Competencia y #eficracia frente a la crisis y los cambios

Ayer era el día de San Valentín, de modo que utilizando un paralelismo con la famosa frase (y título de canción) “Love is in the air“, diríase que la confusión también está en el aire, en ese aire que se respira dentro de esas administraciones tan sufridas que se denominan Ayuntamientos. En efecto, abrumados (en algunos casos enloquecidos) por la LRSAL, muchos políticos y profesionales olvidan que reman en el mismo barco y que este naufragará sin profesionalización, #eficracia, y mucho sentido común. Yo soy el primero que no está entusiasmado ni con la LRSAL, ni con el “legislador metralleta” (¿cuántas leyes en los últimos dos años?), ni con la pésima técnica legislativa basada en unas transitorias que alargan tanto los plazos como las agonías. Todo eso es criticable, pero veo más crítica que autocrítica últimamente ya que, nos guste o no, lo cierto es que nuestro trabajo cambia y seguramente no nos estamos preparando todo lo que deberíamos para lo que ahora debemos ser y hacer. Y es que la LRSAL no es el único gran cambio legal. Como dijimos en “Las funciones y responsabilidades de los Secretarios de Ayuntamiento en la administración electrónica” (lea el artículo completo), la factura electrónica será obligatoria en 2015, la contratación electrónica en 2018. La LAESP debía implantarse antes de 31 de enero de 2009 y en caso de resultar imposible, debíamos tener elaborado un Plan de Implantación antes de septiembre de 2011. En cuanto a los Esquemas Nacionales, precisamente el plazo de implantación ha concluido en enero de 2014 y todavía escucho la pregunta ¿qué es el ENS? En fin, lo explicaremos las veces que haga falta, y por supuesto más vale tarde que nunca.

Todo esto en cuanto a obligaciones legales. Si hablamos de obligaciones sociales, y debemos hacerlo, no podríamos detenernos en las exigencias y plazos que marca la Ley, sino que deberíamos estudiar, incluso con más interés y preocupación, los conceptos de transparencia y Open Government, como exigencias reales de la sociedad a la administración, fundamentalmente la municipal por ser la más próxima al ciudadano. Otro “régimen transitorio” o plazo que por cierto parece un mal chiste es el que establece la propia Ley de transparencia para su entrada en vigor en las CCAA y EELL: diciembre de 2015. Se perciben “sensaciones encontradas”, siendo por un lado muy políticamente correcto la exaltación de la transparencia, y por otro muy incómodos sus efectos. Desde luego si yo fuera corrupto no estaría a favor de la transparencia, eso es evidente. Vistos esos dos años de “hacerse a la idea” y con procesos electorales por medio, también parece como si alguien quisiera “endosar” la transparencia al siguiente gobierno (“a los que vienen después”). Que sean transparentes otros, yo no…

Pero en realidad da lo mismo lo que diga la Ley y qué plazos exija para que los trámites sean electrónicos, para que la contratación sea legal y eficiente o para que los datos sean abiertos, porque ocurre que el ciudadano no solo tiene un perfil participativo y tecnológico sino que además no está muy contento últimamente con la Administración y ha elevado mucho el nivel de exigencia con lo público, empezando por la atención ciudadana. Dejando a un lado los políticos, quienes por supuesto también deben ponerse las pilas, la reflexión que debe hacer un funcionario es que si nuestro colectivo, nosotros, somos y queremos seguir siendo buenos empleados públicos debemos estar a la altura de las circunstancias. Ser profesionales. Los mejores profesionales que podamos ser.

Mitad exageración mitad real...
Mitad exageración mitad real…

Parece una redundancia, pero para recuperar la fe en los empleados públicos profesionales debemos ser (y parecer) empleados públicos profesionales. Nos pide el EBEP objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, entre otras cosas… Parece complicado discutir cada uno de estos principios por separado, los cuales evidentemente suscribo al pie de la letra, pero leyendo rápido y de una sola vez la oración anterior da la sensación de que los empleados públicos en España deberían ser perfectos, según la Ley. Nadie pide eso, pero sí dar el 100% todos los días. Y para ser dedicados, transparentes, ejemplares o austeros, para ser en definitiva buenos profesionales, se precisan en este momento nuevas actitudes pero también aptitudes (así lo dice la definición de administración electrónica), conocimientos no ya solo informáticos y teóricos, que también, sino otros hasta ahora prácticamente inéditos como las técnicas de motivación, comunicación y negociación; la psicología organizacional y social; y todo un listado de anglicismos: open government, e-goverment, e-procurement, bechmarking, nudge, community manager, coaching, branding, smart city… Y en un ámbito más “de directivo público” la planificación, el team leadership, el team management y algún otro anglicismo más que podríamos añadir. Pero para ello hay que formarse, informarse y motivarse con el objetivo de reconvertirse o incluso reinventarse por completo. Al final todo pasa por encajar lo mejor posible en la nueva administración: la electrónica, encaje que en un sentido amplio supondría:

  • Adaptación de los funcionarios: hablábamos de reconversión. En los últimos años ha quedado claro que cuando un elemento del sistema deviene obsoleto el propio sistema lo elimina. Por supuesto no es nuestro caso pero cabe asegurar por todos los medios que no lo sea ni lo acabe siendo. Debemos estudiar gestión, informática, inglés, hasta sociología… Y por supuesto Derecho, pero el nuevo Derecho, el de las TIC; y las nuevas normas, las de administración electrónica, Gobierno abierto, licitación electrónica…; y nuevas figuras jurídicas, como las modernas fórmulas de colaboración público privada. Debemos aprender materias que ni en la carrera ni en la oposición conocíamos, acaso porque ni existían. Nuestro nuevo rol, no solo directivo sino “directivo en la época de la revolución sociotecnológica”, exige esta nueva preparación.
  • Adaptación de las funciones: nadie duda de que el personal subalterno dejará en breve de hacer fotocopias, poner sellos o trasladar expedientes de 18 kg de un departamento a otro, sin embargo pueden ser igual o seguramente más útiles al sistema desarrollando otras tareas que además son mucho más interesantes para ellos. En cuanto al colectivo que represento, independientemente de las nuevas (¿?) funciones directivas, nadie duda, y la reciente reforma del régimen local en parte lo subraya, del mantenimiento de las funciones clásicas de los habilitados nacionales, pero estamos con MARTÍNEZ VILA cuando exige una clarificación al respecto:

A la vista de lo expuesto creemos que resultaría muy conveniente instar al Ministerio correspondiente a que impulse las modificaciones normativas necesarias para que se clarifiquen nuestras funciones en este punto, adecuándolas a las nuevas realidades y reforzando nuestras competencias de fiscalización de la legalidad de los diferentes acuerdos y resoluciones municipales. En tanto eso sucede siempre cabe que, previo informe favorable del titular de la Secretaría, cada Entidad Local, y dentro de sus facultades de autoorganización, se regule esta cuestión, a través del correspondiente Reglamento Orgánico, adaptándola a sus especiales características.

Y es que si hablamos de Ayuntamientos y de empleados públicos de los Ayuntamientos, los primeros que debemos asumir, hacer y provocar aquellas adaptaciones somos los de nuevo “habilitados de carácter nacional” (mejor “Secretarios, Interventores y Tesoreros de carrera”). Valgan como botón de muestra las cuestiones que dejamos planteadas en el estudio “La administración electrónica y el gobierno abierto en la LRSAL” (número especial de El Consultor, monográfico sobre la LRSAL, de inminente salida): ¿Cómo afecta al ejercicio de la función de la fe pública la generalización de la firma electrónica? En concreto ¿es necesaria la firma de la Secretaría Municipal en las resoluciones de la Alcaldía? ¿Cómo hacer el cambio al “archivo electrónico”? ¿Cómo aplicar en el Ayuntamiento la LOPD, el ENS y la Estrategia de Ciberseguridad Nacional al mismo tiempo a fin de garantizar en su gestión administrativa electrónica el adecuado nivel de seguridad y resiliencia? ¿Qué tipo de consentimiento se precisa del interesado para tramitar en su nombre la obtención de documentos ante otras AAPP que aquél no tiene la obligación de volver a presentar? ¿Es posible cuasi-imponer la gestión tributaria electrónica a las personas físicas utilizando un modelo de eficacia demostrada como el de la AEAT? ¿Cómo se aperturan las plicas en un procedimiento de licitación electrónica? ¿Cómo se realiza una subasta electrónica? ¿Cómo se “convence” a los proveedores de que facturen electrónicamente? ¿Qué tenemos que hacer en un Ayuntamiento para aplicar efectivamente la Ley de Transparencia? ¿Por qué no unifican las distintas instancias “supramunicipales” –Tribunal de Cuentas, Ministerio de Hacienda, órganos equivalentes autonómicos…- las plataformas o simplemente comparten la información requerida a las Intervenciones locales a fin de facilitar y no cuadruplicar el envío? Si usted es Secretario, Interventor, Tesorero o Técnico municipal y no se encuentra mínimamente preocupado por todas o al menos alguna de las cuestiones arriba referidas, quizá practique el negacionismo que tanto daño puede hacer a los empleados públicos, particularmente a un colectivo de funcionarios públicos locales que tiene 202 años de vida.

“No son los más fuertes ni los más inteligentes los que sobreviven, sino los que mejor se adaptan a los cambios” (Charles Darwin)

Pero entre tanto se disipan todas estas dudas iustecnológicas debemos tomar las riendas de la parte más organizativa de la administración electrónica, esa tan importante, quizá más, que la informática, y ejercer un liderazgo que ha brillado por su ausencia en las Entidades Locales españolas, lo cual ha perjudicado claramente la gestión. Cabe reivindicar con fuerza las aludidas funciones directivas, algo que en su máxima expresión daba lugar a la #eficracia, término que acuñamos hace ya un tiempo y que se puede definir, muy coloquialmente eso sí, como el gobierno de los legitimados por las urnas, controlados pero ayudados en un ambiente de buena sintonía en pos del interés general, por quienes más saben. Una definición muy similar, aunque más trabajada, sería la siguiente:

“Forma de gobierno o de gestión pública que busca la eficacia y la eficiencia sin descuidar la democracia. Se basa en la acción conjunta de los legitimados por las urnas como máximos decisores públicos, que no obstante se encuentran controlados pero ayudados -en un ambiente de buena sintonía y en pos del interés general- por quienes se han formado específicamente en la gestión técnica pública y además son funcionarios de carrera objetivos e independientes”.

No pretendemos ofender a nadie, pero se habla mucho de la corrupción, y desde luego es un gran problema, olvidando que la inaptitud (o ineptitud, por una letra no vamos a discutir) no se queda atrás como tara del sistema. Para gestionar “lo público” ya no basta con ser una “buena persona” o ponerle buena voluntad, y que conste que partimos de la base de que esto es indispensable (no el ser Teresa de Calcuta pero sí tener interiorizado un fuerte Código ético, incluida la “vocación de servicio público” y la “lealtad institucional”). Hace diez años la gente se conformaba con que el político no robase, o incluso que “robase poco”. Ahora ya no hay pastel que repartir. Ahora, además, habrá que estar preparado. Los colectivos COSITAL y UDITE lo estamos (y por supuesto también el resto de funcionarios). Es el momento de reivindicar nuestra legitimación para tomar las riendas de forma compartida con los a su vez legitimados por la democracia. “Compartida” pero un peldaño por debajo, para que los seducidos por el poder no se pongan a la defensiva, o simplemente, para los puristas, para que aquélla democracia no sea sustituida por esa fría tecnocracia que tampoco ha sido un éxito allí donde se ha querido probar. Hoy hemos hablado más de Secretarios, pero también Interventores y Tesoreros están llamados a ser muy importantes en las políticas públicas municipales presentes y futuras. Hablamos de una importancia muy superior a la que teníamos como jefes de personal (antaño), o como fedatarios o fiscalizadores. Respecto de esta última función, no solo no se pierde con el ejercicio de las funciones directivas, sino que, estando íntimamente relacionada, se refuerza.

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