La clave es la firma electrónica (III)

La administración electrónica plantea muchas preguntas, la mayoría ya con respuesta, si bien una de las principales cuestiones, quizá la principal, que se plantea en relación con los funcionarios con habilitación de carácter nacional es la siguiente: ¿desaparece la función de fe pública de los Secretarios? Quien se sienta incómodo, incluso molesto, con la mera formulación de la cuestión no está autorizado para participar en el debate.

Debate que se debe iniciar –y concluir-, como no puede ser de otra manera, dentro del colectivo afectado, que debe llevar la iniciativa y “la voz cantante” en esta cuestión, sin perjuicio de la imprescindible participación de otros colectivos afectados, como los informáticos, los archiveros y en realidad todos los empleados públicos locales de manera directa o indirecta. Incluso colectivos con intereses comunes, como los Notarios, con quienes compartimos la función de fe pública.

¿Cuál es el problema en definitiva que se plantea? Por no repetir ideas que ya expusimos en entradas anteriores homónimas (consultar primera parte y segunda parte), obviaremos los matices y nos limitaremos a insistir en que del mismo modo que el antiguo concepto firma se divide en varios subconceptos con la firma electrónica –nos gusta más la expresión identificación o validación electrónica-, la clásica función de fe pública se ve absorbida, incluso diluida, por algunas de las herramientas jurídico técnicas que facilitan la gestión electrónica de expedientes. La mayoría de estas herramientas son automáticas (“nos sustituyen”) pero cabe asumirlo con normalidad y asegurar, eso sí, un núcleo duro de la fe pública local que no puede ejercer ninguna persona o herramienta en el mundo distinta de un secretario. Se trata de salvar esta función de la obsolescencia. Los notarios se hallan en la misma tesitura, pero como colectivo cabe reconocer que siempre han ido uno o dos pasos por delante de los Secretarios en esta cuestión. Cierto es que ellos viven de la fe pública y para nosotros es una más de nuestras funciones, pero tampoco nos interesa perder importancia relativa o estratégica en el sistema… O mejor dicho, al sistema no le interesa que perdamos importancia, máxime cuando los discursos políticos –hasta el Real– señalan la corrupción y la desviación de poder como el problema principal de España, junto con el paro. Precisamente la administración electrónica se erige como el principal remedio ante esta enfermedad. Pero esto es a nivel técnico. A nivel “humano” ningún otro funcionario se identifica más con la legalidad en un Ayuntamiento como el Secretario o Secretario-Interventor (por supuesto también los Interventores). La fe pública significa que el documento o acto sobre el que damos fe tiene presunción de veracidad -existe un debate abierto sobre si la presunción se extiende a la legalidad-. En esto consiste la fehaciencia, la cual se apoya en la total objetividad e independencia de quien tiene atribuida legalmente la función de dar fe, a quien se exige una rectitud de juicio que se eleva incluso por encima de la del resto de los funcionarios, los cuales ya de por sí están totalmente impregnados por estos principios. Según el diccionario de la RAE fehaciente es “fidedigno, que da testimonio de la certeza de algo”, y como sinónimos aparecen los términos irrefutable, evidente, cierto, fidedigno, indiscutible, irrebatible, y obvio. 

No todos los Secretarios deben aprender como funciona un acelerador de partículas, pero sí todos deben formarse en tecnología aplicada a las AAPP
No todos los Secretarios deben aprender cómo funciona un acelerador de partículas, pero sí todos deben formarse en tecnología aplicada a las AAPP

Es sin duda fidedigno, cierto y obvio (no vamos a decir irrefutable), que un certificado de empadronamiento emitido automáticamente por el programa –a requerimiento (presencial o electrónico) de un ciudadano a quien la Comisaría le pide este documento para renovarse el DNI-, y que está rubricado por el sello de órgano, da fe de que dicho interesado está empadronado en el municipio. El certificado da fehaciencia de que en el presente lo está, porque en algún momento del pasado hubo un alta y aún no se ha producido la baja. Poco más hay que razonar. Da fe asimismo sobre la dirección exacta y otros datos de carácter personal. En este caso y otros similares no tiene sentido defender a ultranza la firma del Secretario, amparada en una hipotética fe pública de una persona física que sin embargo ahora por razones de eficiencia –y sin merma de un ápice de seguridad jurídica- se genera de forma automatizada. Sin embargo existe, y cabe asegurar, un reducto de fe pública electrónica reservada, reservadísima, a los Secretarios y Secretarios Interventores. Esto se traduciría en un certificado específico de firma personal del secretario vinculado a su persona y a su condición profesional. Este es un tema complejo, incluso más de lo que parece. Tiene que ver con el nuevo Reglamento europeo de identificación electrónica, con la movilidad de los SITAL, con la longevidad de la firma, y con muchas más cosas. Pero sobre todo tiene que ver con la configuración de esta nueva fe pública, que pasa de ser una (“la de siempre”), a muchas (sello de tiempo, sello de órgano, compulsa electrónica…). Algunas de estas nuevas manifestaciones de la fe pública electrónica pertenecen ya al ámbito de la actuación administrativa automatizada, pero otras permanecen en el reducto indelegable de los Secretarios municipales, que de este modo pierden –perdemos- “cantidad” en cuanto a actos en los que debemos ejercer la fe pública, pero ganamos en “calidad”, asumiendo algunos que nadie más en el mundo -ni persona ni máquina- pueden rubricar. Pronto definiremos exactamente los que van a cada grupo.

En consecuencia, la firma electrónica de los Secretarios de Ayuntamiento es especial –no es una firma más, es “la firma” como a-firma mi compañero Eduardo Balaguer-, y es por ello que pensamos que precisa de un certificado especial, al menos de momento –y es que también debe llegar el día en que todo se simplifique y que esto de la administración electrónica deje de tener tanta complejidad práctica, no pocas veces dificultad (para regocijo de sus detractores)-. En esta línea, acabamos de aprobar y tenemos a punto de firmar –yo lo haría electrónicamente- un acuerdo de COSITAL Valencia con la Agencia Certificadora de la Comunidad Valenciana (ACCV) sobre firma electrónica de los secretarios, y lo hacemos aún teniendo en cuenta que el citado Reglamento europeo de identificación electrónica privatiza la función de certificación, por lo que pronto otras entidades privadas –de ámbito por supuesto europeo, no solo estatal- entrarán en competencia con la FNMT, la ANCERT o la propia ACCV. De momento debemos definir en qué consiste en 2015 la firma del Secretario, particularmente por lo que respecta a la función de fe pública, y queremos que al menos una entidad certificadora nos emita un certificado a medida. Lo renovaremos con la periodicidad exigida hasta nuestra jubilación o pérdida de la condición de funcionario, y existe la pequeña duda de si se mantendría en los posibles periodos de excedencia (yo creo que sí).

¿Desaparece pues la función de fe pública de los Secretarios con la administración electrónica?

No, de hecho se refuerza.

Anexo. ArtículoLas funciones y responsabilidades de los Secretarios de Ayuntamiento en la Administración electrónica”

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