¿Son titulares las personas jurídicas del derecho fundamental “al honor”?

En un momento en que algunos cargos públicos exhiben una total inmadurez  y falta de templanza en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión en RRSS, no es de extrañar que el resto de las personas se hayan dejado llevar por una especie de espiral de improperios que, más allá de los insultos concretos a determinadas personas, está provocando una situación que hemos detectado y que calificamos al mismo tiempo de lamentable y “jurídicamente interesante”: las injurias a las instituciones, a las personas jurídicas públicas y privadas. Observando esta realidad nos surge la siguiente reflexión legal, que como siempre compartimos.

Queda claro, por lo visto en las RRSS o incluso por la misma realidad que se respira en el ambiente, que a mucha gente no le cae bien el Ministerio de Hacienda, o el Banco de Santander, o Vodafone, o la compañía del Gas, o el Ayuntamiento X hasta que ganan los nuestros (situación esta, por cierto, muy curiosa). Este fenómeno no es nuevo: de siempre los del Madrid han oprobiado al Barça (incluso más que a los del Barça), y por supuesto viceversa. Por tanto la casuística no es nueva, pero como en otras cuestiones, el auge de las RRSS ha multiplicado la problemática por diez. Opino que socialmente no es bueno que se pierda el respeto a las instituciones (no son infrecuentes los escarnios al Tribunal Constitucional, por ejemplo, institución que precisamente vamos a citar en este pequeño estudio), sobre todo por parte de la gente joven.

Como sabemos, según el art. 20.4 de la Constitución la libertad de expresión tiene su límite en el respeto de los otros derechos fundamentales, especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Además “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos” (art. 18.4 de la Constitución). Quizá no es gratuito replantearse si los derechos al honor y a la imagen y la reputación on line son derechos totalmente equivalentes, sobre todo porque en la cultura popular así se consideran y de hecho se esgrimen indistintamente para ejercer ese nuevo, y para nosotros dudoso, “derecho al olvido”, que por cierto se está desestimando para la mitad de las peticiones. Para el diccionario de la RAE “honor” y “reputación” son sinónimos, pero al margen de esta cuestión semántica identificarlos jurídicamente supondría en la práctica elevar a la categoría de fundamental el derecho a la reputación digital, algo que según algunos no es del todo exacto, ya que podrían originarse menoscabos de la reputación corporativa que no supongan una vulneración de los derechos recogidos en el artículo 18 de la Constitución, y que están especialmente protegidos por el sistema. Por el contrario, nuestra opinión es que las personas jurídicas tienen derecho al honor –lo que equivale, como mínimo en un 99%, a la reputación corporativa- y que este puede ser y de hecho es vulnerado en la Red. Un criterio interpretativo difícilmente rebatible es el de ser garantista con los derechos fundamentales y reconocerles una cierta amplitud, en este caso subjetiva. Se trata de proteger un bien jurídico. Es la ley penal la que no se aplica por analogía, pero negar el derecho al honor de las personas jurídicas parece no solo poco justificado jurídicamente sino poco prudente en la sociedad de las telecomunicaciones, llamada también “sociedad del conocimiento” aunque por desgracia muchas veces exhibe todo lo contrario. Dicho de otro modo: existe un derecho, muy democrático por cierto, a criticar, pero afirmar que las injurias gratuitas únicamente están prohibidas respecto de las personas físicas y no respecto de las jurídicas, alentaría los ataques a las instituciones. Eso sí, entendemos que se debe estudiar caso por caso la naturaleza de cada derecho individual de los recogidos en la Constitución para discernir si es extensible de forma natural a una persona jurídica.

Los políticos suelen ser especialmente flojos en la gestión de sus RRSS personales. Barack Obama representa una importante excepción.
Los políticos suelen ser especialmente flojos en la gestión de sus RRSS personales. Barack Obama representa una importante excepción. Su presencia en la Red es ejemplar.

Así parece avalarlo el Tribunal Constitucional, que sin titubeos reconoce de manera una expresa la titularidad del derecho al honor por parte de personas jurídicas de Derecho Privado, en concreto en la STC 135/1995, Sala 2ª, 29.9.1995 (MP: José Gabaldón López; BOE nº 246, de 14.10.1995), así como en la STC 183/1995, Sala 1ª, de 11.12.1995 (MP: Vicente Gimeno Sendra; BOE nº 11, de 12.1.1996). Y lo ha hecho precisamente a partir de un concepto de honor en sentido objetivo que es justamente el que recoge el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, el cual define el honor como buena reputación “la cual como la fama y aún la honra consisten en la opinión que las gentes tienen de una persona, buena o positiva, si no van acompañadas de adjetivo alguno”, tal y como recuerda Vidal Marín[1], quien también es de la misma opinión al afirmar que debe tenerse en cuenta, por un lado, que las personas jurídicas son creadas por las personas físicas con vistas a la consecución de determinados fines que de otra forma no sería posible conseguir. Esto es, las personas jurídicas constituyen un instrumento al servicio de los intereses de las personas físicas que las crearon. Pero, por otro lado, hay que tener en cuenta que los entes colectivos creados son la consecuencia del ejercicio de otros derechos fundamentales, básicamente, del derecho de asociación previsto en el artículo 22 CE, y el pleno ejercicio de este derecho conlleva que la organización creada tenga suficientemente garantizada su libertad de actuación en orden a la consecución de los fines propuestos, para lo cual deberán gozar de ciertos derechos fundamentales. A partir de aquí es posible afirmar que las personas jurídicas deberán ser titulares de aquellos derechos fundamentales que sean acordes con la finalidad que persiguen, esto es, las personas jurídicas deberán ser titulares de aquellos derechos fundamentales encaminados a la protección del objeto o finalidad perseguida por la misma (un ejemplo sencillo, un sindicato deberá ser titular de la libertad sindical). Pero además, prosigue el autor, las personas jurídicas deberán ser titulares de aquellos derechos fundamentales que aparezcan como medio o instrumento necesario para la consecución de la referida finalidad. Es, precisamente, en este ámbito en el que entra en juego el derecho fundamental al honor y ello porque el desmerecimiento en la consideración ajena sufrida por determinada persona jurídica conllevará, sin duda, la imposibilidad de que esta pueda desarrollar libremente sus actividades encaminadas a la consecución de sus fines. Justamente en este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la citada STC 135/1995 al afirmar que:

“resulta evidente, pues, que, a través de los fines para los que cada persona jurídico privada ha sido creada, puede establecerse un ámbito de protección de su propia identidad y en dos sentidos distintos: tanto para proteger su identidad cuando desarrolla sus fines como para proteger las condiciones de ejercicio de su identidad, bajo las que recaería el derecho al honor. En tanto que ello es así, las personas jurídica también puede ver lesionado su derecho al honor a través de la divulgación de hechos concernientes a su entidad, cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena”.

[1] Vidal Marín, Tomás. “Derecho al honor, personas jurídicas y tribunal constitucional”; InDret, Revista para el análisis del Derecho. Nº 397, Barcelona, enero de 2007. URL http://www.indret.com/pdf/397_es.pdf
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