Entrevista a Elisa de la Nuez: Secretarios e Interventores contra la corrupción

La semana pasada se celebraron las “Jornadas sobre transparencia y regeneración del Gobierno y la Administración Local ” coorganizadas por COSITAL, COSIT Madrid y el Despacho Broseta. En relación a las mismas me ha parecido oportuno entrevistar a Elisa de la Nuez, quien participó de forma concreta en la mesa que yo mismo moderé. Debo decir que la mesa fue excepcional y todos los ponentes estuvieron brillantes, abordando sin timidez temas sensibles como los delitos de corrupción, los fallos de la Ley de Contratos, o las relaciones entre los políticos y los Secretarios e Interventores. Sobre la parte que expuso Elisa hemos profundizado en la entrevista.

V.- Se suele afirmar por parte de los Secretarios, Interventores y Tesoreros, funcionarios encargados del control de legalidad en los Ayuntamientos, que no se sienten (o no nos sentimos) “arropados” por el sistema, ¿cuáles son, de forma resumida, estos fallos del sistema en relación a la garantía del correcto e independiente ejercicio de estas funciones de control?

E.- Me parece lógica esa sensación en la medida en que creo que en España (pese a lo que dicen nuestras normas) no se garantiza suficientemente la neutralidad y la independencia de los funcionarios, especialmente de los encargados de las funciones de control. El hecho de que la carrera profesional, la cobertura y cese de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, las retribuciones o incluso la apertura de expedientes sancionadores dependan de los controlados, es decir, de los cargos públicos a los que teóricamente se debe de controlar y supervisar es un dato muy relevante. No podemos pedir a los funcionarios que sean héroes o heroínas, aunque hay que decir que algunos lo son. Necesitamos instituciones y cargos públicos que funcionen con normalidad y que asuman que el control de legalidad es esencial para el buen funcionamiento de las corporaciones y la defensa de los intereses generales. Que cuando se dice que algo no es correcto o que no se puede hacer no es por un problema personal o de falta de sintonía sino sencillamente  es un ejercicio de una función pública que consiste precisamente en velar por la legalidad de las actuaciones. Es más, creo que que debería verse casi como una garantía o un seguro en los tiempos que corren para el cargo electo. 

De izquierda a derecha: Elisa de la Nuez, Abraham Castro, Víctor Almonacid, Begoña Larraínzar y Elena Vicente
De izquierda a derecha: Elisa de la Nuez, Abraham Castro, Víctor Almonacid, Begoña Larraínzar y Elena Vicente

V.- ¿Qué propuestas podríamos “elevar” al legislador, de lege ferenda, para mejorar esta situación?

De “lege ferenda” podemos precisar cuales exactamente esas funciones de control. incluso ampliarlas, y determinar como deben realizarse y sobre todo cuales son las consecuencias de que no se respeten. También parece preciso aumentar la transparencia y creo que sería bueno que los cargos electos no interviniesen en la gestión del día a día, ni, por ejemplo, se sentasen en mesas de contratación que deben de tener carácter técnico. Soy además partidaria de limitar las facultades de los alcaldes (el fenómeno del “strong major” da lugar a mayor corrupción, está muy estudiado) y reforzar el carácter profesional de la gestión ordinaria, así como establecer mecanismos adecuados de evaluación de políticas públicas para evitar ocurrencias o decisiones carentes de todo fundamento. También me parece que hay que introducir mayores controles en los grandes municipios donde precisamente son menores lo que es el mundo al revés. En cuanto a la cobertura de puestos de trabajo soy partidaria del sistema de concurso para los puestos de control, y en cuanto a las retribuciones de cualquier sistema que evite la dependencia del controlador del controlado. Sería interesante también recuperar algo parecido a una Intervención General en el ámbito local y a una Asesoría jurídica local general para introducir unidad de criterio y para apoyar a los concretos funcionarios que lo aplican en cada municipio. E introducir la protección del denunciante de la corrupción, algo esencial si de verdad se quiere combatir esta lacra. Dicho eso, me parece que de “lege data” deberíamos empezar por cumplir la normativa en vigor, que no es poco.

V.- En tanto se tomen estas medidas, ¿cómo podemos trabajar dentro de escenarios de mobbing, presión o cualquier otro tipo de reprobación menor digamos “no denunciable”? 

E.- Creo que mientras tanto en esos escenarios es esencial contarlo, particularmente si hay posibilidad de hacerlo llegar a los medios de comunicación, claro está, pero en cualquier caso es imprescindible que se sepa. En el silencio y la opacidad el funcionario que sufre estas conductas se encuentra solo e indefenso; cuando habla de su caso, es probable que encuentre otras personas que lo han padecido y también que encuentre ayuda para resistir las presiones y para denunciarlas si es el caso. Lógicamente entiendo que el apoyo corporativo también es importante tanto el de los funcionarios del mismo cuerpo como el de otros (por ejemplo, pienso en FEDECA) que hayan sufrido casos parecidos, dado que lamentablemente no son infrecuentes. Sin duda lo peor es callarse, porque eso garantiza de alguna forma la impunidad de los que realizan esas actuaciones ya que, de entrada, solo se enteran unos pocos. Y desde luego si hay materia suficiente para denunciarlas en vía administrativa o judicial hay que proceder a hacerlo, aunque entiendo que no siempre es fácil. 

V.- Usted y yo, al igual que otras personas que hablan frecuentemente sobre transparencia, solemos relacionar el concepto con el de ética e interiorización de valores de tipo deontológico. Es evidente que una simple ley no puede lograr mejorar la calidad moral de nuestros gobernantes, ni siquiera aunque incorpore un apartado de “buen gobierno”. ¿Cómo podríamos lograrlo los ciudadanos?

E.- Sin duda el buen gobierno o la transparencia no van a llegar solo porque lo diga una ley, aunque ciertamente las leyes ayudan, sobre todo si contienen “palancas” o incentivos suficientes, lo que no es por otro lado el caso de la Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno. Particularmente las normas de buen gobierno resultan prácticamente programáticas, dado el tipo de sanciones que establecen y sobre todo la competencia para imponerlas. El papel de la ciudadanía es por tanto clave, tenemos que ser muy exigentes con el comportamiento de nuestros cargos públicos, y hacerselo ver. No son tolerables ciertas conductas y hay que denunciarlas, criticarlas y en la medida de lo posible impedirlas. De nuevo la publicidad y por supuesto la utilización de las vias legales me parecen fundamentales. También creo que la sociedad civil, en la medida en que permite agrupar iniciativas que van en esa dirección y aglutinar esfuerzos puede ayudar a cambiar la cultura de nuestro país, que ha sido tremendamente laxa durante estos últimos años. Probablemente también nos toque reflexionar un poco a los ciudadanos de a pie, porque creo sinceramente que ciertas conductas que hoy nos escandalizan hace unos años nos preocupaban bastante menos, o no les dábamos tanta importancia. En todo caso, bienvenido sea el cambio y ojalá que podamos entre todos ir elevando los estándares éticos de nuestra democracia y nuestra función pública.
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