Expedientes municipales: ¿quién solicita y quién emite los informes?

… Y de forma más concreta: ¿Puede un concejal incorporar a un expediente un informe de un asesor (interno o externo)? ¿Puede solicitar informe del Secretario? ¿Los informes son preceptivos? ¿Son vinculantes?

Puede que sea el momento de conocer un poco mejor cómo funciona un Ayuntamiento por dentro, y cómo se tramitan los expedientes (electrónicos o no electrónicos). Trataremos de explicarlo de una forma accesible.

Para empezar huelga decir que en los expedientes tramitados por los Ayuntamientos se incorporarán informes, de manera preceptiva u obligatoria, siempre que lo exija una norma con rango de Ley (y excepcionalmente un reglamento, si bien hay debate al respecto). Tales informes pueden ser jurídicos y/o técnicos (p.ej. la legislación urbanística establece que deben integrarse en los expedientes de licencias de obras un informe técnico y otro jurídico), internos y externos (nos vamos a referir a ello), y emanar de una persona individual (p.ej. arquitecto) o de un órgano colegiado (por ejemplo, el Consejo de Estado), en cuyo caso se suelen denominar dictámenes.

Respondiendo a las preguntas, vaya por delante que la figura del asesor, como tal, no existe en el Régimen Local. Sí contempla no obstante la normativa sobre empleo público la figura del personal eventual, categoría especial de funcionario que presta funciones “de confianza o asesoramiento” (art. 104 LBRL y 12 EBEP). Los “asesores” por tanto entrarían en esta categoría. Su nombramiento corresponde al Alcalde. El concejal debería por tanto elevar la propuesta de nombramiento con un informe sobre la conveniencia de la medida, ya que la creación de nuevas plazas obviamente supone el incremento del Presupuesto de gastos y la correspondiente modificación de la Plantilla, algo que tiene mal encaje en la coyuntura actual por lo que dicha solicitud puede ser, por supuesto, desestimada. Tampoco el Alcalde puede nombrar indiscriminadamente personal de este tipo, sobre todo en los supuestos en los que las funciones a desempeñar que se fijen se solapen o puedan solaparse con las que realizan funcionarios de carrera ya existentes en la Corporación (Secretarios municipales o Técnicos de Administración General). En todo caso, de existir la figura del asesor, cualquier concejal puede solicitarle un informe que, en relación a un expediente, podría ser incorporado al mismo. Nadie niega su utilidad en cuanto a que se trata de un análisis jurídico o técnico que analiza las cuestiones que se suscitan, por lo que sin duda puede arrojar luz en la formación de la voluntad del órgano competente para resolver. Otra cosa es que, en opinión de quien suscribe, este informe es jerárquicamente inferior al del Secretario y/o el del Interventor ya que si bien existe la posibilidad de que esté mejor fundamentado en Derecho, cualquier otro planteamiento de inicio puede ser muy peligroso para el sistema, no por la anteposición de un técnico cualificado sobre otro, sino por la de lo subjetivo sobre lo objetivo.

Por otra parte el Ayuntamiento puede contratar un informe externo cuando entienda que en un asunto especialmente complejo se hace necesaria una opinión en forma de dictamen de un experto que complemente, o incluso excepcionalmente, en algún caso sustituya, el informe de los servicios internos. Según el TRLCSP si el contrato es menor no sería necesario tramitar un expediente (sí retener el gasto), pero pensamos que igualmente debe justificarse y motivarse la adopción de esta medida, en tanto en cuanto supone un gasto adicional y muchas veces imprevisto para las arcas públicas, no pudiendo acudirse con carácter general a la contratación externa si el Ayuntamiento cuenta con los medios para solventar una necesidad, en este caso una necesidad de asesoramiento jurídico y técnico. En definitiva existe la posibilidad, aunque la lógica dice que solo tiene sentido su utilización por parte del equipo de gobierno, máxime si dispone de mayoría, siendo en nuestra opinión discutible que uno o varios grupos de la oposición puedan solicitar un informe externo con recursos del Ayuntamiento, entre otras cosas porque la solicitud de un informe es un contrato, y los órganos de contratación son el Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno local. Sí pueden solicitar los grupos de la oposición a estos órganos de gobierno que a su vez soliciten un informe externo, y también pueden los grupos políticos y sindicatos contratarlo por sus propios medios y utilizarlo como base jurídica o argumental en un debate político o sindical dentro de un órgano colegiado, o bien como apoyo legal para un escrito impugnatorio, como unas alegaciones o un recurso de reposición.

Secretarios, Interventores y Tesoreros
Secretarios, Interventores y Tesoreros

Por otro lado tampoco debemos olvidar la posibilidad de solicitar informes externos a otros órganos e instancias extramunicipales cuya función principal es precisamente la de emisión de dichos informes. La ventaja de esta vía es evidente, por la calidad, la objetividad, la oficialidad, y la gratuidad de los dictámenes. Aconsejamos en este sentido acudir a instancias como la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, la Intervención General del Estado y en todos los casos sus órganos autonómicos equivalentes, sin olvidar por supuesto el servicio de asesoramiento de las Diputaciones, Consejos y Cabildos, entre cuyas funciones principales se encuentra precisamente la de prestar el debido asesoramiento jurídico, económico y técnico a los pequeños y medianos Ayuntamientos. En cuanto a los “no gratuitos”, nos ofrecen confianza los que emanan de los servicios de asesoramiento a municipios-elaboración de informes, de consultoras on line y bases de datos expertas en el asesoramiento de municipios.

Por último, en cuanto al informe del Secretario (y/o del Interventor), entendemos que un solo concejal puede solicitarlo, pero el titular de la Secretaría únicamente estará obligado a realizarlo únicamente en los casos señalados en el artículo 173.1 del ROF:

“Será necesario el informe previo del secretario y además, en su caso, del interventor o de quienes legalmente les sustituyan para la adopción de los siguientes acuerdos:

  1. En aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente de la Corporación o cuando lo solicite un tercio de sus miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubieren de tratarse.
  2. Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial”.

A mayor abundamiento, el hecho de que el citado informe sea preceptivo en los casos enumerados no significa que el informante deba entrar forzosamente en el fondo de todas y cada una de las cuestiones sobre las que se solicita su parecer, ni mucho menos que se informe en el sentido deseado por quienes en ocasiones instrumentalizan políticamente la función de asesoramiento legal.

Por tanto el Secretario debe informar obligatoriamente un expediente cuando lo solicite el Alcalde, o un tercio de los concejales con antelación suficiente a la celebración de la sesión plenaria en la que se resuelva, y también siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija la mayoría especial según el art. 47.2 LBRL. Además del informe, los asuntos de competencia plenaria requieren el dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, sin el cual no pueden ser debatidos, salvo en los supuestos de urgencia. Existen otros órganos colegiados de dictamen en los que precisamente el Secretario es o puede ser uno de sus miembros, como la Mesa de Contratación o incluso alguno de los establecidos en el Título X de la LBRL, aplicable a “Grandes ciudades”. En estos casos su participación se someterá a las reglas de funcionamiento de dichos órganos.

En el resto de casos, los expedientes vendrán informados por el jefe de la dependencia a la que corresponda tramitarlos, normalmente uno o varios técnicos de administración general o especial, dependiendo del expediente y de las exigencias de procedimiento de la normativa sectorial (por ejemplo, urbanística). En todo caso observamos la conveniencia técnica de informar y de presentar una propuesta de resolución sobre la cual debe pronunciarse el órgano, tanto si el acto es reglado como discrecional.

Por último quede claro que el hecho de que el informe sea preceptivo no implica que sea vinculante (ver arts. 82 y 83 LRJPAC), si bien cuando el órgano competente para resolver se aparta del criterio jurídico-técnico observado por el informante deberá motivarlo (art. 54.1.c LRJPAC), lo cual no le resultará sencillo si debe hacerlo, como así es, “con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho”.

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4 thoughts on “Expedientes municipales: ¿quién solicita y quién emite los informes?

  1. Solo una observación: el informe técnico urbanístico sólo lo puede aportar un funcionarios competente y habilitado. Cualquier otro informe sólo puede allegarse a ese tecnico o a su oficina y nunca al órgano que debe de resolver.

  2. Una pregunta a todo esto, para un expediente de convocatoria y concesión de subvenciones municipales para entidades culturales por poner un ejemplo para la aprobación de las bases de la convocatoria, si hay informe del técnico económico e informe de fiscalización del interventor, es necesario también informe jurídico? está regulado que ha de contener este tipo de expedientes? Alguien podría responderme? muchas gracias

  3. Una unidad administrativa de una administración local, competente para resolver autorizaciones, pongamos por ejemplo, eventos deportivos. Ese departamento, por Decreto y de manera provisional, tiene asignado a un funcionario como Jefe de Unidad.

    Cuando el Jefe de Unidad está presente, (es decir, está en la oficina, en activo) es él quien emite y firma las Propuestas de Resolución y rubrica posteriormente, las Certificaciones. Esto parece lógico a la vista de los artículos 172, 175 y 205 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF)

    Mi duda surge cuando el Jefe de Unidad está ausente. Esa Unidad ha entendido que, en su ausencia, cada técnico debe (carácter obligatorio para cada técnico de la unidad que emite informes técnicos) de realizar informes-propuestas de resolución y rubricar las certificaciones, y que no hace falta asignar (por Decreto) funciones temporales a ningún funcionario (o laboral, porque hay técnicos del grupo A1 funcionarios y laborales), bastando una orden verbal.

    De hecho, ante la negativa de algún técnico, se emite Providencia de la Consejera en donde se recuerda a los técnicos que, “los informes, para resolver los expedientes, se redactarán en forma de propuestas de resolución y en ausencia de la Jefatura de Unidad, se elevarán directamente dichas propuestas a ese Consejero.”

    Posteriormente, se publica en la red interna una nota del Presidente de la Corporación en la que se recuerda la obligación de rubricar las certificaciones “por parte de quienes hayan emitido el preceptivo informe-propuesta de resolución a que se refiere el art. 175 del ROF”, en ausencia de Jefe de unidad o en ausencia de quien reglamentariamente le sustituya”. Es decir, que no hace falta asignar a ningún Jefe de Unidad cuando éste se ausenta, (o al menos delegar las firmas)

    De alguna manera se ha impuesto el hábito adquirido desde hace unos años, de “obligar” a los técnicos a emitir informes-propuestas de resolución y rubricar certificaciones, cada vez que el Jefe está ausente (por días libres, por vacaciones o enfermedad), tareas que entiendo, están asignadas a la Jefatura de Unidad.

    Me gustaría saber qué opinan ustedes.

    Gracias.

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