A vueltas con la #transparencia

Hemos visto cómo el Portal de transparencia del Gobierno no ha sido muy bien valorado en sus primeros días de vida. Véase el artículo “El Gobierno se abre a la transparencia con trabas y límites”. Muy significativo también el artículo “Siete cosas que no encontrarás en el Portal de Transparencia“, y alguno más incluso más crítico. La verdad es que se pone mucho el acento en la publicidad activa (olvidándose del principio de reutilización), y algunos creen que publicando las retribuciones del Presidente del Gobierno ya se es transparente, máxime cuando dichos emolumentos no son, ciertamente, demasiado elevados. Pero la transparencia consiste en dar todas las facilidades para que la ciudadanía acceda a aquella información que en principio un Gobierno no publica, que algunos no darían ni ebrios, y de la que acaso no se puede presumir. En este sentido, parece ser que casi todos los críticos coincidimos en que una de las peores cosas es la exigencia de certificado de firma electrónica para el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Y pensemos que se exige en un mundo en el que cualquier ciudadano puede presentar una queja a una institución en ese nuevo buzón de reclamaciones llamado Twitter, y hacerlo desde su cuenta personal (la cual puede dar o no cierta idea de su identidad, nunca fehaciencia), generando además sin duda el derecho a una acción en positivo de la administración o al menos a una respuesta (obviamente salvo casos de crítica destructiva, injurias y otras muestras de mala educación).

Tiene a su disposición, a través de estas páginas, la posibilidad de ejercer este derecho, que tiene como límites las cuestiones que puedan afectar a la seguridad nacional y similares.

Pinchando en el enlace que aparece a continuación, se le redirigirá al sistema cl@ve, que le ofrecerá diversas maneras de comunicarse con las administraciones públicas. (eDni u otro certificado, cl@ve PIN, cl@ve permanente y Ciudadanos UE).

Una vez seleccionada su manera de identificación, tendrá a disposición un formulario donde podrá indicar la información que solicita. Desde estas mismas páginas, podrá acceder a consultar el estado de sus solicitudes, así como relacionarse con la administración, en el caso de que existan requerimientos o intercambios de información con usted necesarios para que se consiga satisfacer su consulta.

Por último, también a través de esta vía, en el apartado de notificaciones, tendrá a su disposición los resultados de las peticiones realizadas. A todas estas opciones podrá acceder una vez que se haya identificado (fuente transparencia.gob.es). 

Vemos por tanto como en el Portal de transparencia del Gobierno, a los ciudadanos que deseen formular preguntas a las administraciones se les exigirá identificarse mediante un DNI electrónico o mediante una clave personal. Ni que decir tiene recordar la manera estrepitosa en la que ha fracasado el eDNI (¿usted lo tiene? ok, sí, pero ¿lo usa?) Como recuerda la citada fuente (www.civio.es), este sistema, que ha ocasionado problemas por ejemplo en la declaración del IVA, supone un obstáculo al ejercicio del derecho a la información. De hecho, como recuerda el propio Consejo General del Poder Judicial (que no va a exigir esos sistemas de identificación), el acceso a la información “es un derecho fundamental de carácter universal en cuya garantía priman las obligaciones de transparencia de los poderes públicos frente a cualquier requisito impuesto al ciudadano que solicita el acceso”. Comparto la opinión de que este Portal de transparencia del CGPJ  es infinitamente mejor y, valga la obviedad, más transparente (accesible, interoperable, utilizable y reutilizable). Y también comparto la opinión de que el derecho de acceso es un derecho fundamental, aunque ahora venga un j(p)urista a decirme que no aparece en el Título I de la Constitución. Un grupo de amigos ya demostramos que lo era. A aquel estudio me remito.

"Implantación práctica de la ley de transparencia en los Ayuntamientos"
“Implantación práctica de la ley de transparencia en los Ayuntamientos”

Desde mi punto de vista, cuando ya acaba este primer año de obsesión por la transparencia (nos queda 2015 que será igual o seguramente peor), cierto es que ni la Ley ni el Portal del Estado son demasiado buenos, porque para buenos, por ejemplo, la Ley Navarra (el silencio es positivo) y el citado portal del CGPJ (como hemos indicado no exige certificado para ejercer el derecho de acceso a la información). Pero cierto es también que al menos tenemos Ley y portal de transparencia. No cumplen exactamente a su finalidad -que es el gobierno abierto, no lo perdamos de vista- pero como son instrumentos vivos (sobre todo el portal) y como rectificar es de sabios estamos seguros que España pronto será un país más transparente. El propio portal recabará las opiniones negativas de los ciudadanos sobre sí mismo, las atenderá, mejorará (¿?), y ese será un buen momento para ponerle un aprobado o un suspenso. De modo que estamos seguros de que la cosa va a mejorar… Lo estamos o al menos queremos estarlo, si bien falta ese salto cualitativo (mucho mejor que una ley y un portal) que se llama interiorización de la ética.

En el reciente #CongresoCOSITAL2014 participamos en la mesa redonda sobre Secretarios y Ley de transparencia y en la entrevista posterior valoramos el impacto de la Ley en las AAPP, a nivel institucional, y en los responsables públicos, a nivel político, profesional e incluso personal. Como se puede comprobar, opinamos que lo que realmente importa es la interiorización de la ética  –y lo mismo dijimos, aproximadamente, en esta Jornada sobre transparencia y datos abiertos celebrada en octubre y de forma muy clara, clarísma, en “Control de la legalidad, pero sobre todo interiorización de la ética” (publicado el pasado 9 de diciembre en nuestra sección digital de Levante EMV)-.

Por otra parte, tanto en la Ley como en el discurso político quizá están demasiado adheridos los conceptos transparencia y buen gobierno, en gran medida por el problema de la corrupción. Está claro que son conceptos allegados pero no sinónimos. Es por ello que en la Comisión de modernización de la FEMP primero abordamos la redacción de la Ordenanza de transparencia  y ahora estamos coordinando y redactando el nuevo Código de Buen Gobierno. Ya adelanto que un servidor mismo va a abordar un apartado sin precedentes sobre las relaciones internas entre las personas al servicio de la administración local, a fin de que no haya conflictos, por ejemplo, entre Alcaldes e Interventores. Para ello vamos a introducir el sometimiento voluntario a un procedimiento de mediación previo a cualquier expediente disciplinario. Mi idea, llámenme iluso, es que todos nos llevemos bien (ver minutos finales de esta intervención), como no puede ser de otra manera entre marineros que reman en el mismo barco (y hacia un único puerto). No tengo duda de que en un marco de buenas relaciones personales, principios como la legalidad, la transparencia y la eficiencia se cumplen infinitamente mejor (salvo que todas las personas de una organización sean extremadamente corruptas y estén “en el ajo”, pero eso nunca es así).

Por rematar con algunas ideas finales, en el citado artículo de Levante EMV indicábamos:

Estando como está bastante enferma la administración –con honrosas excepciones- quizá nos centramos demasiado en la medicina reactiva frente a la preventiva. Dicho de otro modo, solo un gran médico puede curar un cáncer de pulmón, pero si no fumamos es posible que no haya nada que curar. Sé que la anterior frase es susceptible de matizaciones, pero creo que se entiende perfectamente.Personalmente creo mucho más en el Derecho Natural que en el Derecho positivo, aún reconociendo que este es evidentemente necesario. Tirando de archivo, se puede comprobar que hemos dado muchas muestras de esta tendencia (ver), si bien en este caso queremos relacionarlo con la dificultad en el ejercicio de las funciones de control de la legalidad por parte de los funcionarios de perfil técnico y/o directivo encargados de fiscalizar la licitud y economía de los actos administrativos.

…En definitiva, habida cuenta, no ya del enorme problema de la corrupción, sino simplemente de la mala gestión “bienintencionada”, diríase que poco hay que hacer, a posteriori, cuando ya se ha prevaricado, malversado, o simplemente despilfarrado. Poco, salvo acudir al poder judicial para que imponga responsabilidades. Hay muchas normas pero todas se incumplen. En un sistema hiperpositivizado la interiorización de la ética debe triunfar allí donde las leyes –el legislador español es particularmente “activo”- y los “paquetes de medidas” evidentemente fracasan. Sé que esto que digo no es sencillo y que incluso puede parecer muy teórico. No obstante se debe intentar, por ejemplo, situando el año que viene en los “sillones” a las personas adecuadas. Y si nos engañan –no sería la primera vez- los removemos del cargo, no en 2019, porque los tiempos en los que había que aguantar a un gobierno que nadie apoya durante cuatro años ya han pasado o deberían haber pasado a la Historia, sino con ese “invento” aún desconocido por muchos llamado “Open government” o Gobierno abierto. Otra medida imprescindible es que los directivos públicos, los funcionarios técnicos, “los que saben” (dicho sea con todos los respetos) participen muy activamente y estén plenamente involucrados en la toma de decisiones (sin perjuicio del principio de oportunidad que corresponde al órgano político y de la legitimidad democrática del mismo) pero, sobre todo, en la ejecución práctica de las políticas públicas. Imposible reparar un proyecto en el que el técnico ha participado e incluso lo ha liderado personalmente. A esto no se le llama tecnocracia, por si lo usted lo está pensando, sino “#eficracia”, que es algo muy distinto. Todo esto estaría muy bien pero sobre todo, y ante todo, pido grandes dosis de ética. Interiorícenla. Practíquenla o váyanse de lo público. Desde la administración se sirve a los intereses generales, no a los particulares. Esto hay que grabárselo a fuego. Cuando los políticos (y los funcionarios, y todo el mundo) sean honrados, poco habrá que controlar.

Por último, en otro reciente artículo publicado en el Blog de espublico, resumidamente señalamos:

En cuanto a transparencia y gobierno abierto: afecta al procedimiento, al archivo, al principio de publicidad, al derecho de participación ciudadana, al derecho de acceso a la información, al servicio público… Dicho claramente: la transparencia es una función de los SITAL, especialmente de los Secretarios. La transparencia es “prima-hermana” de la legalidad: imposible ser legal sin ser transparente, y viceversa (ver alegaciones del Colegio territorial de Valencia a la Ley de transparencia de la CV).

…partiendo de la premisa de que nadie discute a estas alturas que a mayor grado de implantación de los procedimientos electrónicos menor posibilidad “de trampas”, ni mucho menos el papel esencial de los Secretarios, Interventores y Tesoreros en la defensa de la legalidad y la lucha contra la corrupción. Por un silogismo simple, si la administración electrónica es más legal, transparente y eficiente, somos administración electrónica. O mejor dicho, somos personas, pero estamos casados (profesionalmente) con ella. También es un buen momento, como decíamos, para reivindicar las famosas funciones directivas, porque los procesos de cambio en las organizaciones públicas se deben liderar por los habilitados (¿por quién si no?).

Llámenme optimista, pero ya queda menos para que España deje de ser un país corrupto.

Anexo: Documentos de interés

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