«Teletrabajo» y «tele-reuniones» en la administración local: más bien en contra

Concepto y marco legal del teletrabajo.

El teletrabajo puede definirse como una «forma de organización y/o ejecución del trabajo realizado en gran parte o principalmente a distancia, mediante el uso intensivo de las técnicas informáticas y/o de telecomunicación y bajo esta óptica lo debemos analizar, pero no olvidemos que alrededor de este concepto se deben abrir otros horizontes de mayor calado e importancia sociocultural» (DAVARA RODRÍGUEZ, M.A., “Un acercamiento al teletrabajo”, en El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 5/2009, pág. 765, LA LEY 8982/2009). Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo define como la forma de trabajo efectuada en un lugar alejado de la oficina central o del centro de producción y que implica una nueva tecnología que permite la separación y facilita la comunicación.

teletrabajo
En algunos casos concretos el teletrabajo es una gran herramienta

Estimamos interesante analizar la aplicabilidad de la figura en el ámbito de la Administración Local. Por lo demás la misma goza de un notable respaldo legal. Sobre todo, en nuestro caso, de acuerdo con la Disposición final sexta, de la Ley 11/2007, «habilitación para la regulación del teletrabajo», que es más bien un mandato imperativo para regular las condiciones del teletrabajo en la Administración General del Estado, y la Orden APU/1981/2006, de 21 de junio, del Ministerio de Administraciones Públicas por la que se promueve la implantación de programas piloto de teletrabajo en los departamentos ministeriales. A nivel europeo destaca el Acuerdo marco Europeo sobre Teletrabajo, firmado el 16 de julio de 2002 en Bruselas.

Precisamente, la citada Orden 1981/2006, del Ministerio de Administraciones Públicas, bajo el epígrafe de «definición del teletrabajo» señala que, a los efectos de la Orden, se entenderá por teletrabajo toda modalidad de prestación de servicios de carácter no presencial en virtud de la cual un empleado de la Administración General del Estado puede desarrollar parte de su jornada laboral mediante el uso de medios telemáticos desde su propio domicilio, siempre que las necesidades del servicio lo permitan y en el marco de la política de conciliación de la vida personal y familiar y laboral de los empleados públicos. A mayor abundamiento, tomando como base esta norma —aplicable, en principio, únicamente en el ámbito de la AGE— podemos destacar los siguientes aspectos:

1.º TIC y conciliación de la vida personal y laboral. Según la Orden, el teletrabajo es una fórmula basada en las tecnologías de la información que posibilita que los empleados de una organización puedan desarrollar total o parcialmente su jornada laboral desde un lugar distinto al de su centro de trabajo. Esta (nueva) forma de organización de la prestación laboral puede suponer importantes beneficios, tanto para la organización, al exigir la identificación de objetivos y la evaluación del grado de su cumplimiento, como para los propios empleados que, al poder desempeñar parcialmente su trabajo desde su domicilio, ven aumentadas sus posibilidades de conciliación del desarrollo profesional con su vida personal y laboral.

2.º Plan Concilia. La norma estatal se aprobó dentro del marco del Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, se aprobó el Plan Concilia que, entre otros compromisos, prevé una serie de medidas para hacer efectiva la conciliación de las responsabilidades profesionales con la vida personal y familiar en el ámbito del empleo público.

3.º Programas piloto de teletrabajo. Los departamentos ministeriales y sus organismos públicos vinculados o dependientes pusieron en marcha programas piloto de teletrabajo, al amparo de la Orden ministerial y del Plan Concilia, con relativo éxito.

4.º Jornada y horarios. Los criterios generales sobre jornada y horarios, contenidos en la Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal civil al servicio de la Administración General del Estado, no fueron de aplicación al personal participante en alguno de los programas piloto de teletrabajo. Es cada programa piloto el que determina, en cada caso, la jornada y horario aplicable a los empleados públicos que participen en el mismo.

5.º Análisis global. Concluidos los programas piloto, los diferentes departamentos y organismos debían elevar al Ministerio de Administraciones Públicas la evaluación de sus resultados, a fin de efectuar un análisis global integrado sobre su implantación.

¿A favor o en contra?

Tanto DAVARA en su citado trabajo, como la web efuncionario.com –Las posibilidades del Teletrabajo en las AAPP-, como la propia Orden del Ministerio de Administraciones Públicas se han encargado, con sólidos argumentos, de defender las ventajas del teletrabajo. Sin embargo no conviene ser sistemáticamente entusiastas en todo aquello referido a las TIC, de modo que en nuestro caso, y al menos por esta vez, nos decantaremos más bien por los inconvenientes (lo cual servirá para dar una visión más global a fin de dar elementos de juicio para que la gente pueda posicionarse). En nuestra opinión, la aplicación generalizada del teletrabajo presenta o podría presentar el siguiente listado de taras para el sistema, la organización y el empleado:

— En la coyuntura económica actual las organizaciones públicas no tienen previsión de aumentar las plantillas, y en algunos casos las reducen — despidos del personal laboral, finalización de interinajes, amortización de plazas por jubilación—. Ello exige tener a todos los que tenemos a pleno rendimiento. Pleno rendimiento que honestamente no pensamos que se consiga fácilmente con el teletrabajo.

— La mayoría de Ayuntamientos de España son «pequeños» y cuentan con plantillas cortas. No parece muy operativo que una organización que cuenta con pocos empleados los tenga dispuestos, además, en la modalidad no presencial.

— Aislamiento social del empleado. Las relaciones humanas son muy importantes en todas las organizaciones y centros de trabajo, pero todos los que trabajamos en ella sabemos que la Administración Local es algo especial en este aspecto, de modo que aún adquieren una mayor relevancia este tipo de relaciones informales particularmente en los Ayuntamientos. El distanciamiento físico puede provocar desintegración, desintonización, desincronización, e incluso ruptura de equipos de trabajo, todo ello en el mejor de los casos, es decir, contando con una buena disposición ética del teletrabajador, pues lo cierto es que se hace más complicado —aunque no imposible— controlar o supervisar su trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que avanzamos hacia la implantación efectiva de los sistemas de evaluación del desempeño.

— Con la llegada de las TIC a la Administración lo que realmente se pretende es que el que pueda quedarse en su casa sea el ciudadano, pero no el trabajador, cuyo trabajo se antoja más eficiente utilizando más los medios simplemente electrónicos que telemáticos.

— A medida que avanza la tecnología se hace más preciso el establecimiento de un marco de hecho y de derecho más proteccionista para con la información confidencial. Trabajar en casa supone, en cierto modo y sin perjuicio de la tendencia “hacia la nube”, trabajar «fuera del sistema», por lo que aumenta la probabilidad de hipotéticos ataques contra la seguridad informática de la información reservada.

Entendemos que todos los expuestos son argumentos de peso que desaconsejan la implantación, digamos masiva, del teletrabajo. Sí lo avalamos, sin duda, como medida para el fomento del empleo de trabajadores discapacitados. En todo caso entiéndase este catálogo de inconvenientes referidos a la generalización del sistema, no de su implantación minoritaria y para casos puntuales que sí pueden o podrían estar justificados, porque de hecho en estos casos beneficia no solo al empleado, sino también a la organización.

Tele-reuniones y telepresencia

Una cuestión relacionada con el teletrabajo es el de las reuniones a distancia. A pesar de lo dispuesto por la LAESP (D.A.1ª), no acabamos de ver la tele-reunión en la Administración Local, al menos a corto plazo, referida a las sesiones formales de los órganos colegiados de gobierno. Un Pleno no presencial podría perder carta de naturaleza, pudiendo ser más o menos discutible si hablamos de la (tele)presencia de algunos concejales que suelen tener menos peso en los debates (aunque el voto cada uno de ellos es importante y puede ser decisivo), mientras que ni que decir tiene que las figuras de las personas que ejerzan las portavocías, la Secretaría y la Presidencia deben hallarse presentes en las sesiones. Respecto de estas figuras, una cosa es la ausencia justificada, que deriva los roles a sus sustitutos naturales (secretario accidental, teniente alcalde…), y otra que la telepresencia provocaría una especie de delegación por conveniencia en dichos sustitutos, mucho más capacitados para ejercer los citados roles por hallarse físicamente presentes. Dicho de otro modo: se produciría una situación rara, y de muy dudosa legalidad, en la que el Alcalde estaría (tele)presente, pero no ejercería de Presidente (¿cómo puede ejercer correctamente su función de dirección y control de la sesión si tiene una visión/audición muy limitada de lo que está ocurriendo?). Por otra parte, aún reconociendo la posibilidad de la telepresencia en los Plenos municipales, cabe imaginar que, admitido este derecho (el de “teleasistir”), si todos los concejales lo ejercieran simultáneamente nos encontraríamos ante un panorama desolador, casi patético, de Pleno desierto, sin concejales (¿y qué va a ver el público presente? ¿sus caras en los monitores?). No es ese el espíritu de una cámara democrática. Y para los demagogos, decir que la Democracia 2.0 es algo muy distinto.

Por otra parte, la aplicación de las TIC respecto de tales sesiones y acuerdos del órgano colegiado se nos antoja mucho más factible, natural y, sin duda, eficiente, por el lado de la convocatoria electrónica y del acta electrónica -en su caso VídeoActa-, que desde el punto de vista de las reuniones a distancia, las cuales no obstante pueden llevarse a cabo, incluso con cierta frecuencia, en relación a reuniones de corte informal, y no digamos ya en materia de formación, cursos y seminarios, en la que la tele-formación es una gran herramienta y una satisfactoria realidad.

Por último, los únicos casos en los que abogamos por la tele-reunión o teleconferencia respecto de reuniones formales con efectos de Derecho, son aquéllos en los que la telepresencia beneficie la economía y la eficiencia del procedimiento, pero sobre todo en relación a la comodidad, los derechos o los intereses de terceras personas ajenas a la Administración, esto es, ciudadanos y empresas. El paradigma de estos supuestos sería el acto de apertura de plicas en un procedimiento de contratación. En estos casos, el propio VídeoActa sirve también como herramienta para la retransmisión de un acto que es público, y en el que las empresas más lejanas a la ubicación geográfica del poder adjudicador pueden teleasistir ahorrando mucho tiempo y dinero. Detalles como este, por cierto, reactivan la economía, porque provocan que la contratación pública no sea un coto cerrado de unas pocas empresas y por el contrario “se animen” a licitar otras que por la distancia o el tamaño (PYMES), o las dos cosas, antes no se presentaban al resultarles gravosa la mera participación en el procedimiento.

En definitiva, teletrabajo y tele-reuniones, ni sí ni no, sino DEPENDE (con cierta tendencia hacia el “no”). Y el “depende” no es una respuesta a la gallega, sino simplemente la consecuencia de un análisis que da como resultado la conclusión de que no se pueden admitir criterios únicos o idénticos para cuestiones totalmente diferentes, ya que, por un lado, son situaciones muy distintas las de una trabajadora en los últimos días de un embarazo, un empleado de la Oficina de Atención Ciudadana, un jardinero, y un administrativo tetrapléjico; y por otro, una cosa es un Pleno municipal, otra un acto de apertura de plicas, otra un curso de formación, y otra una videoconferencia de cinco minutos con un Alcalde que ese día está en Madrid porque ha ido a una reunión de la FEMP.

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3 thoughts on “«Teletrabajo» y «tele-reuniones» en la administración local: más bien en contra

  1. Hola Víctor, pongamos que es la Secretaría, el puesto que durante un par de días a la semana se va a desempeñar como tele-trabajo; yo creo que no habría mayor objeción que adaptar la relación de puestos de trabajo y poco más, no?

    Muchas gracias, por anticipado.

    • Hola Guillermo. Por supuesto que se podría hacer, pero en estos temas prefiero ser cauteloso y en vez de dar respuestas genéricas me pronunciaría más bien tras analizar el caso concreto (hay Secretarías y Secretarías, hay Secretarios y Secretarios, y por supuesto hay Ayuntamientos y Ayuntamientos…).

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