¿Es delegable la función de fe pública?

Una vez aclarado en su momento ¿Qué es la fe pública?,  entrada en la que incluso explicamos la base histórica y legal de las funciones de fe pública de los Secretarios municipales, cabe preguntarse si es delegable esta función de fe pública, pregunta cuya respuesta sólo puede ser afirmativa, al tiempo que plantea otras cuestiones: ¿Cómo se delega? ¿Cuánto se delega? ¿Quién delega? ¿La delegación debe hacerla el titular de la Secretaría mediante las formalidades establecidas en la ley de procedimiento? ¿En quién delega? ¿Se puede delegar en una máquina? ¿Qué es lo que no se puede delegar?

Comenzaremos diciendo que no solo es legal sino muy aconsejable realizar este tipo de delegaciones, máxime en periodos estivales o de vacaciones o si se da cualquier circunstancia, sobre todo si es más duradera que un par de días, que recomiende efectuar este tipo de delegaciones para mantener o mejorar el buen funcionamiento de la organización, ya que en una administración la validez jurídica pasa por la fehaciencia de los documentos, actos y acuerdos. Hablamos por tanto de eficacia en la gestión administrativa.

Mucho más controvertido es el debate sobre si las funciones de fe pública deben ser delegadas de forma personal y expresa por parte del Secretario o Secretario-Interventor, depositario original de las mismas. En este sentido, la STS de 22 de mayo de 2001 deja claro que la expedición de certificaciones es una facultad delegable en funcionarios carentes de habilitación nacional, aún cuando la delegación se lleve a efecto por la Corporación y no por el propio secretario, conforme a la STS de 4 de diciembre de 1990. Ello, porque según esta doctrina stricto sensu la titularidad de la función pertenece a la Corporación. Por su parte, la STSJCV de 25 de enero de 2012 observa que el titular de la Secretaría es el responsable de dichas funciones, por lo que aunque no señala exactamente que es el titular de las mismas podría defenderse también esta otra teoría. La que defiende que el titular es el Ayuntamiento se basa en que se trata de funciones necesarias en todas las Entidades Locales (de “desempeño necesario”), razonamiento que sitúa por encima el necesario desempeño a necesaria habilitación para el desempeño, planteamiento sin duda defendible pero igualmente peligroso. Además, y por desgracia, existen más puestos de trabajo de Secretarios que Secretarios, y de hecho el número de Secretarios y Secretarios Interventores “de carrera” ni siquiera se aproxima al de puestos de trabajo vacantes. Se observa un gran “intrusismo” en la profesión, y puede que por ello la función de asesoramiento legal, la misma legalidad, se resienta aún mucho más que la función de fe pública.

La chica de la portada de nuestra obra "Manual para la gestión inteligente del Ayuntamiento" es una Secretaria del futuro que se llama Iris. ¿Lo sabían? Mírenla firmando en el año 2042
La chica de la portada de nuestra obra “Manual para la gestión inteligente del Ayuntamiento” es una Secretaria del futuro que se llama Iris. ¿Lo sabían? Mírenla firmando en el año 2042.

Parece claro en todo caso que esta función de fe pública se ejerce con mucha frecuencia por “funcionarios no habilitados”, y es legal. Si esto es así para las EELL de régimen común, tanto más para las Diputaciones forales, para las islas, y para los Ayuntamientos “especiales”, en base a las peculiaridades de su mayor (auto)organización. Desde este planteamiento, ni siquiera la función certificante atribuida a los Secretarios de los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales de régimen común -cuyos puestos de trabajo están legalmente reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional- ha de ser necesariamente ejercitada de modo exclusivo por dichos funcionarios, pues el aún vigente Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, permite que aquellas Corporaciones la encomienden a otros carentes de ella: “Las funciones de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, recogidas en los arts. 2 y 3 y concordantes de este Real Decreto, respecto de Juntas, Organos o Entidades dependientes de la Corporación distintas del Alcalde, Pleno o Comisión de Gobierno decisoria, podrán ser encomendadas por la Corporación a funcionarios propios de la misma carentes de la habilitación de carácter nacional, a propuesta del titular de la Secretaría (eso sí), y que actuarán como delegados de éste” (art. 13.2 RD 1174).

Es cierto que el ejercicio de la función así encomendada se considera realizado por delegación del secretario, a propuesta suya, y que esta posibilidad se contempla, en la norma estatal, respecto de determinados órganos y no de otros. Pero lo relevante es que puede ser la misma Corporación quien adopte la decisión en sí de delegar, y que la citada previsión reglamentaria que lo permite ha sido declarada conforme a derecho por el propio TS al desestimar, mediante la citada sentencia de 4 de diciembre de 1990, el recurso directo interpuesto por la Asociación Sindical de Secretarios, Interventores y Depositarios de la Administración Local contra, entre otros, el citado artículo 13.2 del Real Decreto 1174/1987. Entendemos que el futuro Reglamento, ahora en gestación (aunque obviamente paralizado por el proceso electoral), no reproduzca estos fallos del sistema, incluido el extraño artículo 126.4 LBRL, que otorga la Secretaría de la Junta de Gobierno Local de los municipios de gran población a uno de sus miembros que reúna la condición de concejal, designado por el Alcalde, quien redactará las actas de las sesiones y certificará sobre sus acuerdos(!). Este precepto fue introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, pero a pesar de los 12 años transcurridos algunos no hemos podido acostumbrarnos a él.

Finalmente, no podemos acabar esta reflexión sin al menos recordar estudios anteriores sobre la “La fe pública electrónica” (Secretarios, certificados, sellos de órgano, telepresencia, vídeoactas…). Sabemos que la nueva Ley de procedimiento impulsa como nunca este tipo de herramientas automáticas de certificación o fehaciencia, conocidas en los últimos años como AAA (Actuación Administrativa Automatizada en la Ley 11/2007; y en la Ley 40/2015), y que al contrario de lo que podría parecer refuerzan el papel “personal” del funcionario habilitado, cuyo reducto de fe pública no puede cuestionar ninguna persona o herramienta:

(…) tiene que ver con la configuración de esta nueva fe pública, que pasa de ser una (“la de siempre”), a muchas (sello de tiempo, sello de órgano, compulsa electrónica…). Algunas de estas nuevas manifestaciones de la fe pública electrónica pertenecen ya al ámbito de la AAA, pero otras permanecen en el reducto indelegable de los Secretarios municipales, que de este modo pierden –perdemos- “cantidad” en cuanto a actos en los que debemos ejercer la fe pública, pero ganamos en “calidad”, asumiendo algunos que nadie más en el mundo -ni persona ni máquina- pueden rubricar (De ““).

Esta es, pues, la nueva fe pública electrónica de los Secretarios municipales. Por otra parte, una de las ventajas de la firma electrónica es que se puede plasmar sobre cualquier formato electrónico de documento, por lo que evidentemente el Secretario puede firmar, por ejemplo, la grabación que se haga del Pleno y sin duda este documento tendría –tiene- valor de acta. El acta, sin duda, forma parte de este reducto que siempre pertenecerá a la función “cuasipersonal” de fe pública del Secretario (para mí, ya puedo decirlo, titular de dicha función), y nunca a la AAA. En este vídeo explicamos de forma más precisa qué es un Vídeoacta y qué ventajas representa. Más la pregunta que nos hacemos a continuación es: ¿la mera grabación del pleno o de cualquier otro acto más o menos solemne tiene eficacia jurídica en sí misma? El mundo del Derecho está lleno de ejemplos afirmativos y si no lo creen conduzcan por la autopista a 180 km/h y verán cómo una simple foto tiene toda la fehaciencia. Evidentemente nunca un acta sería un acta sin la firma del Secretario, pero sí una grabación en la que se demuestra, con nitidez de imagen y sonido, que un concejal toma posesión o injuria, por poner dos ejemplos totalmente divergentes; o bien que un contratista ha propuesto un cohecho durante una mesa de contratación. Concluíamos esta otra entrada con la siguiente reflexión:

Quizá los Secretarios y otros funcionarios del futuro (policías, jueces) vayan “por ahí” con una cámara grabadora incorporada -algo así como unas Google Glass de ultimísima generación o como el visor de Robocop, Terminator o el Juez Dredd-, dando fe de todo lo que vean en un mundo en el que la protección de datos será prácticamente imposible. “Más trabajo”, pensarán algunos…

¿Ciencia Ficción? Yo creo que no.

NOTA: Se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público (art. 41 de la Ley 40/2015).
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2 thoughts on “¿Es delegable la función de fe pública?

  1. en los ayuntamientos de gran población el secretario lo es del pleno y de sus comisiones, por lo que su ámbito de actuación parece reducido al “poder normativo” de la corporación. por su parte, el titular del órgano de apoyo del secretario de la junta de gobierno -totalmente de acuerdo con lo dicho- es eso y sólo eso: una especie de secretario del gabinete, que más que informar lo que hace es supervisar el expediente que va a la junta. y la asesoría jurídica está para el asesoramiento -en ayuntamientos en los que por su tamaño se supone que todos los servicios cuentan con tags especializados- y la defensa y representación en juicio. dicho esto, y vistas las tribulaciones de esta entrada, pregunto: ¿a quién corresponden en estas corporaciones, de primera mano, las funciones de fe pública y certificación? ¿es lógico que si las funciones corresponden a un puesto-órgano por imperativo legal, pueda otro órgano que no es su superior jerárquico delegarlas en otro puesto?
    por cierto, enhorabuena por el premio de novagob!

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