Derechos de las personas en el Estado Social y Tecnológico de Derecho

Habría que explicarles a los que piensan que la administración debe ser la misma de siempre que el ciudadano ya no es el mismo de hace una década, y no tiene absolutamente nada que ver con el de hace 20 años. Las relaciones jurídicos-administrativas han evolucionado, y aquel ciudadano sumiso, subyugado y en ocasiones atemorizado por una administración lenta e intencionadamente burocrática, se ha convertido en un usuario de servicios, a veces privados y a veces públicos. En el segundo caso podríamos hablar de relación jurídico-administrativa moderna. Este nuevo ciudadano, plenamente integrado en la sociedad del conocimiento, conoce, valga la redundancia, todos sus derechos, y en condiciones normales va a exigirlos a cambio de sus impuestos.

Haciendo un breve resumen histórico, debemos comenzar por el reconocimiento mismo de los derechos, ya que en el modelo de gobierno de monarquía absoluta la mayoría de ciudadanos tenían un rol de vasallaje, hasta que el reconocimiento universal de los derechos humanos proclamaba por encima de todo la igualdad entre todas las personas del mundo. La inercia generada por los Tratados Internacionales de Derechos tuvo un impacto desigual en las distintas Constituciones estatales, las cuales por otra parte siempre se han caracterizado por disponer un amplio catálogo de derechos, que en un Estado Social y Democrático de Derecho eran de tres tipos: fundamentales, sociales y de participación democrática. A destacar en este sentido la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. A nivel mundial también destacamos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmados ambos en Nueva York en el año 66. A nivel europeo debemos citar el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del año 50, la Carta Social Europea del 61, y desde luego el Tratado Constitucional, en especial su Parte II (“Carta de los derechos fundamentales de la Unión”). Finalmente, a nivel nacional, se recogen en el Título I de la Constitución española.

El bosón de Higgs descubierto y algunos niegan los derechos electrónicos de los ciudadanos
El bosón de Higgs descubierto y algunos niegan los derechos electrónicos de los ciudadanos

El reconocimiento de los derechos en las Constituciones de los Estados nos llevó a diferenciar, en muchos casos, entre derechos de los nacionales y derechos de los extranjeros. La misma Constitución española, en su Título I, diferencia algunos derechos fundamentales que en principio corresponden sólo a los españoles (p.ej. arts. 14, 19 y 29.1), de otros de carácter universal (p.ej. arts. 15,17 y 24). Por su parte el art. 18.2 de la LBRL establece: “La inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España”.

Partiendo de las estructuras democráticas que se han ido consolidando en los estados en los últimos pocos siglos, no cabe duda de que hemos llegado a una nueva generación de derechos de los ciudadanos. Podemos hablar de una nueva fase en la evolución del Estado Social y Democrático de Derecho: “El Estado Tecnológico de Derecho”, ya que la configuración histórica de cada uno de los “tres estados” ha venido propiciada precisamente por la incorporación paulatina de nuevas generaciones de derechos (“fundamentales”, “sociales”, y “democráticos”).

Al Estado de Derecho le debemos el principio de legalidad, así como los otros principios, derivados, que recogen los epígrafes 1 y 3 del art. 9 de la Constitución española: sometimiento a la misma y al resto del ordenamiento jurídico, jerarquía normativa, publicidad de las normas, seguridad jurídica… El Estado de Derecho se basa en el reconocimiento de los Derechos Fundamentales, y de hecho el momento histórico en el que se fragua dicha concepción estatal coincide con el reconocimiento internacional de estos Derechos.

Más adelante, un nuevo derecho, el de participación política (y sindical, y ciudadana), penetra en el entramado anterior, aportando la dimensión de la democracia, absolutamente necesaria para que los derechos fundamentales pasen de la teoría a la práctica. Posteriormente, los derechos de participación ciudadana han experimentado su propia evolución, y se puede decir que con el éxito de Internet y las RRSS, pero sobre todo por el auge del modelo de Gobierno Abierto, se encuentran en un buen momento.

Tras el estado democrático, la última etapa que siempre nos explicaron deriva de la incorporación de los derechos sociales (vivienda, medio ambiente, seguridad social…), que dio entrada al Estado Social, y que a pesar de que se enfrenta en un primer momento con el Estado de Derecho, acaba no obstante encajando y conviviendo con las anteriores etapas. Se consolida así el Estado Social y Democrático de Derecho (art. 1.1 de la Constitución).

En el siglo XX hubiéramos concluido esta breve exposición histórica en el párrafo anterior, pero ya han pasado algunos años y ahora mismo debemos seguir. Del “Estado tecnológico de Derecho”, que se podría definir como la plasmación jurídica de la realidad socio-tecnológica del siglo XXI, derivan los derechos electrónicos o digitales, que son los derechos contenidos en la normativa sobre Administración Electrónica. No lo consideren una revelación, pues desde 2007 en España (antes en otros países), estos derechos aparecen en la Ley. Este “cuarto estado” profundiza en el Estado democrático al permitir y fomentar la participación e información a través de las nuevas tecnologías. Y lo hace desde las normas, desde el Estado de Derecho, ya que el legislador (“los legisladores” en realidad) ha reaccionado ante el nuevo contexto socio-tecnológico con un elenco de normas entre las que la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos es simplemente una más. También se relaciona con el Estado social, por responder estos cambios legales precisa y directamente a las exigencias de la sociedad, y se basa en la respuesta a sus nuevas necesidades, las necesidades tecnológicas, de las que derivan los servicios electrónicos, una nueva etapa en el Estado de Bienestar, compatible no obstante, y por primera vez, con el principio de eficiencia. Simultáneamente la sociedad ha ido tomando conciencia en los últimos años del peligro medioambiental al que se enfrentan las generaciones futuras, y esto ha marcado una nueva tendencia en la implantación de las tecnologías, la cual se podría plasmar en la palabra sostenibilidad, aunque ya se han acuñado otras expresiones como Green IT, que integra claramente ambos conceptos, dando cuenta que se trata de las dos caras de una misma moneda. En el marco de una administración municipal, la consecución de esta otra nueva generación de derechos, los derechos ecológicos desde la perspectiva de la tecnología sostenible, deriva de forma natural en los proyectos de Smart City (para ciudades de cierto tamaño) o bien simplemente de servicios inteligentes (para cualquier municipio). Dicho en pocas palabras: no tiene sentido que un vecino pase 20 minutos de su tiempo dando vueltas a la manzana (y emitiendo CO2) para encontrar aparcamiento si una red de sensores vinculada al GPS puede informarle en tiempo real de las plazas libres. En este sentido, otra norma que regula derechos es la Ley de Bases del Régimen Local (art.18). Uno de esos derechos (en este caso “de los vecinos”) es el de exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público. Mucho se habla de si el servicio debe ser propio, obligatorio, delegado, reservado… Pero en nuestra opinión siempre se excluye del debate la importante cuestión de la calidad del servicio, y sobre todo en qué consiste hoy en día. En nuestra opinión el ciudadano tiene derecho a que los servicios públicos sean inteligentes, y también lo tiene, vía Constitución, a que además de su mero establecimiento se establezcan asimismo los cauces para poder utilizar dichos servicios, lo que nos llevaría, por ejemplo, a la necesidad de establecer el servicio municipal de WiFi, que podemos definir como un servicio que permite utilizar otros servicios.

¿Vive usted aquí? Pues debería, porque tiene derecho a ello
¿Vive usted aquí? Pues debería, porque tiene derecho a ello

En resumen, en el momento presente dos fenómenos marcan esta evolución en los derechos de las personas. Por un lado la integración europea, que conlleva el reconocimiento, ya desde Maastricht, de la llamada ciudadanía de la Unión Europea que implica una serie de derechos propios de los europeos, que son objeto de garantía y defensa ante en Tribunal de Justicia Europeo. Véase en este sentido la a Recomendación 19/2001 del Comité de Ministros (en este caso del Consejo de Europa) a los Estados miembros sobre la participación de los ciudadanos en la vida pública en el nivel local, y la Decisión del Consejo (de La Unión) 2004/100/CE, de 26 de enero, por la que se establece un Programa de Acción comunitario para la promoción de la ciudadanía europea activa. Más nos gustaría hablar de igualdad de todas las personas de todo el Mundo, pero de momento parece que jurídicamente solo está garantizado a nivel europeo, lo cual evidentemente no quiere decir, por desgracia, que no haya desigualdades dentro del territorio de la Unión. Por otro lado el reconocimiento, por ley, de los derechos electrónicos de los ciudadanos, que nos lleva a afirmar que la fase actual del Estado de Derecho es el Estado Social y Tecnológico de Derecho, que definido de una forma muy sencilla es aquel en el cual los todos los demás derechos, especialmente los de participación, se pueden ejercer por medios electrónicos.

Estos derechos electrónicos, que se pueden considerar de alguna forma la versión 2.0, nunca mejor dicho, del art. 35 de la LRJPAC, se pueden listar, de la forma más actualizada posible, refiriendo el art. 27 del Anteproyecto de la Ley de Procedimiento Administrativo:

Las personas, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos:

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un punto de acceso general electrónico de la Administración.

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.

e) A ser tratados, con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

h) A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

Un detalle importante es que siempre se ha hablado de derechos de los ciudadanos, de los vecinos, de los administrados, de los contribuyentes, de los españoles, de los extranjeros… En plena era digital la nueva Ley de Procedimiento no puede hablar sino de derechos de las personas. Téngase muy en cuenta. Por otro lado vemos cómo el listado acaba con una cláusula abierta que establece una remisión genérica a otras leyes, empezando por la propia Constitución. Dos de esas leyes son, en primer lugar, la misma Ley de Procedimiento, que en su art. 67 (del Anteproyecto) recoge en este caso los derechos de los interesados, esto es, los que tienen tal condición en relación a un procedimiento administrativo. En puridad, es este listado el que realmente constituye esa versión actualizada del catálogo de derechos del art. 35 de la Ley 30/1992, incluso del recogido en el art. 6 de la Ley 11/2007. Y en segundo lugar la Ley de Bases del Régimen Local, que regula los derechos de los vecinos en relación a la administración más próxima, motivo por el cual la mayoría de estos derechos son de participación. Como vemos la reflexión nos lleva al Open Government con la misma facilidad que hace unas líneas nos llevaba a la Smart City. No tengan ninguna duda de que esta es la administración (sobre todo municipal) que ahora quiere el ciudadano: tecnológica, social, participativa, eficiente, sostenible… La que quiere, y a la que tiene derecho.

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