquel servicio de conservación cuando procedió a esparcir sal en la calzada. En principio, una regla de experiencia nos indica que la existencia de placas de hielo en aquellas circunstancias climatológicas es una posibilidad que todo conductor debe prever. Y nos indica también que no es un hecho notorio, no necesitado de prueba, que el usual y normal procedimiento de esparcir sal sobre la calzada sea o deba ser tan eficaz que impida totalmente la formación de dichas placas.
Por fin, y dada la razón de decidir de la Sala de instancia, no es ocioso recordar que constituye jurisprudencia consolidada la que afirma que la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien formula la reclamación, o como dice la sentencia de 18 de octubre de 2005 , la carga de la prueba del nexo causal corresponde al que reclama la indemnización consecuencia de la responsabilidad de la Administración por lo que no habiéndose producido esa prueba no existe responsabilidad administrativa. En este mismo sentido pueden verse también las sentencias de 7 de septiembre de 2005, 19 de junio de 2007 o 9 de diciembre de 2008, entre otras muchas”.

En definitiva, cuando sea culpa (o más bien “responsabilidad”) de la Administración, debe indemnizarse, pero cuando no lo sea es muy malo para la garantía de ese buen sistema de cobertura que se haga, porque esto fomenta la picaresca. El abuso del sistema puede acabar ocasionando que se meta a todos los reclamantes en el mismo saco y paguen justos por pecadores, lo cual no me parece bien. Este es un tema complicado. Los que trabajan en la Administración saben a qué me refiero, y las compañías de seguros también. El contrato del seguro de cobertura de responsabilidad patrimonial es muy importante en los Ayuntamientos. Y lo usamos, porque las reclamaciones, legítimas o no, abundan. Se da una una gran casuística. Recordemos que según el art. 280.c) del TRLCSP el contratista o concesionario de un servicio público debe “indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables a la Administración”. Sugiero que se analice detenidamente caso por caso. La responsabilidad, por definición, puede ser de uno (la Administración, la propia víctima o un tercero, como el citado concesionario), o de varios (diversas combinaciones de los anteriores), en cuyo caso se habla de responsabilidad concurrente, en la que cada responsable indemniza por su porcentaje de culpa.

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