Implicaciones de la nueva #LPA en el procedimiento local

Empezaremos lanzando al aire una pregunta muy concreta: ¿afecta la LPA a los funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional? Entendemos que ya contestamos a esta pregunta en las siguientes líneas de nuestro artículo publicado con motivo de la LRSAL puesta en relación con la administración electrónica local[1]:

 “…Y paramos aquí. Dejamos para otro momento el desarrollo de cuestiones tan importantes como las que simplemente vamos a dejar apuntadas: ¿Cómo afecta al ejercicio de la función de la fe pública la generalización de la firma electrónica? En concreto ¿es necesaria la firma de la Secretaría Municipal en las resoluciones de la Alcaldía? ¿Cómo hacer el cambio al “archivo electrónico”? ¿Cómo aplicar en el Ayuntamiento la LOPD, el ENS y la Estrategia de Ciberseguridad Nacional al mismo tiempo a fin de garantizar en su gestión administrativa electrónica el adecuado nivel de seguridad y resiliencia? ¿Qué tipo de consentimiento se precisa del interesado para tramitar en su nombre la obtención de documentos ante otras AAPP que aquél no tiene la obligación de volver a presentar? ¿Es posible cuasi-imponer la gestión tributaria electrónica a las personas físicas utilizando un modelo de eficacia demostrada como el de la AEAT? ¿Cómo se aperturan las plicas en un procedimiento de licitación electrónica? ¿Cómo se realiza una subasta electrónica? ¿Cómo se “convence” a los proveedores de que facturen electrónicamente? ¿Qué tenemos que hacer en un Ayuntamiento para aplicar efectivamente la Ley de Transparencia? ¿Por qué no unifican las distintas instancias “supramunicipales” –Tribunal de Cuentas, Ministerio de Hacienda, órganos equivalentes autonómicos…- las plataformas o simplemente comparten la información requerida a las Intervenciones locales a fin de facilitar y no cuadruplicar el envío?  Si usted es Secretario, Interventor, Tesorero o Técnico municipal y no se encuentra mínimamente preocupado por todas o al menos alguna de las cuestiones arriba referidas, quizá practique el negacionismo que tanto daño puede hacer a los empleados públicos, particularmente a un colectivo de funcionarios públicos locales que tiene 202 años de vida”.

A continuación desarrollaremos tres ideas relativas al procedimiento administrativo local que representan sus especialidades con respecto al nuevo procedimiento aquí analizado: la firma de los empleados públicos, la fe pública electrónica y la “administración electrónica local” (o de cómo está regulada la cuestión en la legislación específica sobre régimen local).

1. La firma de los empleados públicos.

La LPA regula bastante bien la cuestión de la identificación y firma de los ciudadanos, pero no menos importante es la derivación interna de esta cuestión, es decir, la firma electrónica de los empleados públicos. De forma más específica sabemos que dentro de las Entidades Locales existe una clase de funcionario que se caracteriza por firmar (aunque por supuesto realiza muchas más tareas, como las funciones directivas a las que ut infra nos referiremos). El debate sobre cómo afecta al ejercicio de la función de la fe pública la utilización de la firma electrónica es uno de los más importantes de los que tenemos abiertos en el colectivo. Encontramos el ejemplo en una de las preguntas que hemos lanzado al aire: ¿es necesaria la firma de la Secretaría Municipal en las resoluciones de la Alcaldía? A quien conteste “sí” o “no” en un segundo le diremos que la respuesta no es tan fácil, más que nada porque la firma electrónica que da fe en ese acto ya no es la del Secretario, sino la del propio Alcalde. En efecto, la “dación de fe” de que “el Alcalde es el Alcalde y como órgano competente según el art. 21 LBRL dicta este decreto” la da su propio certificado, que es el que acredita de forma fehaciente su identidad, y con ella todo lo demás (contenido del acto, fecha o timestamping…). En nuestra opinión la fe pública queda reservada para el certificado o notificación, salvo que se quiera hacer servir la propia resolución como notificación, por ejemplo, mediante el sistema de notificación por comparecencia electrónica[2], que es el que prefiere la nueva LPA. Que conste que no hemos afirmado que los Decretos ya no se firman; solo que de hacerlo ya no lo haríamos como fedatarios públicos.

Por supuesto esta no es la única problemática relacionada con la firma electrónica. Añadan otras como la longevidad de la firma, la protección de datos, el acceso a la información o la articulación del archivo electrónico. Todo ello bajo la atenta mirada del nuevo Reglamento europeo sobre identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.

No cabe duda de que la firma electrónica es la clave del procedimiento electrónico, el cual se compone a su vez de documentos electrónicos que lo son básicamente por venir rubricados de forma electrónica. Por lo que respecta al impacto de la firma electrónica sobre las profesiones de fedatario público (Secretario de Ayuntamiento y Notario) podría decirse que el uso profesional de la firma electrónica, los distintos certificados sellos y la AAA (actuación administrativa automatizada) marcan un antes y un después en el ejercicio de la función de fe pública. El colectivo de notarios ha reaccionado primero, e incluso tiene su propia entidad certificadora, ANCERT, que desarrolló FEREN (Firma Electrónica Reconocida Notarial) SIGNO, y otros servicios tecnológicos para los Notarios. El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros tiene, por su parte, más presencia institucional y por tanto más impacto sobre la ciudadanía y sobre gestión del cambio en la burocracia. Estamos llamados a colaborar, a estudiar, a trabajar, a homogeneizar, a pulir esta problemática.

Más “lo problemático” no es ya la triple configuración legal de la firma (electrónica, avanzada y reconocida), aspecto que se empieza a simplificar y homogeneizar, ni siquiera la multiplicidad de autoridades certificadoras (FNMT, ACCV, CATCert…), sino las muchas dimensiones que derivan de la citada función, a priori recia e inmutable, que no es otra que la añeja fe pública de los Secretarios. La herramienta de la fe era (y es) la firma, pero ahora esta nueva “fe pública electrónica” puede ser o ejercerse, directa, por el Secretario; o bien por la persona que la ostente por delegación (electrónica) de aquel; o por el sello de órgano; o por el sello de tiempo; o por la compulsa electrónica… Habrá que categorizar las numerosas manifestaciones de la nueva fe pública y automatizar -aunque esto suponga “delegar en una máquina”- las más mecánicas, como los certificados de empadronamiento o las publicaciones electrónicas, dando valor a la fe pública personalizada y reservada, o reservadísima, a los habilitados de carácter nacional para determinados actos importantes que deben supervisar personalmente y rubricar. El razonamiento es más lógico de lo que muchos creen: los Secretarios municipales deben salir y salen naturalmente reforzados de la implantación de la administración electrónica, por ser esta más legal, eficiente y transparente, y por representar estos funcionarios dichos principios y valores.

Se deben pues analizar y resolver cuestiones como la convocatoria electrónica de los órganos colegiados; la total obsolescencia (obviaremos la palabra derogación para no herir sensibilidades) del ROF; las notificaciones electrónicas, tendiendo por defecto a la comparecencia; la necesidad (o no) de firma en las resoluciones de los órganos unipersonales; el significado o función ejercida con esa firma en caso afirmativo; las actas electrónicas y/o las vídeoactas; los libros electrónicos de resoluciones y actas; la prueba y la “evidencia electrónica” en los procedimientos administrativos, incluidos los disciplinarios, y judiciales; la licitación electrónica; el ENS y el ENI (y las responsabilidades de los funcionarios en relación con su cumplimiento); los derechos electrónicos de los ciudadanos y el “nuevo” derecho de acceso a la información (de los ciudadanos y de los concejales)…

Nuestro especial EC sobre firma electrónica, la herramienta clave del procedimiento electrónico
Portada de nuestro especial EC sobre firma electrónica, la herramienta clave del procedimiento electrónico

Se deben poner en valor asimismo las funciones, bien de fe pública, bien relacionadas con la fe pública y el resto de cuestiones mencionadas, de otros funcionarios, especialmente los archiveros, cuya responsabilidad en la custodia de los documentos e informaciones almacenadas en los sistemas y su rol protagonista en aspectos clave como el archivo electrónico o las derivadas de la Ley de transparencia, deberían igualmente reforzar su papel[3].

Se debe contar asimismo con los informáticos, reconociendo su importancia y rol transversal en las organizaciones, y en general con todas las personas, departamentos y colectivos que resultan claves en los procesos de cambio que debemos abordar en las organizaciones públicas. En este escenario -condicionado en lo jurídico por la nueva Ley de procedimiento y por el nuevo Reglamento europeo de identificación electrónica-, se hace particularmente necesaria una hoja de ruta de actuaciones que deriven de una intensa colaboración entre los colectivos, asociaciones y entidades más involucrados o afectados por el procedimiento electrónico (habilitados nacionales, archiveros, informáticos, entidades de certificación, Diputación, Ministerio…), a través de Jornadas, cursos, convenios, y grupos de trabajo que redacten documentos conjuntos y en su caso normas homologadas. También es importante sentar doctrina a través en este caso de publicaciones especializadas y de gran difusión como la presente.

Por último, ni que decir tiene que las Diputaciones y los servicios mancomunados relacionados con la administración electrónica son opciones obligatorias e interesantes, respectivamente, en este sentido.

2. La fe pública electrónica.

Imagine que circula usted por la autopista a 150 km/h y de repente ¡zas!, le capturó un radar. Es este uno de los numerosos ejemplos de la vida real en los que la fehaciencia electrónica produce efectos –administrativos y de Derecho- totalmente asumidos por todos. Lo que a nuestro juicio no tiene sentido es que admitamos, con menor o incluso ningún grado de aceptación, la seguridad jurídica de un certificado de firma o un sello de órgano que la de un dispositivo colocado al aire libre, que podría incluso estar estropeado, pero que tiene presunción de veracidad respecto de expedientes sancionadores e incluso penales.

Resulta curioso comprobar lo mal que ha envejecido el ROF, que regula de una manera muy correcta, pero absolutamente inaplicable al procedimiento actual e incompatible con la LPA, formalismos como el libro de actas, el expediente en papel o la propia firma o rúbrica. Pero el tiempo pasa y las normas más antiguas deben ser interpretadas conforme a la realidad del momento, mientras que las normas más modernas resuelven casi literalmente algunos problemas. El resto los debería resolver el sentido común, plasmado en Informes, Circulares y Doctrina que unifique nuestros criterios de interpretación, actuación y funcionamiento.

También es doctrina la legislación sectorial, y la autonómica, que en este sentido sería “de aplicación” a todo el territorio nacional. Una de las normas más modernas en materia de administración electrónica es el Decreto 220/2014 de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana. Según su artículo 2.3, se aplica a las entidades que integran la Administración local de la Comunitat Valenciana, de manera bien directa o bien supletoria, deberíamos añadir a tenor del resto del articulado. A los efectos que ahora importan, vale la pena transcribir enteramente la Disposición adicional segunda de este Decreto, totalmente ilustrativa del cambio de tendencia regulatoria que abandera la nueva LPA. Establece lo siguiente:

“1. Las comunicaciones que se realicen entre los miembros de los órganos colegiados del ámbito de la Administración de la Generalitat utilizarán preferentemente medios electrónicos para su funcionamiento, incluidos los audiovisuales, así como en el archivo de la documentación. El uso de medios no electrónicos podrá tener carácter complementario.

  1. Los órganos colegiados se regirán, a los efectos de la acreditación electrónica de su voluntad, por lo establecido en este decreto y, en general, conforme con lo dispuesto para el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, sin perjuicio de la validez del correo electrónico o medios similares para las comunicaciones internas que deban efectuarse.

  2. La convocatoria de las sesiones, el orden del día y la documentación relativa a los asuntos que integren se comunicarán a los miembros por correo electrónico en la dirección que a tal efecto tengan designada, sin perjuicio de la utilización de otros sistemas de gestión del conocimiento incorporados a entornos cerrados de comunicación o, en su caso, en la sede electrónica del órgano colegiado, tales como comunidades virtuales de interés, foros u otros que se puedan establecer.

  3. Los órganos colegiados podrán realizar sus sesiones mediante videoconferencia, multiconferencia u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales, que garanticen la seguridad tecnológica, la participación de todos ellos en condiciones de igualdad, y la validez de su realización, debates y de los acuerdos que se adopten. En especial, se entenderá que el lugar de realización de la reunión virtual es el del domicilio del órgano colegiado y, en su defecto, el del órgano, Administración o entidad al que esté adscrito.

  4. Las actas, libros de acuerdos y demás documentos de los órganos colegiados podrán estar archivados electrónicamente con todas las garantías adecuadas para su autenticidad y conservación.

  5. En los órganos colegiados no compuestos en su totalidad por miembros de una misma administración pública, aquellos que no pertenezcan a la misma podrán, en cualquier momento, solicitar que las comunicaciones con ellos se efectúen por vía no electrónica, que, en todo caso, será complementaria. Ello no perjudicará la comunicación electrónica con el resto de miembros, ni lo señalado en el anterior apartado”.

Solo un matiz, en concreto en relación con el citado párrafo cuarto, que permite la celebración de sesiones mediante videoconferencia. Ya lo permitía, de hecho, la Disposición adicional primera de la LAESP al señalar: “Los órganos colegiados podrán constituirse y adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos”, y lo permite, e incluso lo fomenta, la nueva Ley de Régimen Jurídico en los términos que a continuación veremos.  Independientemente de la aplicabilidad de estas reglas a la administración local –al final y al cabo, la normativa de régimen local se antepone a la de procedimiento común en nuestro caso-, ni que decir tiene que los órganos colegiados municipales pueden constituirse por medios electrónicos. Pero estas normas también dicen “adoptar acuerdos”, lo cual hace referencia no ya a la fase previa de convocatoria, sino a el mismo desarrollo de la sesión. Si admitimos pues que las sesiones se pueden desarrollar, en cuanto a su debate y votación (en base a ella se adoptan acuerdos), por medios electrónicos, y si admitimos además los medios telemáticos comprendidos dentro de los electrónicos, tenemos que sería legal la telepresencia –por videoconferencia o incluso por teléfono!?- de un concejal. Pero si admitimos la telepresencia de un concejal debemos admitir la de todos, porque todos tienen los mismos derechos. Parece claro que la videoconferencia es una herramienta de funcionamiento laboral, pero quizá no institucional, salvo en casos excepcionales y que debe regular el ROM –por ejemplo: un concejal ingresado en el Hospital-. En nuestra opinión se debe regular y matizar en cuanto a su aplicación a la administración local, en primer lugar porque algunas normas del procedimiento administrativo común no son aplicables los órganos colegiados locales, o al menos no antes del filtro legal de la normativa específica sobre régimen local. Sin duda el Pleno municipal es un órgano colegiado, pero uno muy especial. En segundo lugar, y en relación con lo anterior, el principio democrático se encuentra reforzado por derechos pero también por obligaciones, que en este caso conllevarían la exigencia de la presencia física de un representante del pueblo en el máximo órgano decisorio, al tiempo que permitir sin condiciones la telepresencia puede suponer el desalojo físico del salón de sesiones. Por tanto, al margen de la estética desoladora e incluso de la pérdida de credibilidad de la institución, flexibilizar al máximo estas semi-ausencias podría propiciar situaciones de facto en las que se celebre un pleno sin concejales presentes en cuerpo (en lo del alma no vamos a pronunciarnos) y el Presidente o el Secretario deban decidir si hay quórum o no. Mejor tenerlo regulado en el ROM. Una regulación, por cierto, que debería respetar la jerarquía del artículo 17 de la citada Ley de Régimen Jurídico, que arroja luz sobre la cuestión y da, entendemos, sobrada cobertura jurídica a esta telepresencia, la cual, insistimos, habrá que moderar en el reglamento interno al que precisamente alude el artículo:

“Todos los órganos colegiados se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario. En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias”.

En resumen, la fe pública electrónica es un bebé. Dicho de otro modo, esto no ha hecho más que empezar. Mientras aún estamos debatiendo sobre el alcance de la firma electrónica del Secretario, otros instrumentos automáticos de fehaciencia electrónica se abren paso para convivir con la firma de aquella persona física. Algunas de estas herramientas se encuentran ya bastante consolidadas, como el sello de órgano, el estampado de tiempo o la compulsa electrónica, mientras que otras son inéditas, al menos para algunos, como es el caso del vídeoacta. Como hemos visto, las normas están empezando a hablar no solo de medios electrónicos, sino también de medios audiovisuales. Está claro que son prácticos –teleconferencia- pero ahora debemos decidir si además son fehacientes, e incluso si son democráticos (está claro que existe un derecho de participación democrática, pero debe atemperarse con otros aspectos importantes, como las reglas sobre el quórum o la misma identidad del órgano, aspectos que también afectan al procedimiento y a la propia estética de la democracia).

Por otra parte, una de las ventajas de la firma electrónica es que se puede plasmar sobre cualquier formato electrónico de documento, por lo que evidentemente el Secretario puede firmar la grabación del Pleno y sin duda este documento tendría –tiene- valor de acta. Más la pregunta que nos hacemos a continuación es: ¿la grabación del pleno o de cualquier otro acto más o menos solemne tiene eficacia jurídica en sí misma? El mundo del Derecho está lleno de ejemplos afirmativos. No, no sería un acta sin la firma del Secretario, pero sí una grabación en la que se demuestra, con nitidez de imagen y sonido, que un concejal toma posesión o injuria, por poner dos ejemplos totalmente divergentes; o bien que un contratista ha propuesto un cohecho durante una mesa de contratación. Esto nos lleva al tema de la prueba, que es uno de los más interesantes en esa nueva rama del derecho –rama impropia, pues en realidad no es nueva la materia, sino la forma-, llamada por algunos “Derecho de las TIC”. El apartado 8 del art. 3 de la Ley 59/2003 señala a partir de su redacción dada por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información lo siguiente:

“El soporte en que se hallen los datos firmados electrónicamente será admisible como prueba documental en juicio. Si se impugnare la autenticidad de la firma electrónica reconocida con la que se hayan firmado los datos incorporados al documento electrónico se procederá a comprobar que se trata de una firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, que cumple todos los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley para este tipo de certificados, así como que la firma se ha generado mediante un dispositivo seguro de creación de firma electrónica.

La carga de realizar las citadas comprobaciones corresponderá a quien haya presentado el documento electrónico firmado con firma electrónica reconocida. Si dichas comprobaciones obtienen un resultado positivo, se presumirá la autenticidad de la firma electrónica reconocida con la que se haya firmado dicho documento electrónico siendo las costas, gastos y derechos que origine la comprobación exclusivamente a cargo de quien hubiese formulado la impugnación. Si, a juicio del tribunal, la impugnación hubiese sido temeraria, podrá imponerle, además, una multa de 120 a 600 euros.

Si se impugna la autenticidad de la firma electrónica avanzada, con la que se hayan firmado los datos incorporados al documento electrónico, se estará a lo establecido en el apartado 2 del artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

Hoy en día el mundo del Derecho es esto. Y afecta, entendemos que mucho, a la profesión de Secretario de Ayuntamiento. Somos partidarios de atribuir toda la fehacencia posible a los medios electrónicos. En todo caso, y hablando exclusivamente de grabaciones, véase sobre todo el efecto transparencia, y también “el disuasorio”, ya que, dicho sea con todo el respeto, si grabáramos todas las reuniones se dirían menos tonterías, e incluso se frenarían descalificaciones que pueden acabar en condenas por injurias y calumnias. En el caso de un particular entendemos que solo se le puede grabar evidentemente con su consentimiento, salvo, en mi opinión, que intervenga abiertamente en un acto público –por ejemplo un ciudadano que habla en el punto de “ruegos y preguntas”-.

3. Administración electrónica local.

No vamos a entrar en cuestiones obvias, como que el procedimiento de elaboración de los Reglamentos y Ordenanzas Locales es el recogido en la normativa local –esencialmente el art. 49 LBRL– sin perjuicio de la necesaria adaptación a los llamados principios de buena regulación. Tampoco parece necesario un desarrollo más allá de recordar en este momento que los actos administrativos municipales se dictan por los órganos competencialmente competentes, que en municipios de régimen común son esencialmente el Alcalde (en ocasiones los Concejales Delegados) y el Pleno, y la Junta de Gobierno Local por delegación de los anteriores.

Más nos interesa art. 70.bis.3 LBRL (introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local), que establece literalmente:

“…las entidades locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas. Las Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos insulares colaborarán con los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente el deber establecido en este apartado”.

Sin duda puede el citado precepto considerarse el antecedente directo del “nuevo” epígrafe ñ del art. 25.2 LBRL que incorpora la LRSAL, según el cual corresponde a los Ayuntamientos la promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Como vemos ambos preceptos son similares –mejor curiosamente el texto de 2003-, siendo la principal novedad la ubicación, por primera vez, en el artículo que lista las competencias municipales[4].

Sin embargo el art. 70.bis.3, una década más antiguo y “peor ubicado” que el 25, entendemos que ofrece mucho mejor cobertura a las competencias municipales en esta materia, teniendo en este sentido una redacción más propia del 26 (servicios mínimos obligatorios) con el inequívoco “deberán”. A nivel de contenido, no hay duda de su mayor claridad y amplitud material, ya que el impulso de las TIC (“interactivo”, otra evidencia) abarca las siguientes acciones:

  • facilitar la participación de los vecinos,
  • facilitar la comunicación con los vecinos,
  • presentación de documentos,
  • realización de trámites administrativos,
  • realización de encuestas,
  • realización de consultas ciudadanas.

Como vemos, alguna de estas acciones entran dentro de la participación ciudadana (gobierno abierto) y otras son escrictu sensu “administración electrónica”.

Por último respecto del art. 70.bis.3, también es significativa la referencia de la Ley de 2003 a las Diputaciones, Cabildos y Consejos, cuyo paralelismo con las normas posteriores en este caso es doble: en primer lugar tenemos que en este punto se reproduce casi literalmente en la D.F.3.ª4. de la LAESP, y en segundo lugar vemos que conecta totalmente con las competencias de las Diputaciones:

 “En el ámbito de las Entidades que integran la Administración Local, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias. A estos efectos las Diputaciones Provinciales, o en su caso los Cabildos y Consejos Insulares u otros organismos supramunicipales, podrán prestar los servicios precisos para garantizar tal efectividad en el ámbito de los municipios que no dispongan de los medios técnicos y organizativos necesarios para prestarlos” (DF3.ª4. de la aún en vigor LAESP).

De forma coherente, y según la LRSAL (art. 36.1.g LBRL), corresponde a las Diputaciones no solo este rol supletorio, complementario o facultativo (“podrán prestar”), sino directamente la prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. El inciso genera alguna duda, no sobre lo que son “servicios de administración electrónica”, ya que parece claro que son aquellos que permiten a los usuarios relacionarse con los Ayuntamientos por medios electrónicos –haciendo de este modo efectivos sus derechos contenidos en la LPA-, pero quizá sí sobre lo que ocurre en los municipios de más de 20.000 habitantes (ya que esta competencia no aparece en el art. 26.1.c), sino únicamente en el 36); y sobre todo respecto de la “contratación centralizada”, más conocida como “central de compras”, que podríamos catalogar como un mecanismo propio de la contratación electrónica como concepto general y que actualmente se encuentra regulado en los arts. 203 a 206 TRLCSP, y que se potencia en el Proyecto de Ley de contratos que adapta las Directivas de 2014 (especialmente la DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014). Según el Considerando 69 de esta Directiva:

“Las técnicas de centralización de adquisiciones se utilizan cada vez más en la mayoría de los Estados miembros. Las centrales de compras se encargan de efectuar adquisiciones, gestionar sistemas dinámicos de adquisición o adjudicar contratos públicos/acuerdos marco para otros poderes adjudicadores, con o sin remuneración. Los poderes adjudicadores para los que se haya celebrado un contrato deben poder utilizarlo para adquisiciones puntuales o repetidas. Al tratarse de la adquisición de grandes cantidades, estas técnicas pueden contribuir a ampliar la competencia y deben profesionalizar el sistema público de compras. Por ello, conviene establecer una definición a escala de la Unión de las centrales de compras al servicio de los poderes adjudicadores y aclarar que dichas centrales operan de dos maneras diferentes.

En primer lugar, deben poder actuar como mayoristas al comprar, almacenar o revender o, en segundo lugar, deben poder actuar como intermediarios al adjudicar contratos, gestionar sistemas dinámicos de ventas o celebrar acuerdos marco que vayan a utilizar los poderes adjudicadores. En algunos casos, este cometido de intermediario puede desempeñarse ejecutando de manera autónoma los procedimientos de adjudicación pertinentes, sin recibir instrucciones de los poderes adjudicadores que entren en consideración. En otros casos, los procedimientos de adjudicación pertinentes se ejecutarán siguiendo instrucciones de los poderes adjudicadores de que se trate, en nombre y por cuenta de los mismos”.

Seguramente la contratación centralizada es una figura que, aunque útil en todos los ámbitos administrativos, tiene una incidencia especial en el ámbito de la contratación municipal. La vigente D.A.2ª.5 TRLCSP señala, en sintonía con la LRSAL (o viceversa), que en los municipios de población inferior a 5.000 habitantes las competencias en materia de contratación podrán ser ejercidas por los órganos que, con carácter de centrales de contratación, se constituyan (en la forma prevista en el artículo 204 TRLCSP) mediante acuerdos al efecto. Asimismo podrán concertarse convenios de colaboración en virtud de los cuales se encomiende la gestión del procedimiento de contratación precisamente a las Diputaciones provinciales o a las Comunidades Autónomas de carácter uniprovincial.

Anexo. Nuevo Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

© Todos los derechos reservados. Nosoloaytos. Web oficial de Víctor Almonacid Lamelas 2015. Aviso legal.

Notas al pie: 

[1] ALMONACID LAMELAS, V. La administración electrónica y el gobierno abierto en la LRSAL. El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Nº 5, Sección Colaboraciones, Quincena del 15 al 29 Mar. 2014, Ref. 517/2014, pág. 517, tomo 1, LA LEY 1150/2014.

[2] Estudiamos este sistema de notificación en La notificación en el procedimiento administrativo y electrónico local: evolución y medios. ALMONACID LAMELAS, V. El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Nº 15, Sección Actualidad, Agosto 2011, Ref. 1852/2011, pág. 1852, tomo 2, LA LEY 14665/2011.

[3] Ver La conservación de los documentos electrónicos: un nuevo desafío para la fe pública secretarial. HERRERO POMBO, C. El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Nº 18, Sección Actualidad, Quincena del 30 Sep. al 14 Oct. 2014, Ref. 1880/2014, pág. 1880, tomo 2, LA LEY 6094/2014; así como el artículo dedicado a “Conceptos de archivística” en este mismo especial de la Revista EC.

[4] Otra aportación es la adición de los términos “eficiente” y “sostenible”, en nuestra opinión un tanto recurrente (son “muy Smart City”) y no sabemos si incluso innecesaria, ya que el uso de las TIC por definición es eficiente y sostenible y no sabemos de qué manera puede promocionarse su mayor eficiencia (acaso no abusando de las comunicaciones electrónicas sólo porque sean rápidas y gratuitas) y sobre todo su mayor sostenibilidad. Lo que sí debe promocionar la administración, y en este caso no hubiera estado de más en el precepto, es el uso “legal y responsable” de las TIC, algo que ya exige la LSSI.

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