Leyes autonómicas sobre #transparencia

A pesar del protagonismo en los últimos tiempos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTBG), y con su Reglamento de desarrollo a punto de ser aprobado (recomiendo las reflexiones al respecto de Miguel Ángel Blanes), la normativa sobre transparencia –y otras cuestiones relacionadas- no es ni única ni siquiera principalmente estatal. Valga la presente como un recopilatorio de las normas sobre transparencia vigentes en el territorio estatal.

Debiéramos comenzar por el legislador europeo, ámbito en el que destacamos la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público. Descendiendo al nivel territorial del Estado, debemos mencionar, en el ámbito sectorial, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, así como la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, que como puede apreciarse es anterior a la Directiva y es por ello que ahora mismo está en proceso de actualización.

El silencio negativo de la ley estatal es, en efecto, muy negativo
El silencio negativo de la ley estatal es, en efecto, muy negativo

Sobre la materia concreta de transparencia, cabe reconocer el impacto y la influencia de la LTBG a la hora de despertar al legislador autonómico, afirmación que avalan las hasta diez iniciativas legislativas autonómicas posteriores a la aprobación de la Ley estatal, todo ello sin perjuicio de la aprobación de numerosas Ordenanzas y Reglamentos municipales, muchos de ellos inspirados en la Ordenanza tipo de la FEMP (aprobada por su Junta de Gobierno el 27 de mayo de 2014).

Las leyes autonómicas sobre transparencia aprobadas hasta el momento son las siguientes (por orden cronológico). Excepto tres de ellas, el resto son posteriores a la LTBG. Por otra parte, como se puede apreciar, no todas ellas son aplicables a la administración local, en cuyo caso gana fuerza la necesidad de aprobar una Ordenanza de transparencia:

Ley/CCAA

Aplicable a la administración local Entrada en vigor
Ley 4/2006, de 30 de junio, sobre normas reguladoras de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública gallega NO
3 de Agosto de 2006. Versión actual desde 20 de Mayo de 2015
Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra NO 28 de Diciembre de 2012
Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura SI
24 de Noviembre de 2013. Versión actual: 10 de Abril de 2015
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía SI 30 de Junio de 2015
Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja NO
18 de Septiembre de 2014. Versión actual: 01 de Enero de 2015
Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de Murcia NO 19 de Diciembre de 2014
Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública de Canarias SI 10 de enero de 2015, excepto el título II: 9 de julio de 2015.
Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de Catalunya SI 30 de Junio de 2015
Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León NO 10 de Diciembre de 2015
Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón NO 10 de Julio de 2015
Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana SI 09 de Abril de 2015
Proyecto de Ley de Transparencia de Asturias aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 9 de abril de 2014 SI

En tramitación

Anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen gobierno de Euskadi Parcial (D.A.2ª)

En tramitación

La siguiente tabla ha sido elaborada desde el punto de vista de su contenido en comparación con los tres pilares de la Ley de transparencia: publicidad activa, derecho de acceso a la información, y buen gobierno. En cuanto al derecho de acceso a la información, se regulan procedimientos que deben concluir expresamente o, en su defecto, por silencio positivo (contrariamente a la LTBG). Por otra parte, la mayoría de estas leyes recogen apartados específicos de participación, reutilización, planificación y evaluación, superando en este sentido el contenido de la ley estatal.

Ley/CCAA Publicidad activa Derecho de acceso Buen gobierno
Ley 4/2006, de 30 de junio, sobre normas reguladoras de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública gallega SI SI (sucintamente) SI
Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto de Navarra SI SI SI
Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura SI SI SI
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía SI SI NO
Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja SI SI SI
Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de Murcia SI SI NO
Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública de Canarias SI SI NO
Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de Catalunya SI SI SI
Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León SI SI NO
Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón SI SI NO
Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana SI SI SI
Proyecto de Ley de Transparencia de Asturias aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 9 de abril de 2014 SI SI NO
Anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen gobierno de Euskadi SI SI SI

Como vemos, el Buen Gobierno queda legalmente desvinculado de algunas de las normas estudiadas, estando no obstante regulado (o desarrollado) en una norma ad hoc en los siguientes casos: 

Norma

Aplicable a la administración local Comentarios
Ley 1/2008, de 2 de julio. Reguladora de los Conflictos de Intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración de Cantabria.
 
NO
Su título III establece el Régimen deontológico de los altos cargos de la administración cántabra
Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (desarrolla este aspecto concreto de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto).
NO
Véase también la Resolución de 31 de marzo 2009, Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el código ético de conducta de los miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se adoptan medidas de transparencia, contención y austeridad en la ejecución del gasto público.
Ley Foral 2/2011, de 17 de marzo, que establece el Código de buen gobierno de Navarra.
SI
Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears
NO
Regula aspectos sobre transparencia, acceso a la información, administración electrónica, calidad y evaluación.
Resolución 13/2013, de 28 de mayo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno «por el que se aprueba el Código Ético y de Conducta de los cargos públicos y personal eventual de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi».
NO
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado
NO
Regula esencialmente el  régimen de incompatibilidades de los altos cargos del Estado.
Código de Buen Gobierno Local, aprobado por la Comisión Ejecutiva de la FEMP, en su reunión del 15 de junio
SI, tras la adhesión
Las Entidades Locales que se adhieran al Código de Buen Gobierno tendrán que hacerlo mediante la adopción del correspondiente acuerdo por el Pleno de Corporación y comunicarlo a la FEMP, para su conocimiento y, en su caso, seguimiento. La adhesión conlleva el compromiso de promover la incorporación a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana impulsada por la Federación.

En definitiva, muchas nuevas normas, pero como hemos afirmado en numerosas ocasiones, conceptos como “transparencia”, “rendición de cuentas”, “acceso a la información” y “Buen Gobierno” no pueden coger por sorpresa a los gestores públicos que ya venían cumpliendo escrupulosamente el ordenamiento jurídico.

Anexos:

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