Plazos, vacatio legis, prórrogas… y penaltis

Vacatio significa vacación, eso que hacemos en agosto. Según el siempre útil diccionario de wordreference vacación se define como el “Periodo de descanso durante el que se interrumpe una tarea o actividad habitual. Más en pl.: necesito unas buenas vacaciones“. Sus sinónimos son descanso, asueto, ocio, recreo, fiesta, holganza, y sus antónimos: trabajo y actividad.

¿Recuerdan las ? Allí dedicamos todo un apartado, compuesto por 3 “sombras”, al problema de la vacatio legis en el Derecho español:

Vacatio legis

32.- El cachondeo de la entrada en vigor. Pues sí. De los creadores de “ser eres”: “Hoy no, mañana”. La Ley de transparencia obliga a las CCAA y las Entidades Locales a ser transparentes dos años más tarde de su entrada en vigor, y en todo caso después de elecciones, para que sea transparente “el siguiente”… O yo si repito, pero hoy no. Mañana. Yo no sé para qué la gente ve tanto Tele 5 si el BOE ya es un reality show mucho más desgarrador.

33.- No le llame régimen transitorio, llámele mareo. Si la demorada fecha de entrada en vigor despista, ni les cuento ya el contenido de las Disposiciones Transitorias, que te trastocan todos los procedimientos en marcha, o no, según los casos, bajo la idea subyacente de que al final hagas lo que te dé la gana.

34.- Entrada en vigor “a trozos”: la cosa se complica. Ya nos hemos referido a la LRSAL, junto con la Ley de contratos una joya de anécdotas para el presente Catálogo de sombras. Su entrada en vigor, no solo demorada, sino “a trozos”, es absolutamente demencial. Ya analizamos esta cuestión en su momento. Al final hay unos 7 u 8 momentos de entrada en vigor repartidos entre el 31 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2018.

Además, unas veces los plazos son directamente “de entrada en vigor”, mientras que otros responden a conceptos más exóticos, como el plazo de la Ley de transparencia “máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley”, si bien la medalla de oro en este sentido se la lleva nuestra querida Ley 11/2007, ahora moribunda, que estableció la enigmática cláusula: “los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias”. Esta era genial, porque no decía lo que ocurría con el resto de artículos distintos al 6, y tampoco por supuesto quién (y cómo) debía determinar que las disponibilidades presupuestarias no permiten implantar una ley que, dicho sea de paso, en su momento algunos implantamos “a coste cero”.

El único plazo en el mundo que me importaba era el 21 de octubre de 2015, y ya ha pasado.
El único “plazo” en el mundo que me importaba era el 21 de octubre de 2015, y ya pasó.

En definitiva, si una cosa queda clara de esta tendencia del legislador, puesta en relación con la aplicación práctica de las normas, es que los plazos no sirven para nada. Como también dijimos aquí, la legislación española, que no es algo en absoluto original sino que deriva expresa y en algunos casos literalmente de la europea, nos ha venido imponiendo una serie de obligaciones y plazos, por ejemplo en materia de administración electrónica, que básicamente hemos incumplido:

  • 1 de enero de 2004: participación electrónica en los municipios.
  • 31 de diciembre de 2009: derechos electrónicos de los ciudadanos.
  • Julio de 2011: implantación de un Registro electrónico.
  • Septiembre de 2011: Programa de implantación de la administración electrónica.
  • 31 de marzo de 2012: Plan de ajuste.
  • 31 de diciembre de 2013: participación 2.0 en los municipios y competencias provinciales en materia de administración electrónica.
  • 30 de enero de 2014: implantación de los Esquemas Nacionales (Interoperabilidad y Seguridad)
  • 15 de enero de 2015: factura electrónica
  • 1 de junio de 2015: tablón edictal único.
  • 10 de diciembre de 2015: publicidad activa y derecho a la información.
  • 2 de octubre de 2016: procedimiento íntegramente electrónico.
  • 2 de octubre de 2018: previsiones de la Ley de procedimiento relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico.
  • Por determinar en la nueva ley de contratos (y a más tardar el último trimestre de 2018): licitación electrónica obligatoria.

Y yo me pregunto ¿qué importancia tienen los plazos? Si se desea cumplir con la obligación legal se hace inmediatamente, y si no se piensa consumar simplemente no se hace, ni pronto ni tarde. Esto refuerza las ideas de Buen Gobierno, de la “vigencia del Derecho Natural”, y de la simple y llana ética, que tanto defendemos.

La realidad es que si los poderes públicos no implantan las normas y derechos que demanda la sociedad (ya estén positivizados o no, pero evidentemente con más motivo en el primer caso), los van a acabar implantando (imponiendo) los mismos ciudadanos. Al respecto simplemente me remito a las entradas Derechos de las personas en el Estado Social y Tecnológico de Derecho,  y, sobre todo, Una ley que van a implantar las personas, donde afirmábamos:

(…) la administración electrónica (procedimiento electrónico, derechos electrónicos, firma electrónica…) ha llamado a la puerta de la administración durante muchos años, prácticamente lo que llevamos de siglo. Quizá llamó con demasiada timidez y por eso no le abrimos la puerta. Quizá administraciones como el Estado o las Diputaciones debieron ayudar mucho antes a los Ayuntamientos. Quizá faltó vocación de servicio público y sobró corruptela, ya que el procedimiento electrónico siempre ha sido mucho más legal, eficiente y transparente, siendo por ello especialmente incómodo para algunos indignos responsables públicos. Quizá faltó formación e información… Pero ahora la cosa va en serio porque debemos cumplir las leyes de procedimiento, transparencia, contratos (non nata)… Aunque sobre todo debemos cumplir con el ciudadano, perdón, con las personas.

En definitiva habrá que hacer lo que se supone que debemos hacer. No tanto cumplir el plazo como cumplir. Hacer, por cierto, implica en todos los casos una conducta activa. En consecuencia tendremos que movernos: implantar, cumplir, evaluar, formar, ofrecer, presupuestar, programar, regular, desarrollar, liderar… En resumen: trabajar; salvo que quedaremos ser la administración del descanso, la holganza y el asueto.

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