¿Por qué los Ayuntamientos son la administración del futuro?

Para los lectores de este blog, y en general para quien me conozca, no será una sorpresa (re)leer que me declaro absolutamente municipalista. No existe otro nivel de gobierno más antiguo (y por tanto más connatural al ser humano), ni hay otro con más futuro, por su perfecto encaje en las modernas tendencias, como Open Government y Smart City, por la misma globalización, y porque mientras se demuestre lo contrario (y algunos se empeñan en ello) todavía seguimos siendo humanos, prácticamente los mismos seres que descubrieron la agricultura en el Neolítico y dejaron de ser nómadas para asentarse en una especie de poblado donde formar una familia, cultivar, cuidar del ganado y enterrar a los muertos. Con esto apareció la religión y con ella la jerarquía, pero eso ya es otra historia… Soy un municipalista convencido y por eso me dedico a lo que me dedico. Yo estoy convencido pero… ¿cómo podría convencerles a ustedes?

Daremos cuatro argumentos que responden a por qué los Ayuntamientos son sin ninguna duda la administración del futuro. 

1.- Porque han sido el nivel de gobierno más importante de la Historia.

Sin perjuicio de la citada sedentarización neolítica, técnicamente hablando los orígenes del municipio se remontan a la época romana, manteniéndose hasta la Edad Media su carácter de entes autónomos y autogestionados, si bien más por la lejanía y dispersión del poder que por gozar de una verdadera autonomía local tal y como hoy la concebimos. Sea como fuere, el caso es que el municipio era importante, mucho, y se erigía en el verdadero centro de la vida comercial y social de la vida humana, especialmente las ciudades con puerto. No obstante, esta situación va a quebrar en la época de las grandes monarquías absolutistas (Francia, España…), en la que se produce una fuerte centralización política y el poder real literalmente “invade” la vida local. El siguiente punto de inflexión histórico lo marca evidentemente la Revolución Francesa, ya que sus postulados teóricos se oponen radicalmente a la concepción política anterior, y se potencian los principios de democracia y descentralización. Gran parte de la doctrina observa incluso que en la Revolución Francesa se halla el origen de la autonomía local. Hagamos un poco más de Historia del municipalismo, en este caso desarrollando (de una manera evidentemente no exhaustiva) lo que han sido los últimos 200 últimos años en España:

El siglo XIX comienza marcado por otro cambio revolucionario propio que fue la Constitución y las Cortes de Cádiz (1812), cuyos postulados liberales incorporan el carácter electivo y democrático de los Ayuntamientos. Fue la misma Constitución que creó a los Secretarios de Ayuntamiento. El sistema parecía muy bueno pero como sabemos, este siglo se caracteriza en nuestro país por la alternancia en el poder y el predominio del modelo centralizado o descentralizado según el poder político gobernante en el Estado. Así, con Fernando VII (Decreto de 1823) aparece el llamado Jefe político, como figura importante delegada de la monarquía, que controla Provincias y Ayuntamientos. La Constitución de 1845[1], por su parte, viene acompañada de la Ley de organización y atribuciones de los Ayuntamientos, de corte democrático pero conservador, de la cual destaca la figura del Alcalde-corregidor. Ya superado el ecuador de siglo, la “non nata” Constitución del 56 recupera el modelo democrático puro, y en este sentido la Ley de Ayuntamientos de 1856 representa una alternativa progresista a la del 45, por cual los vecinos eligen a sus representantes políticos en los Ayuntamientos. Menos liberal sin duda es la Ley de 1863,  de Gobierno y Administración de las Provincias, que destaca por instaurar la figura del Gobernador en la Provincia (que equivale al antiguo Jefe Político) y la del Alcalde-corregidor en los Ayuntamientos. Con la Revolución del 68, que incorpora sendas leyes (una municipal y otra provincial) de 1870, se recuperan e incluso se superan los planteamientos más liberales vividos hasta la fecha. La Constitución del 73 instaura la Primera República, pero tan sólo duró once meses. Por tanto la Constitución del 76[2] va a reimplantar el modelo conservador, que en el régimen local se completa con la normativa municipal de 76 y la Ley Provincial del 82.

Con esta situación entramos en el siglo pasado, el XX, que comienza con un panorama poco optimista dominado por la figura absoluta del Gobernador. En esta época numerosos proyectos de reforma fracasaron (el más significativo el de Maura de 1807), por falta de consistencia bien técnica o bien política. No fue sino hasta la Dictadura (llamada la “dictablanda”) de Primo de Rivera cuando se dictó el Estatuto Municipal de 1824 (que incorpora novedades importantes y vigentes, como el Padrón  Municipal o la municipalización de servicios, que no llegó a aplicarse), y el Estatuto Provincial de 1825. Por su parte, la Segunda República (Constitución de 1831), se caracteriza por la aparición de las Regiones, las cuales entre otras potestades gozan de competencia normativa sobre régimen local. En el ámbito estatal se aprueba la Ley Municipal de 1835, última antes de la Guerra Civil.

Del régimen político anterior destaca la Ley de Bases del 44, que da lugar a la Ley del 45, modificada en el 53, y, por supuesto, su versión definitiva: la Ley de Régimen local del 55, acompañada por sus Reglamentos (actualizados en el 86 salvo el “vigente” Reglamento de Servicios). El esquema político-territorial de esta etapa viene constituido, en la Provincia, por el Gobernador Civil (delegado estatal y presidente provincial a un tiempo), el Pleno, y la Comisión Provincial de Servicios Técnicos. El esquema municipal por su parte es igualmente tripartito y se compone del Pleno, que preside el Alcalde (quien también es un delegado gubernamental), y por la Comisión Permanente, que consta de éste y de los miembros que él designe.

Con la llegada de la Democracia y de la Constitución se recupera (primero para el Estado) el modelo electivo mediante la Ley 39/78, de Elecciones de las Corporaciones Locales, que mantiene el mencionado esquema pero con notables diferencias: todos los miembros de la Corporación son elegidos democráticamente, de acuerdo con los ya inminentes arts. 13, 23, 140 y 141 de la Constitución (que entrarían en vigor pocos meses más tarde); y la composición de la Comisión Permanente deriva del propio Pleno, por lo que sus miembros deben tener la condición de concejales. La propia Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local, de 19 de noviembre de 1975, había operado su propia reforma años antes por lo que respecta a las Diputaciones Provinciales. Finalmente cabe citar la Ley 40/81, de 28 de octubre, aprobando diversas medidas del Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, dictada a raíz de la declarada inconstitucionalidad de la Ley del 55 por la importante Sentencia del TC 4/81, de 2 de febrero.

Hasta aquí la normativa derogada[3], la evolución histórica del régimen local. La normativa vigente arranca como sabemos en los ochenta con la Ley de Bases del Régimen Local y con la Ley de Haciendas Locales (dictadas en base a los artículos 103, 137, 140 a 142 y 149.1.18), las cuales están vigentes pero han sido objeto de profundas modificaciones, sobre todo la primera, con la “película” de la LRSAL todavía en un momento anterior al “THE END”. Además, entretanto se ha producido la plena integración europea y se ha aprobado una Ley Básica reguladora del régimen jurídico de todas las AAPP (acompañada de otras leyes “generalistas”, como la de contratos, el EBEP y la propia Ley de transparencia).

En resumen: la autonomía local no pasa por su mejor momento pero al menos ahí queda el dato de que tiene, como mínimo, unos 2.000 años más que “otras autonomías”.

2.- Por la globalización. 

Al igual que la autonomía local, nuestro Planeta tampoco pasa precisamente por su mejor momento (guerras, desigualdad, crisis, violencia y todo tipo de dramas humanos causados, habrá que decir la verdad, por otros “humanos”). Todo ello en un escenario convulso, en el que la tecnología parece que tiene tanto de bueno como de malo (o mejor dicho, “de mal uso”), y en el que los valores humanos han involucionado de una forma siniestramente inversa a la evolución tecnológica. A pesar de todo, yo soy de los que piensan que la globalización es buena.

Hablaba de la integración europea, otro proceso que, “para variar”, tampoco está atravesando por su momento más dulce. Pero hay un principio clave dentro del sistema europeo que le da sentido al municipalismo, y que se llama subsidiariedad; un principio casi sinónimo al de proximidad e igualmente cercano al de autonomía local, por el que las autoridades locales deberían actuar en cualquier asunto público en el que la mejor dimensión de la actuación sea la procedente de la administración más cercana, algo que por un razonamiento basado en la pura lógica y el sentido común ocurrirá casi siempre (salvo que vaya usted a declararle la guerra a otro Estado, tenga que construir una autovía de 500 km o quiera subir el IVA). Quizá con la globalización se produzca una especie de ampliación del principio de subsidiariedad de la Unión Europea a nivel mundial. No obstante hay una previa: establecer un nivel de Gobierno mundial, algo que actualmente parece una utopía irrealizable pero que puede que algunos ustedes lo vean en vida. Hablamos de una especie de ONU ampliada cuantitativa y cualitativamente y centrada sobre todo en los problemas comunes a toda la Humanidad. Dicho de otra manera: cuando ya no haya planeta que dominar no sé para qué narices algunas multinacionales y magnates querrán ser más ricos y algunos políticos más poderosos, salvo que aspiren a reinar sobre cenizas, escombros y gases tóxicos.

El presente artículo tiene algo de predicción, pero estoy seguro de que si viven unas cinco décadas más o construyen una máquina como la de la foto comprobarán que hay muchos aciertos (Fotograma perteneciente al film "La máquina del tiempo", UK 1960)
El presente artículo tiene algo de predicción, pero estoy seguro de que si viven unas cinco décadas más o construyen una máquina como la de la foto comprobarán que hay muchos aciertos (Fotograma perteneciente al film “La máquina del tiempo”, UK 1960)

En cuanto a la relación de estos fenómenos con el municipalismo, es evidente. La globalización, y más aún un nivel o pseudonivel de gobierno mundial impondrá un modelo de Smart City de escala planetaria, probablemente más adaptado a la tipología china pero con la tranquilidad de que una ciudad es una ciudad. Este modelo será estándar, homogéneo. Para cuando llegue ese día, la tecnología de las telecomunicaciones debería gratuita en todas las ciudades y pueblos del mundo (vía satélite u otro sistema, más moderno y eficiente, que se conciba). Y Y cuando la tecnología sea gratuita (o al menos muy barata) desaparecerá la brecha digital, aunque somos conscientes de que esta no es la única brecha. Por último, cuando todo el mundo tenga Internet ese día será el principio del fin de las desigualdades en el mundo. En cuanto a esos nuevos municipios pensamos que serán grandes (o muy grandes) ciudades, constituidas por versiones ampliadas de las grandes urbes actuales, o por la fusión de varias más pequeñas en una nueva. Estos futuros gobiernos locales deberán aplicar políticas ultrademocráticas, aperturistas, medioambientales, sociales, integrales y globales. Su personal deberá estar compuesto por un potente staff técnico, integrado por juristas y economistas pero también por científicos, dado el carácter astrofísico y ambiental de los problemas.

3.- Porque son el nivel de gobierno ideal para el Gobierno abierto.

Ni que decir tiene que el gobierno municipal es, por próximo, por flexible y por servicios a prestar, el más adecuado para la implantación y el ejercicio del Gobierno abierto, la cuestión de las cuatro a la que más veces nos hemos referido en este blog, y por tanto a la que menos líneas dedicaremos en la presente entrada para no repetir razonamientos que ya hemos desarrollado hasta la extenuación.

4.- Smart & Human City.

La moderna gestión de una ciudad debe apoyarse necesariamente en un Plan estratégico. Este Plan debería tener en cuenta, a nivel interno, la organización y el funcionamiento (electrónico) de la entidad; y a nivel externo, el servicio público y su impacto en la ciudadanía, con la que en todo caso se debe empatizar. Estos planes deben ser o al menos tener en cuenta la perspectiva Smart City, debiendo desarrollar el aspecto tecnológico y de las telecomunicaciones (sensorización, plataformas, big data, open data…), así como el fomento de determinadas políticas públicas que resuelvan los problemas de los ciudadanos (servicios de mediación) y mejoren su calidad de vida (medio ambiente, salud, deporte, y por supuesto protección de los colectivos más desfavorecidos). Es por ello que nos encontramos en una evolución, dentro de la tendencia Smart City, que responde más a otras expresiones como Green City, Human City o Social City.

El avance de los tiempos nos encamina hacia un futuro a corto plazo en el que las ciudades cobrarán cada vez más importancia. El aumento de la esperanza de vida nos obliga a tener muy en cuenta los servicios de seguridad y sanidad, instrumentados evidentemente a través de las TIC. Todo ello sin descuido de la necesaria protección de datos y de la intimidad.

En este “mundo de mayores”, los niños serán nuestro bien más preciado y es por ello que se deberán desarrollar políticas públicas específicas para los más jóvenes, basadas sobre todo en el deporte, el desarrollo de valores para una vida saludable y la tecnología sostenible. Por otro lado, la protección del medio ambiente deviene fundamental para asegurar su futuro, para lo cual las telecomunicaciones también aparecen como un importante medio. Todas estas políticas públicas deben involucrar, tanto en su definición con en su destinatario, a todos los actores públicos y por supuesto a todas las personas, pero poniendo si cabe más el acento en los que más lo necesitan: los niños y los mayores. Por último, la eliminación de la citada brecha digital sigue siendo un reto para los poderes públicos que, no obstante, debemos abordar. Déjense por tanto de debates sobre servicios propios e “impropios”: estos son los nuevos servicios públicos locales, los que los Ayuntamientos deben prestar y que el resto de administradores deben financiar.

NOTAS AL PIE
[1] Cuyo Título XI (“De las Diputaciones Provinciales y de los Ayuntamientos”) disponía:
Art. 72. En cada provincia habrá una Diputación provincial, elegida en la forma que determine la ley y compuesta del número de individuos que ésta señale.
Art. 73. Habrá en los pueblos alcaldes y Ayuntamientos. Los Ayuntamientos serán nombrados por los vecinos a quienes la ley confiera este derecho.
Art. 74. La ley determinará la organización y atribuciones de las Diputaciones y de los Ayuntamientos, y la intervención que hayan de tener en ambas corporaciones los delegados del Gobierno.
[2] Cuyo Título X (“De las Diputaciones Provinciales y de los Ayuntamientos”) disponía:
Art. 82. En cada provincia habrá una Diputación provincial, elegida en la forma que determine la ley y compuesta del número de individuos que ésta señale.
Art. 83. Habrá en los pueblos alcaldes y Ayuntamientos. Los Ayuntamientos serán nombrados por los vecinos a quienes la ley confiera este derecho.
Art. 84. La organización y atribuciones de las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos se regirán por las respectivas leyes.
Estas se ajustarán a los principios siguientes:
1.º Gobierno y dirección de los intereses peculiares de la provincia o del pueblo por las respectivas corporaciones.
2.º Publicación de los presupuestos, cuentas y acuerdos de las mismas.
3.º Intervención del Rey, y en su Caso de las Cortes, para impedir que las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos se extralimiten de sus atribuciones en perjuicio de los intereses generales y permanentes.
4.º Determinación de sus facultades en materia de impuestos, a fin de que los provinciales y municipales no se hallen nunca en oposición con el sistema tributario del Estado.
[3] Recapitulando la normativa aludida en materia de régimen local, desde principios del siglo XIX hasta 1985 en que se aprueba la ley vigente, ésta viene constituida por las siguientes normas:
– Constitución de 1812: artículos 334 al 337.
– Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias, de 23 de junio 1813.
– Real Cédula de 30 de julio de 1814 por la que se manda se disuelvan y extingan los Ayuntamientos, Corregimientos y Alcaldes Mayores.
– Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias de 3 de febrero de 1823. Se ocupa en el Capítulo II (Art. 83 y siguientes) de las Diputaciones.
– Real Decreto de 30 de noviembre de 1933. División territorial por Provincias (conocido como de Javier de Burgos).
– Real Decreto de 25 de septiembre de 1835 sobre reorganización y establecimiento provisional de las Diputaciones Provinciales.
– Constitución de 1837, Artículos 69-71.
– Constitución de 1845, Artículos 72-74.
– Ley de Organización y Atribuciones de las Diputaciones Provinciales de 8 de enero de 1845 y Reglamento de la misma.
– Real Decreto de 7 de agosto de 1854, restableciendo la Ley del Trienio Liberal.
– Constitución de 1856, Artículos 74-77.
– Decreto de 16 de octubre de 1856, restableciendo la Ley de 1845.
– Ley de 25 de septiembre de 1863, para el Gobierno y Administración de las provincias.
– Reglamento de 25 de septiembre de 1863, para ejecución de la Ley de la misma fecha.
– Ley de 20 de septiembre de 1865 sobre Presupuestos y Contabilidad Provincial.
– Decreto de 21 de octubre de 1866, modificando la Ley de 25 de septiembre de 1863.
– Ley Orgánica Provincial de 21 de octubre de 1868.
– Constitución de 1869 (Capítulo VIII).
– Ley Orgánica Provincial de 3 de junio de de1870.
– Constitución de 1876, Artículos 82 y siguientes.
– Ley de Bases de 16 de diciembre de 1876.
– Ley Provincial de 2 de octubre de 1877.
– Ley Provincial de 29 de agosto de 1882.
– Proyecto de Ley de Bases de reforma de la Administración Local de 1903.
– Proyecto de Maura de 1907.
– Real Decreto de 18 de diciembre de 1913 sobre Mancomunidades Provinciales.
– Real Decreto de 18 de septiembre de 1923.
– Real Decreto de 12 de enero de 1924. Disolución de las Diputaciones, excepto en Vascongadas y Navarra.
– Estatuto Municipal de 8 de marzo de 1924.
– Estatuto de 20 de marzo de 1925, conocido como Estatuto Provincial de Calvo Sotelo.
– Constitución de 1931, Artículos 8-10.
– Decreto de 21 de abril de 1931, disolviendo los gobiernos locales y creando las Comisiones Gestoras.
– Decreto de 23 de diciembre de 1936 disolviendo las Comisiones Gestoras y creando los Consejos Provinciales.
– Ley de Bases de Administración Local de 17 de julio de 1945, aprobada por Decreto de 16 de diciembre de 1950 (Texto articulado de la Ley de Régimen Local). Creación de las “Comisiones de Servicios técnicos” controladas por los gobernadores encargada de planes provinciales de obras y servicios.
– Reglamento de población y demarcación territorial de las entidades locales, aprobado por Decreto de 17 de mayo de 1952.
– Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Corporaciones locales, aprobado por Decreto de 17 de mayo de 1952.
– Reglamento de funcionarios de Administración local, aprobado por Decreto de 30 de mayo de 1952. Reglamento de contratación de las Corporaciones locales, aprobado por Decreto de 9 de enero de 1953.
– Reglamento de bienes de las entidades locales, aprobado por Decreto de 27 de mayo de 1955.
– Reglamento de servicios de las corporaciones locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.
– Decreto de 24 de junio de 1955 por el que se aprueba el texto articulado y refundido de las Leyes de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945 y de 3 de diciembre de 1953.
– Ley de 12 de mayo de 1956 de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, crea las “Comisiones Provinciales de Urbanismo”, dependientes de los gobiernos civiles, y asigna a las diputaciones la competencia de preparar y redactar los planes provinciales de urbanismo.
– Ley de Reforma de la Haciendas Locales de 24 de noviembre de 1962.
– Ley de Presupuestos del Estado para 1975 (articulo 48).
– Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local de 19 de noviembre de 1975.
– Real Decreto de 30 de diciembre de 1976 por el que se ponen en vigor las disposiciones de la Ley de 1975, relativas a ingresos de las Corporaciones Locales.
– Ley 39/78, de 17 de julio, de Elecciones de las Corporaciones Locales
– Constitución de 1978.
– Real Decreto-Ley de 20 de julio de 1979 sobre medidas urgentes de financiación de las Corporaciones locales
– Ley 40/81, de 28 de octubre aprobando diversas medidas del Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.
– Real Decreto de 24 de julio de 1982 por el que se desarrollan y aplican algunas de las medidas en la Ley 40/81.
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