Especial El Consultor sobre firma electrónica

Como ya adelantamos, la revista El Consultor de los Ayuntamientos tuvo a bien programar un número especial sobre Firma electrónica y encargarnos la elaboración y coordinación del mismo. Ya ha visto la luz. Se trata del especial de la revista con Ref Núm. 7.155 Madrid, 15 de marzo de 2015 Año 163 – Núm. 5, primer monográfico dedicado al importantísimo tema de la firma electrónica entendida en todas sus vertientes -jurídica, técnica, del funcionario, del ciudadano…-, amplitud que puede vislumbrarse en el Índice de la revista, si bien, desde luego, aconsejamos la lectura del ejemplar completo. Hablamos de temas como la firma electrónica de los Secretarios, el Reglamento europeo de identificación electrónica de los ciudadanos, la nueva Ley de Procedimiento, el DNI 3.0, y sobre todo, la sensación o más bien la certeza, de que las cosas que desde hace años advertíamos que estaban en proceso de cambio ya han cambiado: lo ha hecho el procedimiento, la forma en la que nos relacionamos con los ciudadanos, la función de fe pública, y la propia profesión de Secretario municipal. Para afrontar no ya los cambios sino estas “consumaciones, insistimos una vez más en que lo más importante es dar formación, información, doctrina, criterios, pautas. Habrá muchas dudas pero estamos aquí para resolverlas, y lo haremos entre todos pues para nada nos atribuimos la etiqueta de “máxima autoridad” sino más bien las de “promotor” o “divulgador”. En todo caso la revista incluye 10 consultas que podríamos considerar “preguntas frecuentes”. Por ejemplo:

En aras de establecer políticas de seguridad para preservar la validez permanente de los documentos electrónicos, ¿existe obligación de mantener la vigencia de sus firmas electrónicas y para ello refirmar periódicamente todos los documentos? Dimos esta RESPUESTA

Pero nuestra preferida es ¿Hasta qué punto podemos fiarnos de la tecnología actual para el cumplimiento de la legalidad vigente? He aquí la contestación:

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos nos obliga como entidades públicas a hacer uso de los medios electrónicos, tanto mecanizando internamente nuestros procesos administrativos, como ofreciendo al ciudadano estos servicios por los medios digitales legalmente establecidos. El nivel de exigencia de esta obligatoriedad aumentará en pocos meses con la aprobación de la Ley de procedimiento, que asume el procedimiento electrónico como el único posible. Sin embargo, y aún desde la voluntad evidente de cumplir todas las leyes, existe en el ambiente una cierta desconfianza por parte de los compañeros sobre la seguridad jurídica de las herramientas electrónicas que soportan el procedimiento que viene a sustituir al papel. Analicemos algunas de ellas desde el punto de vista jurídico.

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La revista más antigua sobre administración local (1852) trata sobre temas de rabiosa actualidad. Perfecta combinación

1. Firma electrónica de los funcionarios (art. 18 de la Ley 11/2007 y Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica). La identificación y autenticación del ejercicio de la competencia de la Administración Pública, órgano o entidad actuante, cuando utilice medios electrónicos, se realizará a través de la firma electrónica del personal a su servicio. El proceso de firma electrónica de un documento proporciona fiabilidad desde tres aspectos fundamentales: integridad, autenticidad y no repudio. Esto significa que la tecnología asegura que si el certificado ha permanecido en la custodia del firmante, no puede decir que no ha sido él y además no se puede tocar ni una coma del documento sin que este automáticamente se invalide. Esto es sin duda una ventaja fundamental sobre la firma manuscrita. Adicionalmente los documentos electrónicos pueden estar a disposición de todo el mundo por medios electrónicos, sin necesidad de fotocopias, pudiendo sacar las copias electrónicas que sea necesario. El principio de eficiencia también se encuentra en diversas normas del ordenamiento jurídico.

2. Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada (art. 18 Ley 11/2007). Ante todo indicar, que según el art.13.3 de la Ley 11/2007 las Administraciones Públicas podrán utilizar los siguientes sistemas para su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan:

  • Sistemas de firma electrónica basados en la utilización de certificados de dispositivo seguro o medio equivalente que permita identificar la sede electrónica y el establecimiento con ella de comunicaciones seguras.
  • Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, conforme a lo específicamente acordado entre las partes (véase el art. 20 de la Ley 11/2007)
  • Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
  • Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada. En relación a esta última disponemos de los siguientes medios:

a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos certificados incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, pudiendo contener la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos.

b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano o entidad y, en su caso, a la persona firmante del documento, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente. (Véase al respecto la Orden FOM/2159/2013, de 31 de octubre, por la que se regula el sistema de código seguro de verificación de documentos electrónicos del Ministerio de Fomento).

c) Sello de tiempo. Cualquier documento o acto administrativo electrónico deja constancia fehaciente de la fecha y la hora mediante el sellado de tiempo. En derecho administrativo es importante en relación al cómputo de plazos, como es el caso del dies a quo para la interposición de recursos.

3. Sistemas de identificación ciudadana (arts. 13 a 16 de la Ley 11/2007 y REGLAMENTO (UE) 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior). En la actualidad han aparecido tecnologías que simplifican los métodos de firma, como pueden ser los sistemas de claves concertados o el NFC en el DNI electrónico. En principio no van a suponer una gran mejora de cara a la gestión interna de la información electrónica pero sí se van a generalizar en el ciudadano. Hablamos pues de una mejora desde el punto de vista del front office (aunque puede usarse como método de firma para personas con teletrabajo o movilidad frecuente). Dichos nuevos sistemas de identificación electrónica ya encuentran amparo legal en los Reglamentos europeos y, en su momento, en la normativa interna que se dicte en desarrollo de los mismos, si bien cabe recordar que los Reglamentos europeos son de aplicación directa y no precisan, como las Directivas, de ser articulados en una norma de derecho interno.

En resumen, la administración electrónica se apoya en herramientas que demuestran una mayor seguridad jurídica que la inherente al procedimiento en papel. Dicha seguridad comienza por el propio amparo otorgado por la normativa citada. A mayor abundamiento, en desarrollo de la ley 11/2007, se dictó el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), hoy ya en trámite de modificación-. El ENS debía ser aplicado en los Ayuntamientos en enero de 2014, a más tardar, teniendo como finalidad asegurar precisamente la seguridad, integridad, disponibilidad, autenticidad, y confidencialidad de los documentos electrónicos. Así pues, si existiere algún tipo de problema este no deriva, en ningún, caso de la falta de adaptación a la legalidad de la tecnología.

ANEXO. Personas que han colaborado en el Especial. Coautores: Montse CARPIO CARRO, Lorenzo PÉREZ SARRIÓN, Joan Carles FAUS MASCARELL, Fernando GALLEGO GARCÍA, Miguel Ángel DAVARA RODRÍGUEZ, José Antonio MARTÍNEZ BELTRÁN, Hilario LLAVADOR CISTERNES, Ramón FERRI TORMO, Vicente RODRIGO INGRESA, Pedro BELENGUER GUILLÉN, Mar IBÁÑEZ MARTÍ, Jaime CASTELLÓ RODRÍGUEZ, José Antonio AMADOR GARCÍA, Marta PAGÁN MARTÍNEZ, Ignacio MARTÍNEZ VILA, Pau DEL CANTO RODRIGO, David CIRIA PUYUELO, Enric HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Eduardo BALAGUER PALLÁS, y César HERRERO POMBO • Directora de Publicaciones: Lourdes BERNAL RIOBÓO • Responsable de Redacción de «El Consultor de los Ayuntamientos»: Silvia BALLESTEROS ARRIBAS • Gestión Servicio de Consultas: Concepción INGLÉS MARTÍNEZ. Muchas gracias!

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