Hay que acercar la Administración al ciudadano

La libertad no es otra cosa que aquello que la sociedad tiene el derecho de hacer y el estado no tiene el derecho de impedir (Benjamin Constant)

Ya hemos hablado en bastantes ocasiones de open government y de las bondades de la administración electrónica para los ciudadanos, ambos asuntos relacionados con el acercamiento que propone el título de la entrada, pero hoy hemos hallado interesante abordar otra cuestión: la de simplificar y clarificar el lenguaje administrativo, que de desde luego también es síntoma de transparencia y gobierno abierto. La cuestión a su vez presenta varios aspectos:

– Atención presencial, mediante un lenguaje correcto pero comprensible para el ciudadano, previa empatización con el mismo y teniendo en cuenta su perfil personal e intelectual, su idioma en la medida de lo posible, sus circunstancias, por supuesto su petición, etc…

– Redacción de las contestaciones por escrito a través de un lenguaje claro y limpio, que sin renunciar a la corrección jurídica, técnica y administrativa resulte comprensible para la mayoría de las personas.

– No obstante lo anterior, también resulta interesante educar al gran público, al ciudadano en definitiva, en los conceptos básicos de la jerga administrativa, esos que por mucho que empaticemos no vamos a poder obviar. Es cultura general, que también está muy bien, y desde luego redunda en beneficio del ciudadano para el mejor dominio de sus relaciones jurídico administrativas. En este blog hace tiempo que venimos desarrollando esta labor de divulgación.

Y una buena cosa que divulgar, más bien aclarar porque ciertamente entendemos que para algunos sea un auténtico lío, es la forma y denominación correcta de las contestaciones a los escritos de los ciudadanos y en general de los documentos que emanan del Ayuntamiento (resolución, oficio, notificación, comunicación…). Evidentemente en este caso tanto da que se trate de documentos electrónicos que en papel, pues no se trata de documentos distintos, sino de dos formatos que en este momento admite una misma documentación.

A estos efectos podemos tomar el ROF (Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales) como referencia de partida. Dicha norma, junto con alguna más que iremos incorporando, distingue entre los siguientes escritos procedentes del Ayuntamiento:

  • Comunicaciones (arts. 192.2 y 193). Las que se dirijan a las autoridades serán firmadas por los Presidentes de las Corporaciones, y las demás que den traslado de acuerdos o resoluciones, por el responsable de la Secretaría. En todo caso las comunicaciones entre AAPP se realizarán preferentemente medios electrónicos (art. 27.7 LAESP, Ley de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos). Existe un concepto que podemos explicar otro día, llamado interoperabilidad, que en realidad exigiría que dichas relaciones interadministrativas fueran exclusivamente electrónicas. Esto haría posible la consecución de otro concepto más antiguo y coloquial, el de administración única.
  • Notificaciones (arts. 194; 58 y 59 LRJPAC, Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común; y 28 LAESP).
  • Certificaciones de actos, resoluciones y acuerdos municipales (arts. 204 a 207). Se expedirán por el Secretario. En formato papel por orden del Presidente de la Corporación y con su visto bueno, para significar que el Secretario o funcionario que las expide y autoriza está en el ejercicio del cargo y que su firma es auténtica. En formato electrónico podría prescindirse de tal formalidad, ya que tales extremos los acredita el certificado de firma del Secretario.
  • Ordenanzas y Reglamentos. Los Ayuntamientos tienen potestad reglamentaria, es decir, la posibilidad de aprobar normas de rango inferior a la Ley en materias que son de su competencia. Las hay de muchos tipos: Ordenanzas fiscales, Reglamentos Orgánicos, Reglamentos de Participación ciudadana, Ordenanzas urbanísticas…
  • Contratos y convenios. Los firman las partes que los suscriben, su objeto es variado aunque prácticamente siempre deben satisfacer directa o indirectamente un servicio público, salvo algunos supuestos de contratos patrimoniales. Por supuesto hay diferencias entre contratos y convenios, e infinidad de tipos de contratos. En otro momento puede ser un buen tema para desarrollar.
  • Otros documentos:
    No hay que hacer que el ciudadano se sienta mal
    No hay que hacer que el ciudadano se sienta mal
    • Providencias de trámite (art. 195).
    • Actos de instrucción en un procedimiento sancionador (se dictan por el órgano instructor y se comunican a los presuntos responsables de la infracción que motiva el procedimiento). Son actos de trámite.
    • Copias de documentos o expedientes: se facilita su acceso (presencial o electrónico) o se entregan, bien directamente, bien como documentación anexa de la notificación correspondiente a la resolución que autoriza dicha entrega, conforme a la LRJPAC y la LT (Ley de Transparencia)
    • Informes.
    • Dictámenes. Normalmente el término hace referencia al acuerdo de la Comisión Informativa que se eleva formalmente a su consideración por parte del Pleno. En ocasiones, dentro de los denominados “actos administrativos complejos”, se requiere informe o dictamen de una Administración dentro de un expediente que afecta a varias de ellas. No es infrecuente que en expedientes municipales deban dictaminar órganos de otras Administraciones Públicas. Los procedimientos urbanísticos y de licencias ambientales muestran varios ejemplos al respecto.
    • Resoluciones. Las resoluciones de los órganos de gobierno municipales (Decretos o Resoluciones de los órganos unipersonales y Acuerdos de los órganos colegiados) no emanan tal cual de las dependencias administrativas. La forma de comunicarlos es a través de las notificaciones y las certificaciones, a las cuales ya nos hemos referido, sin embargo pueden ser documentos a los que acceder.
    • Actas. Son resúmenes de las sesiones de los órganos colegiados municipales (Pleno, Comisiones Informativas, Mesas de contratación…) que redacta el Secretario o Secretaria en el ejercicio de su función de fe pública y para la fehaciencia de los acuerdos adoptados y la propia realización de la sesión. En una fase más avanzada se utilizan las vídeoactas.
    • Recursos. En este caso no se trata de un documento que emane de la Administración, sino de una persona (física o jurídica) interesada en un expediente cuya resolución final (en ocasiones un acto de trámite) no le parece ajustada a Derecho, extremo que evidentemente tendrá que acreditar. Se presentarán, según corresponda, bien ante la propia Administración o bien ante el órgano judicial, normalmente de la jurisdicción llamada contencioso administrativa. No cabe confundir con los recursos las reclamaciones, que a su vez pueden ser de distintos tipos (patrimoniales, en materia de consumo, por exacciones indebidas…) y que responden a una finalidad restitutiva o compensatoria en relación a un mal causado al ciudadano del que debe responder o hacer que se responda la Administración.
    • Oficios. La normativa no se suele referir estrictamente al documento denominado oficio, el cual en todo caso hace referencia a los actos de trámite y nunca como un acto finalizador de un expediente.
Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s